Después de las críticas de Podemos y del PNV a varios puntos del decreto de vivienda pactado por PSOE y Sumar y cuyo borrador ha hecho correr este miércoles, Junts tiene en su tejado el resto de votos clave. Y tras revisar al texto, han emitido un veredicto negativo: “si mantiene las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario, y no incorpora las propuestas de Junts, no tendrá nuestro apoyo”.
Así se han expresado las fuentes de Junts que defienden que ante el fracaso de las medidas “intervencionistas”, es necesario aportar desgravaciones fiscales a inquilinos y a hipotecados, pero también tirar adelante su propuesta de ley antiokupación ilegal.
El nuevo texto no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a los inquilinos, tan solo a los jóvenes de 18 a 35 años, ni a los pequeños propietarios hipotecados, medidas que venía exigiendo el partido de centroderecha catalán desde hace meses y cuya inclusión parecía que podía tener la clave para dar con una mayoría.
“El grueso de las propuestas no ha estado incorporado, solo en un hecho puntual de los jóvenes”, cuestionan desde el partido.
El borrador tampoco incluye ninguna mención a la okupación ilegal, mientras que Junts exige medidas para facilitar los desalojos exprés. Es más, critica que haya medidas que “perpetúan la okupación ilegal en este texto”. Se refiere, probablemente, a la modificación del artículo 441,6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que se suspendan los desahucios que no cuentan con alternativa habitacional para los afectados.
Eso sí, el decreto prevé que los gobierno autonómicos asuman la compensación de impagos de renta, suministros impagados y daños causados mientras dure la suspensión de un desahucio si los propietarios afectados no son grandes tenedores.
El decreto que se espera votar la semana que viene no cuenta, con el borrador actual, con los apoyos necesarios para tirar adelante. Además de los habituales rechazos de PP y Vox, Podemos ha afeado que se quiera incluir una modificación de la Ley de Suelo y el PNV ha pedido limitar la prórroga de alquileres hasta 2028 solo a los inquilinos que estén al día en los pagos. Esa prórroga es justamente la principal victoria defendida por Sumar en el nuevo decreto.
Tras el rechazo del Congreso a la prórroga extraordinaria de contratos del alquiler del pasado mes de abril, Sumar consideraba clave este punto para el nuevo decreto de vivienda.
Entre los objetivos principales de este nuevo decreto está combatir el fraude de alquileres de temporada y de habitaciones, que pese a que no están recogidos como formas de vivienda acaban optando como tal sin acogerse a las mismas leyes y protecciones.
El decreto prevé que se justifique la temporalidad de la vivienda con su causa y que los contratos no excedan de 12 meses, así como que la suma de los alquileres de habitaciones no excedan el precio de la vivienda.
En las últimas semanas el Gobierno y Sumar se habían mostrado optimistas con que el nuevo borrador podría satisfacer algunas de las exigencias de Junts, especialmente aquellas que permitían desgravación a inquilinos y a hipotecados.
Finalmente, no ha sido así y los cambios fiscales se limitan a joves inquilinos y también a caseros que pongan sus pisos en alquiler asequible o se lo alquilen a jóvenes.
El nuevo decreto también prevé incorporar cambios fiscales a las socimis y que los gobiernos autonómicos cubran a los caseros que no sean grandes tenedores.
