▲ Desde que se privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, en 1997, son recurrentes los descarrilamientos de trenes propiedad de Germán Larrea (imagen de 2019).Foto Cuartoscuro
E
n el cuento de nunca acabar y como parte de su interminable historial de impunidad, el tóxico Germán Larrea y su Grupo México (ahora por medio de su sector ferroviario, el mayor del país por cortesía de Ernesto Zedillo) lo vuelve a hacer. Desde Hermosillo, Sonora, llega la “novedad”: “el descarrilamiento de varios vagones de un tren de carga de Ferromex provocó el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio –compuesto químico corrosivo y altamente dañino, utilizado en procesos industriales– en el municipio fronterizo de Naco, ubicado en el citado estado, el cual analiza emprender acciones legales” contra dicho corporativo (La Jornada, Cristina Gómez Lima).
Este nuevo capítulo (para Grupo México siempre se trata de “accidentes” –como en Pasta de Conchos, Coahuila, en el que murieron 65 mineros– que promete “remediar”, aunque tradicionalmente ese “compromiso” no trasciende el discurso) se suma al rosario de derrames tóxicos acumulado a lo largo de los años por ese grupo empresarial, sean ellos derivados de su división minera (como Cananea, también en Sonora) o la de transporte (como Ferromex, con más de 10 mil kilómetros de vías, y Ferrosur).
Desde que Ernesto Zedillo privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, en 1997, son recurrentes los descarrilamientos de trenes propiedad de Larrea, los cuales cuentan con jugosos seguros que el grupo empresarial cobra de inmediato. Se puede decir que se trata de “accidentes” con una jugosa cobertura de la aseguradora que le lleva la póliza.
Sin embargo, en esta ocasión de trata de un derrame tóxico que, una vez más, pone en riesgo a la población, aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se adelantó a negar esa posibilidad (algo similar sostuvo, en agosto de 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, contaminando 270 kilómetros cuadrados de territorio y afectando a ocho municipios sonorenses con alrededor de 25 mil pobladores, en lo que se calificó como “el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México”).
De acuerdo con el reporte de Cristina Gómez Lima, la Profepa informó que “el percance ocurrió en la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, donde realiza acciones de inspección y evaluación para determinar las afectaciones al medio ambiente. Indicó que tras el reporte, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al sitio donde ya se encontraban cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas. Durante la inspección inicial se confirmó que no hubo personas lesionadas a causa del descarrilamiento”.
Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua realiza monitoreos y muestreos en agua y suelo “para identificar posible impacto ambiental, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen la coordinación de las acciones de atención e investigación. La Profepa aseguró que, preliminarmente, el derrame no representa un riesgo inmediato para la población, pero personal de esa dependencia federal continuará con las diligencias de inspección para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente”.
En el caso del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, en 2014, debió transcurrir alrededor de una década para que el gobierno en turno (el de López Obrador, que denunció penalmente a Grupo México por “incumplimiento en la remediación ambiental”) desenmascarara al tóxico empresario y a su corporativo, quien en contubernio con el gobierno priísta creó un fideicomiso de ficción que “remediaría” los daños causados, algo que ni lejanamente sucedió y a estas alturas la zona afectada aún registra altos índices de contaminación. Entonces, ¿sucederá lo mismo con el enésimo derrame de Grupo México, ahora responsabilidad de Ferromex, propiedad del mismo dueño y uno de los brazos de su imperio empresarial?
En vía de mientras, la presidenta Sheinbaum se limitó a decir que en el lugar del derrame “está ahí la Profepa y la Semarnat, que ven los impactos y se van a tomar las medidas que esto signifique”.
Y así, en espera del siguiente “accidente” de Grupo México, que en castellano simple quiere decir ecocidio.
Las rebanadas del pastel
El rector Leonardo Lomelí ya no siente lo duro, sino lo tupido tras el ridículo por él protagonizado en el proceso de ingreso a licenciaturas 2026. Ya no sabe ni por dónde.
X: @cafevega
