▲ Alonso Ancira, al salir del reclusorio Norte en abril de 2021.Foto Luis Castillo
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Sábado 11 de julio de 2026, p. 4
Dos apelaciones a sentencias judiciales promovidas por la defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, impiden reactivar el proceso penal en contra del ex funcionario y del empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, por actos de corrupción relacionados con el caso Agronitrogenados,
Los recursos se presentaron desde 2024 y no han sido resueltos por el primer tribunal colegiado en materia de apelación, con sede en la Ciudad de México. Una de las apelaciones se relaciona con el reconocimiento de que el acuerdo de reparación del daño que firmó Ancira –y del cual adeuda 112 millones de dólares–, ya no debe ser pagado por el ex director de Pemex.
Lozoya, indicaron fuentes del Poder Judicial de la Federación, presentó el segundo recurso para que se considere la prescripción de los delitos que se le imputan por el caso Agronitrogenados.
En ese contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sobre el estado que el daño generado al comprar Pemex a sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrogenados por 216 millones 664 mil 40 dólares, monto que fue fijado como reparación del daño y que Ancira se comprometió a cubrir, pero no ha cumplido.
“Este acuerdo tuvo como objetivo reparar el daño económico ocasionado por la adquisición de dicha planta”, debido a la intervención de Emilio Lozoya, atendiendo lo acordado con Ancira de quien recibió un soborno de 3.4 millones de dólares.
De acuerdo con las investigaciones, la adquisición de Agronitrogenados fue autorizada por el Consejo de Administración de Pemex entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ya que Lozoya los habría convencido de que era un proyecto prioritario para el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se aceptó pagar a Ancira 275 millones de dólares.
El dictamen de la FGR refiere que una valuación hecha “por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales estableció que una planta nueva tiene un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares. Como resultado, se determinó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto que fue fijado como reparación del daño”. La planta Agronitrogenados, como se adquirió, fue calificada por la Auditoría Superior de la Federación como chatarra, según la FGR.
Pago en parcialidades
Ancira fue sujeto a proceso penal y “propuso un acuerdo reparatorio por ese monto, ofreciéndose además como garantía 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, así como cuatro hornos y tres inmuebles más para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
“El Consejo de Administración de Pemex autorizó la celebración de este acuerdo el 9 de febrero de 2021 y, posteriormente, el 19 de abril del mismo año, fue aprobado por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México”, indicó la FGR.
El pago reparatorio se realizaría en tres parcialidades. La primera, por 50 millones con 40 dólares, cubierta el 30 de noviembre de 2021. La segunda, por 54 millones 166 mil 10 dólares y se pagó el 30 de noviembre de 2022.
Ancira cubrió un total de 104 millones 166 mil 50 dólares, sin embargo, el tercer y último pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, que debía realizarse el 30 de noviembre de 2023, no se hizo.
Por ello, el 5 de diciembre de 2023 la Fiscalía solicitó al Poder Judicial la reanudación del proceso penal y Ancira, quien solicitó una prórroga porque “no pudo realizar el pago debido a un proceso de capitalización y restructura financiera de su empresa”.
Ante ello, el Consejo de Administración de Pemex amplió el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024, “decisión que posteriormente fue autorizada por el juez de control el 10 de enero de 2024. En consecuencia, el 7 de marzo de 2024 se firmó un convenio modificatorio para reflejar esta nueva fecha de vencimiento.
“No obstante, el 12 de junio de 2024, el juez de control determinó reservar la aprobación definitiva de dicho convenio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo” promovido por Lozoya.
La resolución judicial estableció que no podía emitirse una determinación que concluyera de manera definitiva el proceso mientras ese asunto permaneciera pendiente, y existen dos procedimientos de apelación que están sin resolución en un tribunal colegiado.
