▲ Se estima que el PRD (en la imagen, en sus buenos tiempos) romperá todo récord de demora para extinguirse.Foto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 25 de julio de 2026, p. 6
Aunque el mes pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) dio registro a dos nuevos partidos políticos, este órgano revisa todavía los procesos de liquidación de cuatro partidos, incluso de uno declarado extinto desde 2019.
A la autoridad electoral le toma año y medio otorgar un registro, pero tiempos impredecibles para cerrar los capítulos de cada uno de quienes no alcanzan al menos tres por ciento de los votos en alguna elección federal.
Actualmente, en conjunto, los partidos extintos Encuentro Social, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y del PRD enfrentan 247 juicios en curso.
Los dos primeros, identificados como PES, fueron dirigidos por quienes hoy encabezan el PAZ, uno de los dos partidos recién inaugurados, con la venia del INE, ante lo cual la consejera Carla Humphrey consideró que esta circunstancia no debería significar un “borrón y cuenta nueva”, y habría que incluso prohibir que los líderes hagan otros partidos cuando todavía tienen expedientes abiertos.
Se estima que el PRD romperá todo registro de demora, pues a cerca de dos años después de su extinción hay 211 juicios en proceso o sub iudice: tres de la materia; 207 de laboral y uno civil.
Los interventores externos, para vigilar la liquidación son pagados con recursos públicos; los especialistas analizan documentos relacionados con bienes, acreedores, procedimientos legales y requerimientos de distintas autoridades.
“Es necesario decirlo con claridad: estos procedimientos no pueden permanecer abiertos de manera indefinida. Hay liquidaciones que iniciaron formalmente desde 2019 y otras desde 2022, y todavía no han concluido”, advirtió la consejera Humphrey, integrante de la comisión de Fiscalización, área que revisa los informes de los interventores. Señaló que cada procedimiento pendiente, cada litigio no resuelto y cada bien que no se liquida oportunamente genera costos administrativos, jurídicos y patrimoniales.
“Liquidar también cuesta: cuesta honorarios, resguardo de bienes, defensa jurídica, atención a acreedores y en tiempo institucional”, expresó.
Humphrey se refirió a la importancia de fortalecer el trabajo de liquidación. Mencionó que en el sistema de partidos es normal que existan trayectorias políticas, reagrupamientos y reorganizaciones, lo cual por sí mismo no constituye una irregularidad, “pero cuando en nuevas fuerzas políticas participan personas que previamente estuvieron vinculadas con órganos de dirección o representación de partidos políticos que aún se encuentran en liquidación, resulta todavía más relevante que el INE haga un seguimiento claro, completo, transparente y con mayor celeridad de las obligaciones pendientes”.
Es decir, dijo, la creación de un nuevo partido no puede entenderse como un “borrón y cuenta nueva” respecto de obligaciones laborales, fiscales, patrimoniales o de fiscalización de partidos que perdieron el registro. Si bien son sujetos jurídicos distintos, el INE debería evitar que las liquidaciones se prolonguen de manera indefinida o que la ciudadanía perciba que las obligaciones desaparecen mientras los mismos grupos políticos obtienen otros registros, agregó.
Aclaró que no se trata de limitar indebidamente el derecho de asociación, sino de analizar si debe haber responsabilidad solidaria cuando se trate de los mismos dirigentes en los viejos y en los nuevos partidos, o si se debe prohibir que aquellos sigan ahora en otros grupos, cuando todavía tienen cuentas pendientes.
