Adaptar el software de facturación a VeriFactu será uno de los grandes retos que afrontarán empresas y autónomos españoles en 2027. Sin embargo, para aquellas compañías que venden, compran o tienen presencia en otros países europeos, cumplir con la normativa española será solo una parte del trabajo. Europa avanza hacia la digitalización fiscal, pero todavía lo hace a distintas velocidades y con modelos diferentes.
El primer error consiste en identificar VeriFactu con factura electrónica. No son exactamente lo mismo. El Reglamento español de sistemas informáticos de facturación establece requisitos para garantizar la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros generados por los programas de facturación. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deberán tener sus sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027, mientras que para el resto de empresarios y profesionales el plazo llegará hasta el 1 de julio de 2027.
La factura electrónica obligatoria entre empresas españolas constituye otro proyecto regulatorio distinto. Su reglamento fue aprobado en marzo de 2026, pero su aplicación efectiva depende todavía de la entrada en vigor de la orden ministerial que desarrollará la solución pública. Desde ese momento habrá un plazo de doce meses para las empresas con más de ocho millones de euros de facturación y de veinticuatro meses para el resto.
Europa no tiene un único modelo
La complejidad aumenta cuando una empresa cruza las fronteras españolas. Aunque la Unión Europea trabaja para armonizar progresivamente los sistemas, varios Estados miembros ya han implantado sus propias obligaciones.
Alemania, por ejemplo, modificó sus reglas desde el 1 de enero de 2025. Las empresas establecidas en el país tienen que ser capaces de recibir facturas electrónicas estructuradas y la obligación de emisión se está introduciendo progresivamente mediante un periodo transitorio que llegará hasta 2027 o 2028, dependiendo del tamaño de la compañía. Además, una simple factura en PDF ya no tiene la consideración de factura electrónica estructurada.
En Bélgica, desde el 1 de enero de este año, la factura electrónica estructurada es obligatoria para prácticamente todas las operaciones entre empresas belgas sujetas a IVA. El sistema utiliza principalmente la red Peppol para intercambiar los documentos directamente entre los programas de las compañías. Un PDF enviado por correo electrónico ya no resulta suficiente.
Polonia también ha avanzado con su plataforma centralizada KSeF. Desde febrero de 2026 las mayores compañías están obligadas a utilizarla y desde abril la obligación se ha extendido al resto, con determinadas excepciones temporales para negocios de menor volumen.
Y uno de los cambios más relevantes se está produciendo precisamente ahora en Francia. Desde el 1 de septiembre, todas las empresas francesas deben estar preparadas para recibir facturas electrónicas. Las grandes compañías y empresas de tamaño intermedio deben también emitirlas, mientras que las pymes y microempresas tendrán hasta septiembre de 2027. El modelo francés incorpora además obligaciones de e-reporting, es decir, de transmisión de información de determinadas operaciones a la Administración tributaria.
Esto no significa que cualquier pyme española que venda puntualmente a un cliente alemán, francés o belga quede automáticamente sometida a todas sus obligaciones nacionales. Dependerá de dónde esté establecida, de cómo opere, de sus registros de IVA y del tipo de transacción. Pero una empresa con filiales, establecimientos o actividad fiscal en varios países sí tendrá que analizar cada mercado por separado.
ViDA cambiará las reglas del juego
A medio plazo, Bruselas pretende reducir esta fragmentación mediante VAT in the Digital Age, conocido como ViDA. El paquete fue aprobado en marzo de 2025 y desplegará sus medidas progresivamente hasta 2035.
Uno de sus puntos clave llegará el 1 de julio de 2030, cuando entren en funcionamiento los nuevos requisitos europeos de información digital para determinadas operaciones B2B transfronterizas. Además, los sistemas nacionales de reporte digital existentes deberán converger con el modelo europeo antes de 2035.
Para las pymes internacionalizadas, la conclusión es clara. Ya no basta con preguntarle al proveedor de software: “¿está preparado para VeriFactu?”.
La pregunta debería ser mucho más amplia: ¿puede mi sistema de facturación adaptarse a los formatos, plataformas, redes y requisitos fiscales de los países en los que pienso operar?
La factura se está convirtiendo en una pieza de infraestructura fiscal digital. Para una empresa con ambiciones internacionales, elegir ahora una solución flexible, interoperable y preparada para diferentes normativas puede evitar tener que cambiar nuevamente de software cada vez que entre en un nuevo mercado europeo.
