Las cenizas de Pompeya todavía conservan la forma de una ciudad detenida hace casi 2.000 años, cuando el Vesubio sepultó la vida cotidiana. Los episodios históricos muy alejados de 2026 producen ese efecto porque obligan a pensar en escalas temporales difíciles de abarcar: la construcción de las pirámides de Guiza comenzó hace unos 4.500 años, la batalla de las Termópilas ocurrió en 480 a. C., Roma cayó en Occidente en 476 y la peste negra recorrió Europa durante el siglo XIV.
Cada caso pertenece a un mundo que desapareció hace siglos, aunque sus consecuencias siguen presentes en monumentos, leyes, fronteras y relatos.
El derecho inglés fijó un comienzo para la memoria jurídica
Una expresión usada para hablar de esos pasados remotos tiene, dentro del derecho inglés, una fecha exacta. IFLScience explica que desde tiempo inmemorial comenzó jurídicamente el 3 de septiembre de 1189, día de la coronación de Ricardo I, conocido como Corazón de León y uno de los monarcas más famosos.
Todo lo anterior quedaba fuera de la memoria legal que los tribunales podían tratar como demostrable, mientras los hechos posteriores entraban en un periodo sobre el que todavía cabía reclamar costumbres, propiedades o derechos antiguos.
Ese uso jurídico convive con otro mucho más amplio. En el lenguaje común, la fórmula alude a un pasado que supera el recuerdo humano, y muchos pueblos indígenas la emplean para afirmar una presencia anterior a los archivos coloniales.
La elección de 1189 respondió a un criterio práctico
Esa noción encaja con hallazgos arqueológicos que sitúan población en América antes del antiguo modelo de Clovis: las pisadas de White Sands, publicadas en Science en 2021, rondan los 20.000 años, y los trabajos de Triquet Island apuntan a una ocupación de unos 14.000 años relacionada con la tradición oral heiltsuk.
La elección de 1189 respondía a la capacidad de transmitir recuerdos familiares sin alejarse demasiado de 1275. Los historiadores jurídicos Frederick Pollock y Frederic William Maitland explicaron en History of English Law before the Time of Edward I que todavía podía vivir alguien que hubiera oído a su padre contar algo presenciado aquel año: “Era apenas posible que un hombre vivo hubiera oído de su padre lo que este había visto en 1189”.
La fecha coincidía además con el final del reinado de Enrique II, cuyas reformas habían impulsado un derecho común más uniforme y una red de tribunales reales con registros escritos.
Las costumbres guiaron numerosos juicios antes de las reformas
Antes de esa transformación, buena parte de la justicia inglesa dependía de costumbres locales, proclamas reales y recuerdos transmitidos por la comunidad. Amy Irvine, autora de History Hit, explicó que el derecho medieval se apoyaba mucho en el uso prolongado, la costumbre y los decretos de la Corona.
En los procesos penales todavía se recurrió durante siglos a pruebas de fuego, agua o combate, mientras los pleitos sobre tierras podían depender de que los vecinos avalaran una posesión antigua.
Eduardo I intentó reducir esa incertidumbre con el Estatuto de Westminster de 1275, una ley de 51 capítulos. James Franck Bright escribió en The History of Medieval Monarchy in England que su amplitud permitía tratarla casi como un código: “Fue tan extensa y de tanto alcance que podría llamarse un código antes que una ley”.
Russell Sandberg, profesor de Derecho de la Universidad de Cardiff y autor de A Historical Introduction to English Law, atribuye a su cláusula 39 la fijación de 1189 como inicio de la memoria jurídica, de modo que una reclamación basada en hechos anteriores quedaba fuera del examen judicial.
La cuenta aumenta con el paso de los años
La cifra que detalla esos tiempos inmemoriales, por lo tanto, cambia cada día. Tomando como referencia el 25 de agosto de 2026, fecha de publicación de este artículo, han transcurrido exactamente 836 años, 11 meses y 22 días desde la coronación de Ricardo I, celebrada el 3 de septiembre de 1189, con la salvedad de los cambios posteriores de calendario.
La expresión conserva así dos sentidos distintos: uno jurídico, medible desde 1189, y otro cultural, abierto a pasados mucho más antiguos que los archivos escritos. Esa diferencia explica por qué unas palabras asociadas a lo remoto pueden señalar a la vez una fecha medieval y decenas de miles de años de presencia humana.
