▲ El ex procurador padeció en 2014 un accidente cerebrovascular.Foto José Antonio López
César Arellano y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Sábado 25 de julio de 2026, p. 4
Un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte canceló la prisión preventiva justificada del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, la cual cumplía en su domicilio, en el proceso penal que enfrenta por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, todo ello relacionado con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que el juzgador Edmundo Manuel Perusquia Cabañas determinó modificar la medida cautelar debido a que el proceso penal se prolongó por más de dos años por motivos ajenos al imputado, sustituyéndola por resguardo domiciliario y el uso de un brazalete electrónico.
En noviembre de 2023, un tribunal colegiado le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Murillo Karam, dentro del proceso penal que se inició por el caso Ayotzinapa.
En aquella ocasión, el cambio de medida cautelar se debió por su edad avanzada y su deteriorado estado de salud, por ello el juez federal ordenó que la prisión preventiva la llevara en su casa de Lomas de Chapultepec ya que, afirmó, sus problemas de salud no acreditaban el riesgo de fuga.
Además, el togado impuso al ex servidor público medidas adicionales, entre ellas, la colocación de un brazalete electrónico y restricción de acercarse a aeropuertos.
Sin embargo, el ex funcionario enfrenta un segundo proceso penal por delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos, por el que se le impuso también prisión domiciliaria.
Murillo Karam, de 78 años de edad, sufrió desde agosto de 2014 un accidente cerebrovascular mientras ofrecía en su calidad de titular de la extinta Procuraduría General de la República una conferencia de prensa relacionada con el avance de las investigaciones del caso Iguala.
La salud del que fuera también procurador y gobernador de Hidalgo, así como también diputado federal y senador por el PRI, se fue deteriorando, motivo por el cual obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, al tiempo que se desarrollan dos procesos penales en su contra por la supuesta comisión de delitos relacionados con los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde integrantes del cártel Guerreros Unidos, con apoyo de elementos de la policía municipal privaron de la libertad y desaparecieron a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
