El Gobierno prepara una normativa para endurecer los requisitos de funcionamiento de los centros de datos, uno de los negocios de moda por el boom de la inteligencia artificial.
Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, van a iniciar el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estos centros.
El objetivo, explican fuentes gubernamentales, es que sean sostenibles, eficientes y soberanos, y avanzar en su desarrollo ordenado de forma que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Entre las obligaciones está que respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.
Además, deberá operarlos una entidad establecida en la UE que mantendrá los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.
El Ministerio para la Transformación Digital, en el ejercicio de sus competencias, comprobará el cumplimiento de estos requisitos, cuya vulneración podrá derivar, en última instancia, en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
Desde el Gobierno subrayan que España está en disposición de escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental. El borrador a consulta establece requisitos a las instalaciones mayores de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica, por ser las que tienen una incidencia territorial, hídrica y ambiental relevante.
Dadas sus grandes necesidades de agua y de energía, el proyecto normativo dispone que cumplan con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo relativo a estas infraestructuras, que actualmente está desarrollando la Comisión Europea para cumplir la directiva de Eficiencia Energética de 2023 y que se incluye en un reglamento comunitario cuya entrada en vigor se prevé para agosto de 2027.
La propuesta de decreto prevé que a partir de ese momento sea exigible el mayor nivel de la norma europea, la categoría A, tanto para la eficiencia energética como para la eficiencia hídrica, según la terminología de la Comisión Europea. Hasta que esto ocurra, se fijan esos mismos niveles, ya recogidos en el borrador del Reglamento. El Gobierno defiende que con ello se anticipan medidas que se están debatiendo en el ámbito europeo y que España liderará desde una posición avanzada.
Además, como ya ocurre con la producción de combustibles renovables de origen no biológico o con la de hidrógeno renovable, se exige que los centros de datos consuman energía renovable, que deberá ser como mínimo del 80% hasta que la generación de estas fuentes en España se sitúe por encima del 90% del mix eléctrico (ahora ronda el 56%).
Este consumo deberá ser adicional: cada nuevo MW consumido deberá ir acompañado de un nuevo MW renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, con autoconsumo o mediante contratos a plazo (conocidos en el argot del sector como PPA). Este abastecimiento se acreditará hora a hora: en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.
Pérdida de permisos
Los proyectos que quieran acceder a la red eléctrica deberán demostrar que cumplen estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión. No hacerlo acarreará penalizaciones crecientes en los costes regulados de su tarifa eléctrica (cargos y peajes) y, en última instancia, perderán el derecho de acceso.
Con estos recargos se compensará el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de consumo de renovables pudiera repercutir sobre el sistema y, por tanto, sobre las facturas de electricidad.
Una vez esté en vigor la norma, los proyectos de centros de datos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento. Si están a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica, el plazo será de tres meses y podrán renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las correspondientes garantías.
Además, todos los centros de datos mayores de 500 kW deberán remitir a Transición Ecológica los datos relativos a su eficiencia energética y su sostenibilidad, de acuerdo con el citado Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, para su publicación con carácter anual. Los mayores de 1 MW, además, deberán precisar si cumplen las mejores prácticas de la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y cómo lo hacen.
El futuro real decreto cumple uno de los mandatos del Real Decreto ley 7/2026, que aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio: acompasar el despliegue de centros de datos con un despliegue proporcional de nueva generación renovable. El objetivo es evitar un doble perjuicio: un incremento de demanda puede conllevar un mayor uso de gas natural para generación eléctrica si no crecen de forma proporcional las renovables, con el consiguiente incremento de los costes eléctricos para el conjunto de los consumidores, y, por tanto, una reducción del incentivo de electrificación.
Las citadas fuentes gubernamentales recuerdan que la Estrategia de Inteligencia Artificial estima unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030 para los centros de datos, que necesitarían de 3,5 GW a 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, las peticiones y los permisos concedidos para estas instalaciones superan varias veces ese objetivo, por la estratégica ubicación geográfica del país, su clima y su liderazgo en renovables: ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha llegado a advertir de que existe una “burbuja” de peticiones. Un estudio reciente en Estados Unidos los ha vinculado con subidas del precio de la luz y la vivienda, y se están convirtiendo en argumento de peso en las elecciones de medio mandato en ese país, con muchos demócratas y un número creciente de republicanos posicionándose contra ellos.
Hace unas semanas, Morgan Stanley estimaba que la capacidad total de estos centros en España alcanzará 4,3 GW en 2035, frente a los 2,8 GW que contemplaba hasta ahora.
La entidad situaba a Aragón como el mercado secundario “más emocionante de Europa”, con un potencial estimado para alcanzar 3 GW de capacidad y consolidarse firmemente como el próximo gran nodo de interconexión del continente gracias a su abundante suelo, buen recurso renovable, un clima algo más fresco que otras zonas de España y la conectividad que aportan cables submarinos como Marea, Grace Hopper y Anjana, que enlazan con EEUU y Reino Unido y permiten corredores de baja latencia.
Por su parte, la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield situaba recientemente a Madrid como el quinto mercado primario de centros de datos de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y uno de los principales ‘hubs’ europeos para esta industria, a la que comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Aragón han puesto alfombra roja.
Parte del actual colapso de peticiones de acceso a la red eléctrica está relacionado con estas infraestructuras, que han atraído a firmas del Ibex como ACS, Iberdrola o Merlin Properties, y a alguna gran fortuna como el magnate de la eólica en Castilla y León Rafael González-Vallinas. Las eléctricas los ven como una oportunidad para reactivar una demanda a la baja que pone en riesgo la rentabilidad de los proyectos de renovables, en especial, las fotovoltaicas más recientes.
La nueva Planificación de Electricidad 2025-2030 en tramitación incluye 3,8 GW para centros de procesamiento de datos (CPD), que se añadirán a los 12 GW en permisos ya concedidos.
En 2024, estos centros supusieron el 1,5% de la demanda mundial de electricidad, unos 415 teravatios hora (TWh), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estima que su consumo ha crecido un 12% anual el último lustro y podría duplicarse hasta 945 TWh en 2030. En EEUU han pasado de 58 TWh en 2014 a 176 TWh en 2023: del 2% de la demanda nacional de 2018 al 4,4% de 2023. En 2028 pueden llegar a suponer el 12%, calcula el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.
