Cuando se produce un accidente laboral, surge una cuestión inmediata: si el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización. La respuesta es que no todo accidente sufrido en el trabajo genera, por sí solo, una responsabilidad indemnizatoria adicional para la empresa, el autónomo o la pyme.
Por lo que, para que pueda exigirse una indemnización derivada de un accidente laboral, deben concurrir, tres elementos: la existencia de un incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, la relación causal entre dicho incumplimiento y el accidente, y la existencia de lesiones o daños sufridos por el trabajador.
Esta precisión resulta esencial. No basta con acreditar que el accidente ocurrió durante la jornada de trabajo o en el centro donde se prestaban servicios. Es necesario analizar si existió omisión de medidas preventivas exigibles y si esa omisión fue determinante en la producción del accidente. Por ejemplo, puede existir responsabilidad cuando no se entregan los equipos de protección individual necesarios, cuando no se proporciona formación suficiente y específica, cuando no se evalúan correctamente los riesgos del puesto o cuando los equipos de trabajo no son adecuados o no se encuentran en condiciones seguras, siempre que dichos incumplimientos sean la causa por la que se produce el accidente.
¿Cuándo no hay indemnización?
Ahora bien, también pueden darse supuestos en los que, pese a la gravedad del resultado, no proceda una indemnización. La jurisprudencia ha recordado en numerosas ocasiones que la obligación empresarial de seguridad no equivale a una garantía absoluta frente a cualquier accidente, sino a la adopción de las medidas razonablemente exigibles conforme a la normativa preventiva y a las circunstancias concretas de cada actividad.
Disponer de una evaluación de riesgos genérica, certificados de formación o registros de entrega de equipos de protección es necesario, pero no siempre suficiente. En este sentido, la evaluación de riesgos debe abarcar el lugar de prestación de servicios, las funciones concretas del puesto y los equipos de trabajo utilizados y la formación debe adaptarse a los riesgos específicos de la actividad y no ser limitada.
Uno de los errores más frecuentes consiste en confiar en instrucciones verbales que, llegado el momento, resultan difíciles de acreditar. Si un trabajador no utiliza un equipo obligatorio o realiza una tarea incumpliendo las indicaciones de seguridad, es recomendable dejar constancia escrita de los recordatorios, advertencias o medidas adoptadas. Se trata de poder demostrar que la empresa ha actuado de forma diligente.
También resulta especialmente importante la coordinación de actividades empresariales cuando intervienen subcontratas. El deber de colaboración y coordinación en materia preventiva exige la revisión y conservación de la documentación correspondiente, incluyendo evaluaciones de riesgos, formación, entrega de equipos y certificados necesarios.
Cuando ya se ha producido el accidente, es fundamental mantener una actuación ordenada y rigurosa. Elaborar un informe interno detallado, recoger la declaración de testigos, identificar las causas, conservar fotografías del lugar… puede ser determinante para valorar correctamente la existencia o no de responsabilidad.
Saray Antorán, abogada especializada en Derecho Civil en el despacho Indemnización por accidente
