▲ Aspecto de la mina a cielo abierto de oro y plata Camino Rojo, en Zacatecas.Foto tomada del Facebook de Orla Mining
Jared Laureles
Periódico La Jornada
Martes 21 de julio de 2026, p. 12
A pesar de que el panel laboral del T-MEC determinó que la empresa canadiense Orla Mining utilizó al crimen organizado para intimidar a sus trabajadores, los actos de violencia y hostigamiento contra quienes buscan afiliarse al Sindicato Nacional Minero continúan en la mina Camino Rojo, ubica-da en Zacatecas, denunció la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Óscar Alzaga, abogado del sindicato minero, señaló que la compañía canadiense ofreció reinstalar a la trabajadora Yajhaira Guadalupe Gaytán García “en los mismos términos, circunstancias y condiciones en los que se ha venido desempeñando”, incluidas todas las prestaciones y mejoras salariales.
Sin embargo, denunció que fue amenazada por Edna Lucero Luna Torres, dirigente de un sindicato de “protección” patronal afiliado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), el cual arrebató la titularidad del contrato colectivo en una votación marcada por diversas irregularidades que documentó el panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC.
Este instrumento, en su resolución de marzo pasado, por primera vez acreditó la relación de grupos criminales con una empresa, en este caso la canadiense Orla Mining, que actuó con “aquiescencia” frente a las amenazas y coacción contra los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero para obligarlos a desertar.
En entrevista, Alzaga indicó que el Sindicato Nacional Minero ya notificó los recientes incidentes al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, a las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, así como a los tres panelistas.
En el documento, el sindicato minero denunció que Luna Torres, quien portaba un chaleco de color negro y rojo de Orla Mining intimidó a Gaytán García y su familia al advertirle: “sé dónde vives y te voy a buscar a tu casa”.
Como evidencia, el gremio anexó un video del presunto incidente, al tiempo que solicitó a las autoridades laborales medidas de protección “a la vida, el trabajo y la seguridad” de la trabajadora Gaytán García, por cuya integridad física temen tras la amenaza.
El abogado apuntó que estas acciones constituyen violaciones a la libertad sindical y a los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y laborales.
Entre ellos, mencionó los Convenios 87 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el artículo 8 del Protocolo de San Salvador; los artículos 23 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe obligar a los trabajadores por coacción o cualquier otro medio, afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan.
