▲ Molestos, padres y madres de los estudiantes deploraron la falta de condiciones para manifestarse.Foto Jair Cabrera
Jessica Xantomila y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 13 de junio de 2026, p. 4
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 concluyeron ayer su jornada de lucha con la denuncia de que en la semana no tuvieron las “condiciones” para manifestarse en la Ciudad de México y hacer escuchar su voz. Lo anterior, por el operativo de revisión que autoridades federales y capitalinas realizaron en la caseta de Tlalpan, que no permitió el avance, sin previa revisión, de los autobuses que trasladaron diariamente a los estudiantes de esa escuela normal rural de Guerrero.
En el Antimonumento +43, en Paseo de la Reforma, afirmaron que desde el lunes pasado “nos topamos con ese cerco policiaco” en la caseta, y ante la ausencia de los estudiantes tuvieron que cancelar la mayoría de sus movilizaciones.
Incluso ayer suspendieron una mesa de diálogo que sostendrían en la Secretaría de Gobernación (SG) y cancelaron un mitin afuera de la dependencia federal, porque “de igual manera no dejaron pasar los 17 autobuses en que se trasladaban los compañeros”.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos expusieron que para la mesa de diálogo habían citado a los titulares de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Nos regresamos (a Guerrero) sin que ello signifique que abandonamos el movimiento”, aseguraron y adelantaron que se reorganizarán para volver a la ciudad.
Visiblemente molestos, reiteraron que son ya casi 12 años desde la desaparición de sus hijos. En este tiempo, ahondaron, han muerto siete madres y padres.
Hilda Leguideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, reiteró las demandas: que la FGR avance en las líneas de investigación, porque “desde 2024 fueron abandonadas, no se han vuelto a retomar ni se explica si se explorarán otras”.
Asimismo, la extradición de funcionarios prófugos como Tomás Zeron de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como juez de Barandilla de Iguala.
“No criminalizar” al movimiento, exigen
Los familiares también demandaron a la SG “la no criminalización y represión de nuestro movimiento, que tiene demandas legítimas por la vida de nuestros hijos”.
En este sentido, solicitaron que “ni a los padres de los 43 ni a los estudiantes se les abran investigaciones penales por las recientes protestas, ya que nuestras demandas son legítimas, luchamos por preservar la vida de nuestros hijos y queremos verdad y justicia”.
María Concepción Tlatempa, madre de Jesús Jovany Rodríguez, aseguró: “mientras no lleguemos a la verdad, vamos a seguir aquí gritando por las calles… el gobierno mismo lo aceptó, que fue un crimen de Estado”.
Defendió que las familias nunca han permitido que “nos revisen los carros porque no somos delincuentes”. A su vez, Mario González, padre de César Manuel, dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum: “no se equivoque, que de este lado no están los criminales”.
