Jaime Martínez Valderrama (Madrid, 1973) lleva más de veinte años estudiando la desertificación. Es científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), ingeniero agrónomo y coautor, junto a otros diecinueve científicos, del artículo publicado en Nature que pide “doblegar la curva” de la degradación de la tierra a escala global. Vive en Almería desde 2008 y ha participado esta semana en el curso ‘Geopolítica y los retos del espacio mediterráneo’, organizado por la Universidad de Murcia (UMU) y celebrado en Mazarrón.
En esta entrevista repasa qué es realmente la desertificación, por qué España —y muy especialmente la Región de Murcia— es uno de los territorios más afectados de Europa, y por qué considera que este problema ambiental se ha convertido también en una cuestión geopolítica de primer orden.
Lleva más de 20 años estudiando la desertificación. ¿Qué significa realmente que un territorio se desertifique? ¿Tiene marcha atrás?
Desertificarse es que un territorio empieza a adquirir características parecidas a las del desierto: la fertilidad natural que tiene —por el suelo, el agua, la biodiversidad— se va perdiendo por variaciones climáticas, como las sequías, pero sobre todo por una actividad humana inadecuada.
Revertirlo es muy complicado, porque en los territorios áridos la naturaleza trabaja muy despacio. Recuperar un centímetro de suelo fértil perdido puede llevar entre 800 y 900 años. Un acuífero que se vacía puede tardar 100 años en recuperarse. Y en zonas costeras, si se bombea demasiada agua, entra agua del mar y los acuíferos se salinizan: eso, a escala humana, es irreversible.
En agosto publicó en Nature, junto a otros 19 científicos, un artículo que defiende que hay que “doblegar la curva” de la degradación de la tierra. ¿Por qué?
Se hizo con motivo de la última COP, cuando coincidieron casi en el mismo periodo las tres convenciones —biodiversidad, cambio climático y desertificación—. Defendemos que hay que ponerlas en consonancia: si disminuyes la degradación de la tierra, disminuyes también las emisiones de CO₂, porque más de la mitad del carbono que circula en la atmósfera viene de malas prácticas agrarias, de liberar el carbono que estaba almacenado en el suelo.
¿Tiene sentido tratar la desertificación como un tema aislado?
No. Hay que afrontarlo todo de manera conjunta, sin trabajar en silos —el agua, por un lado, la tierra por otro, la biodiversidad por otro—. Cuando se actúa de forma aislada, sueles arreglar una cosa y estropear otra, como pasa en medicina: tratas un dolor de cabeza y afectas al estómago del paciente.
Se ha hablado de que el 75% de España es potencialmente desertificable y que el 20% ya tiene problemas avanzados. ¿Cómo se calculan esas cifras?
Esas cifras están desactualizadas. Hemos creado un Atlas de desertificación de España usando la estimación de zonas áridas del CSIC-IPE, según la cual las zonas áridas ocupan el 69% del territorio español. De esas zonas, el 61% —el 41% de todo el territorio español— está ya desertificado. No es que tenga riesgo: ya lo está.
Hasta ahora no existían mapas de desertificación fiables en el mundo, porque este proceso combina erosión, pérdida de biodiversidad, pérdida económica y degradación hídrica, y sumarlo todo de forma coherente es muy complicado. Nosotros hemos desarrollado un procedimiento alternativo, y con él hemos elaborado un mapa que es una novedad a nivel mundial.
Dice que el regadío puede ser parte del problema, ¿a qué se refiere?
Sostengo que no es una defensa. El error viene de asumir que la desertificación es ‘el avance del desierto’, algo muy extendido pero muy grosero. Si piensas así, la solución parece obvia: pones un regadío, y de repente tienes una mancha verde en un paisaje ocre. Parece que ganas la batalla. Pero para crear esa mancha verde has bombeado agua del subsuelo sin plantearte de dónde la vas a sacar a largo plazo, y eso te funciona 30 o 40 años —son los ‘milagros económicos’ del sureste, también en Murcia—, hasta que el acuífero se agota. Lo hemos visto en sitios más extremos, como el desierto arábigo, donde se cultivó alfalfa para vacas frisonas hasta que se agotaron los pozos y se acabó todo.
Se habla mucho del cambio climático como culpable, pero usted insiste en cómo se gestiona el territorio. ¿Qué pesa más?
Es la propia definición de Naciones Unidas: la desertificación es la degradación de zonas áridas por variaciones climáticas y actividades humanas. Sin actividad humana, no es desertificación, es otro problema. Doñana se seca y decimos ‘qué sequía”, pero es que llevan veinte años cultivando fresas y agotando el acuífero que permitía su recuperación. Las calimas de África que nos ensucian el coche tampoco son desertificación: son un problema respiratorio.
Uno de los aspectos que mencionan en el artículo de Nature es que la clave estaría en cambiar el sistema alimentario global. ¿En qué sentido?
Cuatro de los cinco grandes paisajes de desertificación de España tienen que ver con la agricultura. Una de las medidas que planteamos es reducir el desperdicio alimentario: un tercio de lo que producimos no se consume. Publicamos un artículo sobre esto que tuvo una repercusión inesperada, poniendo números a cuántas frutas y hortalizas se tiran en España oficialmente. Un año se habló de 400.000 toneladas de limones tirados en Alicante, y en el registro oficial solo constaban 120.000.
También defendemos controlar el consumo de carne intensiva y fomentar la ganadería extensiva de calidad, porque favorece la economía de las zonas de interior y es buena para el medio ambiente. Apostamos por una dieta mediterránea equilibrada, con más vegetales, sin excluir la carne de calidad frente a las macrogranjas. El profesor Carlos Duarte propone además incorporar mucha más proteína marina a la dieta global.
En el curso de Mazarrón se habla de la desertificación junto a migraciones y conflictos, como un tema de seguridad. ¿Por qué cree que ha dejado de verse solo como un problema ambiental?
Porque la globalización genera dependencias excesivas, y con las últimas crisis lo estamos viendo: la guerra de Ucrania, la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Cuando una agricultura depende tanto de insumos externos, luchar contra la desertificación es luchar contra la inseguridad alimentaria. Si gestionas mejor el suelo, necesitas traer menos urea de Dubai, menos fosfatos de Marruecos. Y cuando sube el precio de la energía —de la que depende buena parte de la agricultura, para bombear agua, fabricar fertilizantes, mover tractores— los costes se disparan: con la guerra de Ucrania, a Fertiberia dejó de salirle rentable producir nitrógeno. Si tienes el suelo en buenas condiciones, esa dependencia pesa mucho menos. Por eso creo que esta cuestión encaja con la geopolítica.
Centrándonos en la Región de Murcia: según el Atlas de la Desertificación, ¿cómo está la comunidad ahora mismo?
Si España está desertificada en el 91% de sus zonas áridas, en Murcia esa cifra sube al 95%, básicamente por las aguas subterráneas: prácticamente todos los acuíferos de la Región están deteriorados, como en Almería. Puedes mirar un paisaje con un bosque y pensar que no está tan mal, pero el acuífero de debajo puede estar contaminado o vacío. Como casi todo el territorio murciano es zona árida, está prácticamente todo desertificado en mayor o menor medida, algo que ocurre también en Albacete, Alicante y Almería, por la actividad agraria intensiva de los últimos cuarenta años. En Almería el problema se ha ido paliando con desaladoras, pero eso tiene costes impresionantes, y esa factura no la percibe tanto el productor, porque si tuviera que pagarla, no podría cultivar.
Esta semana ha estado en la Región la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay una disputa sobre el origen de la contaminación del Mar Menor: el Gobierno regional apunta al acuífero, y la comisionada, a las escorrentías agrícolas. ¿Qué opina?
Hay un informe muy bueno de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuya directora, Julia Martínez, colabora también en el Atlas de la Desertificación. Es, en el fondo, un problema del Campo de Cartagena: el uso masivo de fertilizante químico en un regadío superintensivo. Esa escorrentía eutrofiza el Mar Menor, hace proliferar algas y perjudica la vida bajo el agua. El problema ha sido la agricultura intensiva, que además se entiende: los problemas de desertificación se desencadenan casi siempre por buenas intenciones, la gente quiere prosperar. Pero eso exige al sistema más de lo que soporta, y acaba encareciendo la producción: si pierdes suelo, compras fertilizantes; si agotas el agua, tienes que invertir más. ¿Quién puede poner ese dinero? Cada vez más, los grandes fondos de inversión. En Almería, montar un invernadero cuesta unos 600.000 euros por hectárea, así que el pequeño agricultor queda excluido. Y si miras la renta per cápita de los municipios de España, varios de los más pobres tienen agricultura intensiva: Níjar en Almería, o Mazarrón y Águilas en Murcia. Es un negocio que no reparte bien el dinero, y el peaje de degradar un territorio suele pagarlo la parte menos favorecida.
Hay mucho debate también sobre si el agua desalada es buena para la agricultura.
Es agua prácticamente destilada, hay que tratarla, y eso encarece la producción. Por eso el agua desalada es muy cara: en Murcia está subvencionada, pero en Andalucía no. Porque si le retiras al regadío intensivo las ayudas encubiertas que tiene —diésel, electricidad y agua más baratos que los de un usuario normal— sería demasiado caro producir.
El debate del trasvase Tajo-Segura, la presión del regadío sobre el Mar Menor y los acuíferos se plantea siempre como que no hay suficiente agua. ¿Es un problema de cantidad o de cómo usamos el territorio?
Estamos en un modelo basado en la oferta hídrica, cuando la Directiva Marco del Agua europea obliga a gestionar desde la demanda. Somos sociedades adictas al agua. Existe la paradoja de Jevons: cuanto más eficiente eres usando un recurso, más acabas gastando de él. Si haces más eficiente el riego de una parcela, el agua que ahorras no se queda en el acuífero, se pone a regar otra parcela más. Cuando se anunció el trasvase Tajo-Segura, mi padre me contaba que inmediatamente se transformaron muchas hectáreas de secano en regadío: el propio anuncio generó una nueva demanda. Estoy en un proyecto de la Fundación BBVA elaborando un mapa de los conflictos hídricos en España, y todo el mundo quiere agua para todo —ahora se suman incluso los centros de datos—.
A partir de 2027, la reforma de los caudales ecológicos reducirá en torno a un 40% el agua que llega por el trasvase Tajo-Segura. ¿Cómo va a afectar esto a la Región?
Se va a complicar, sí, pero nunca ha habido tanta agua como se prometió al principio del trasvase, y cada vez hay menos. En muchas regiones, incluida Murcia, hay más derechos de agua concedidos a los regantes que agua realmente disponible: está todo sobredimensionado. Y al final, todas esas malas prácticas las acabamos pagando entre todos: si se agotan los acuíferos, son nuestros impuestos los que financian desaladoras, trasvases y nuevos embalses.
