Maxwell Cremona, la consultora sanitaria de Alberto González Amador, declaró unas pérdidas contables de 26.236 euros en 2025, a la espera del juicio por los presuntos delitos fiscales por los que está procesado el empresario y comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y para el que todavía no hay fecha de celebración.
La compañía, de la que González Amador es propietario y administrador único, declaró el pasado ejercicio una facturación de 709.738 euros y entró en números rojos, tras presentar un beneficio de 93.678,73 euros en 2024.
Las cuentas que acaba de remitir Maxwell Cremona al Registro Mercantil reflejan que su activo, que llegó a superar los 2,2 millones en 2023, sufrió otra drástica bajada en 2025. Pasó de 563.412,51 euros a 240.490,12 euros. También recogen el pago de un dividendo “con cargo a reservas por importe de 1.225.000,00 euros”. Ese mismo importe figuraba en las cuentas del ejercicio 2024, cuando la empresa pagó su primer dividendo. En total, serían 2,45 millones para su propietario en solo dos años por esa vía.
Fue el pasado ejercicio cuando González Amador ejecutó la compra del ático en Chamberí (el barrio donde creció Ayuso, una de las zonas más caras de Madrid), en el piso superior a la vivienda de lujo que adquirió en julio de 2022, tras sus delitos fiscales. Ese ático estaba a nombre de Babia Capital SL, empresa administrada por su fiscalista, a la que pagaba un alquiler mensual de 5.000 euros.
Ahora, el empresario ha puesto a la venta ambos inmuebles, por lo que espera ingresar un total de 3,42 millones. Los pisos han salido a la venta coincidiendo con el escándalo del ático de lujo (también en Chamberí) adquirido por el Gobierno de Ayuso con gran secretismo por 6,3 millones. Ese inmueble iba a destinarse a “reuniones”, según la primera explicación oficial, aunque no se puede convertir en oficinas y tampoco puede destinarse a residencia oficial porque lo prohíbe la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid.
El ejecutivo madrileño ha puesto a la venta esa propiedad al destaparse su existencia para “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios en la Sierra Oeste, aunque el dinero que obtenga no puede destinarlo directamente a ese fin. El PSOE va a llevar esta operación a la Fiscalía.
Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró la compra del ático que adquirió a Babia Capital el pasado 29 de octubre. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo electrónico en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales. En esa declaración, González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado contra él.
Unas semanas después, su empresa cerró el ejercicio con una facturación casi un 25% inferior a la de 2024. No obstante, esos casi 710.000 euros duplican los poco más de 350.000 euros que ingresó la empresa en 2019, antes de empezar a disparar su cifra de negocios con la pandemia y de defraudar presuntamente al Fisco más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Desde que trascendió su relación con Ayuso en 2021, cuando fue presentado en la prensa rosa como “técnico sanitario”, González Amador ha facturado casi seis millones solo con Maxwell Cremona.
Un año más, las cuentas de esta empresa, una pyme con un capital de apenas 3.000 euros, no mencionan su litigio con Hacienda, pese a que la normativa contable obliga a las empresas a informar de las “contingencias de carácter fiscal” que tengan abiertas. Tampoco hay detalles del origen de los ingresos de la empresa, cuyo principal cliente desde su creación es el gigante sanitario Quirón, y en concreto su filial Quirón Prevención.
En junio, un informe de Hacienda incorporado a la otra causa que tiene abierta el empresario, por el supuesto reparto de una comisión al primer ejecutivo de Quirón Prevención, Fernando Camino, en el marco de una operación de venta de mascarillas en 2020, reveló que González Amador facturó 4,4 millones al gigante de la sanidad privada solo entre 2021 y 2023.
Tras iniciar su relación con Ayuso, el empresario y comisionista llegó a multiplicar por siete sus ingresos de la filial del grupo alemán Fresenius. Quirón es la principal beneficiaria de las privatizaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, que le paga unos 1.000 millones al año gracias a sus conciertos con la Administración regional.
La plantilla de Maxwell Cremona se mantuvo estable en 2025, con cinco empleados, después de que en 2024, tras trascender su escándalo de fraude fiscal, recortase sus ventas a la mitad, hasta algo menos de un millón, y contratase por primera vez personal. Hasta ahora, no había presentado números rojos con excepción de un quebranto de 101.489 euros que declaró a toro pasado para el ejercicio 2022 al presentar sus cuentas de 2023.
Esa maniobra contable hizo que el beneficio récord que había declarado inicialmente en 2022, casi 1,9 millones, se convirtiera un año después en pérdidas, tras intentar regularizar González Amador su fraude fuera de plazo, y cuando ya estaba muy avanzada la inspección de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él a principios de 2024.
Juicio sin fecha
El juicio por este caso todavía no tiene fecha. Hace unas semanas, el Juzgado de lo Penal 19 de Madrid, al que ha correspondido el caso del empresario, advirtió de que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los tribunales de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después de iniciarse los presuntos delitos fiscales.
La Audiencia Provincial de Madrid avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviar a González Amador al banquillo. Solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel, que se conocería en la fecha señalada para la vista.
González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros y la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.
Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.
Mientras este caso está abocado al juicio, continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernando Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de dos millones de euros en mascarillas y encubrirla con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón pese a no tener apenas valor. Tras eso, González Amador multiplicó los ingresos que recibía del gigante de la sanidad privada.
