▲ Auditorías han detectado cargamentos ilícitos de combustibles.Foto La Jornada
Dora Villanueva
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de julio de 2026, p. 15
En un año, desde que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una primera alerta para que su sistema financiero diera seguimiento a actividades vinculadas con el contrabando de combustibles hacia México –también conocido como huachicol fiscal– por parte de cárteles de la droga, se reportaron más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa relacionada con estos esquemas, de acuerdo con esta agencia del Departamento del Tesoro estadunidense.
A la par, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Tesoro, ha aplicado sanciones a más de 13 personas y 29 empresas por esquemas de contrabando de combustible y petróleo, destacó la FinCEN, en una alerta en la que actualiza a los bancos y otros participantes de su sistema financiero sobre los indicios de lavado de dinero de huachicol fiscal de Estados Unidos a México.
En mayo de 2025, la FinCEN apuntó que el contrabando y el robo tradicional de combustible y petróleo se han convertido, en conjunto, en la fuente de ingresos ilícitos no relacionados con el narcotráfico más importante para los cárteles de la droga, y, según informes citados, entre una cuarta parte y un tercio del combustible vendido en México podría ser ilícito.
FinCEN aseguró que los cárteles utilizan cada vez más estas ganancias ilícitas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, “con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a defender a los cárteles y sus intereses en el país, incluyendo su control del comercio ilícito entre Estados Unidos y México”.
La agencia estadunidense asegura que los cárteles utilizan a los políticos corruptos para controlar puestos administrativos claves en el gobierno con el fin de facilitar el contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias de estos esquemas y otras actividades delictivas.
El mercado binacional de energéticos se cuenta en millones. De acuerdo con lo consignado por la agencia, México exporta más de 400 mil barriles diarios de crudo a refinerías en Estados Unidos e importa casi 2 millones de barriles diarios de combustible refinado, lo que equivale a más de 70 por ciento del consumo de gasolinas y otros refinados de México.
La FinCEN reconoce que el camino del huachicol fiscal arranca en refinerías de Texas, ubicadas en Houston, San Antonio y el Valle del Río Grande; no obstante, según la agencia, son comerciantes estadunidenses cómplices de los cárteles, los que adquieren combustible “legal” y lo desvían a redes de empresas fachadas de transporte y logística bajo control del cártel Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa.
Luego, el combustible se embarca en puertos como el de Houston, Beaumont/Port Arthur y Corpus Christi, o se manda a México mediante camiones o trenes que entran por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con documentos falsos que hacen pasar la carga por “aceites usados”, “lubricantes” o “residuos”, que no deben pagar impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
Ya en México, intermediarios con permisos de comercialización, por parte de la Comisión Nacional de Energía, también usan facturas falsas para blanquear el producto y venderlo a gasolineras.
Al final, el dinero regresa a Estados Unidos mediante transferencias internacionales, activos virtuales o depósitos de efectivo estructurados y se termina de lavar con la compra de bienes raíces, vehículos de lujo, joyas y otros activos financieros, incluso digitales; y en México también se blanquea mediante campañas políticas, según la FinCEN.
En su alerta, la agencia estadunidense asegura que justo las medidas tomadas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar el robo de combustible –como el cierre de oleoductos o la disminución de permisos para importar, que habían explotado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con la liberación del mercado energético– limitaron “severamente el suministro de combustible”.
“Esto resultó en una concentración de actores dentro de la industria mexicana de petróleo y gas natural. Sumado a la significativa diferencia de precios entre el combustible estadunidense y el mexicano debido al IEPS, la situación creó un lucrativo mercado negro para el contrabando de combustible no gravado proveniente de Estados Unidos para satisfacer la demanda en México”, asegura la FinCEN.
