El colectivo Canarias Tiene un Límite ha denunciado públicamente que las intenciones de PSOE, Agrupación Socialista Gomera (ASG), Nueva Canarias y VOX de modificar la Ley de Vivienda Vacacional para rebajar la calificación de esta actividad de “no inocua” a “inocua”, facilitaría la proliferación de nuevas viviendas turísticas en el archipiélago.
Según la plataforma, esta modificación eliminaría requisitos reforzados en materia de ruidos, salubridad, seguridad y tramitación administrativa, lo que permitiría tanto el alta de nuevos alojamientos como la continuidad de otros que actualmente no cumplen con la normativa vigente. El colectivo considera “incomprensible” que distintas formaciones impulsen cambios en una ley que, a su juicio, “aún no ha tenido tiempo suficiente para desplegar efectos reales”.
El colectivo subraya que la norma apenas ha logrado reducir en un millar las viviendas vacacionales registradas, de un total que llegó a superar las 74.000. En este contexto, recuerda que la moratoria a la vivienda vacacional constituye una de las principales demandas sociales en Canarias, con un impacto directo en el acceso a la vivienda al frenar la conversión de inmuebles residenciales en alojamientos turísticos.
“Una actividad turística que se implanta en suelo residencial, que genera molestias y mayor consumo de recursos, debe seguir clasificada como no inocua”, sostienen, que acusa a los partidos de “trabajar mano a mano con el lobby vacacional”, en referencia a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav).
Otras enmiendas polémicas
En paralelo, la plataforma alerta de otras enmiendas que, a su juicio, van en la misma dirección de “desarmar” la ley. Entre ellas, destacan iniciativas de ASG y el Grupo Mixto para blindar la situación de El Hierro, La Gomera y La Palma, permitiendo excepciones para viviendas que no se adapten a la nueva normativa. Otra propuesta plantea ampliar de cinco a diez años el periodo transitorio para la regularización de estos alojamientos en las denominadas Islas Verdes.
A estas medidas se suma la petición del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, de establecer nuevas excepciones para la isla alegando la recuperación tras la erupción volcánica de 2021. Un argumento que CTL cuestiona al señalar que actualmente hay unas 500 viviendas vacacionales más que antes del volcán.
Para la organización, la acumulación de estas iniciativas evidencia un “movimiento coordinado” para vaciar de contenido una ley que, en su opinión, debería reforzar la protección del derecho a la vivienda. Asimismo, advierte de que las Islas Verdes no pueden convertirse en “zonas de sacrificio” con mayor permisividad normativa.
El modelo de Barcelona como horizonte
El colectivo compara la situación de Canarias con otras ciudades como Barcelona, donde el Ayuntamiento ha decidido eliminar todas las licencias de viviendas turísticas antes de noviembre de 2028 para devolver esos inmuebles al mercado residencial. “Mientras otros territorios avanzan en esa dirección, en Canarias se pretende facilitar la actividad que más está expulsando a la población de sus viviendas”, sostienen.
Canarias Tiene Un Límite insta a los partidos implicados a retractarse y reclama al Parlamento de Canarias un compromiso firme con el derecho a la vivienda y la reducción de la presión turística en las islas, que, afirman, “tiene consecuencias ambientales y sociales cada vez más graves”.
Qué dicen Nueva Canarias y PSOE
Para la diputada de Nueva Canarias, Esther González, “el problema no es la vivienda vacacional” y que, en todo momento “estamos hablando de pequeños tenedores”. González, en declaraciones a Canarias Ahora explica que esas viviendas “no se incorporarían al alquiler residencial”. Señala que la clave no es la vivienda vacacional, sino la inseguridad jurídica creada por la ley estatal de vivienda de 2023 y argumenta que muchos propietarios no alquilan “por miedo a impagos y a tener que asumir costes del inquilino vulnerable”. Reconoce que antes era muy crítica con la vivienda vacacional en zonas residenciales, pero dice que cambió de opinión tras revisar datos y sentencias. Ahora sostiene que no es el problema principal del precio del alquiler. La diputada defiende que la vivienda vacacional, especialmente la de pequeños tenedores, “es una actividad inocua si cumple las normas de comunidad, ruido y convivencia” como atestiguan múltiples sentencias.
Por último niega que se esté “haciendo el juego al lobby” de la vivienda. “Ese reproche parte de un diagnóstico falso y de una lectura interesada de las cifrasreales.
Por su parte, el diputado socialista Gustavo Santana recalca que el objeto de debate y enmiendas en este momento es el Proyecto de Ley para la agilización de lincencias urbanístas, a las que el Gobierno y los partidos que lo apoyan presentaron más de veinte enmiendas “y el Partido Socialista ninguna”.
“Nuestra posición es clara, y si en Canarias tenemos un problema de salarios muy bajos y hay propietarios que tienen una o dos y a lo sumo tres viviendas, que no es la mayoría de los casos, si pudieran hacer un uso de la riqueza que genera el turismo buscando como objetivo que esa distribución de la riqueza llegue sobre todo a los más pequeños y que sea un complemento de renta, ¿por qué no?”.
Santana recuerda que con respecto a la Ley de la Vivienda Vacacional su partido ya fijó hace ocho meses su postura: rechazó la ley presentada por el Gobierno y “limitar la explotación de vivienda vacacional a un máximo de tres titulares por vivienda para forzar el paso de grandes tenedores al mercado residencial”.
