Periódico La Jornada
Domingo 30 de agosto de 2026, p. 9
En 2025 nuestra familia enfrentó una realidad que desconocíamos: una denuncia por hechos falsos contra Iván N, hermano de Clara Aguayo y pareja de Ángeles Silva.
Acompañarlo nos permitió conocer de cerca retos del sistema de justicia: falta de información, omisiones, dificultades para hacer valer el debido proceso y actuaciones que no siempre parecían imparciales.
Después llegaron otras familias con las mismas preguntas. De esa experiencia y de reconocer en otros aquello que habíamos vivido nació Equidad y Justicia.
Que una experiencia familiar haya originado nuestra conciencia sobre una problemática no significa que el colectivo haya sido creado para “defender” a nuestro familiar.
Equidad y Justicia no ejerce la defensa jurídica de Iván N ni de ninguna de las personas mencionadas. Nuestra función es acompañar, orientar, canalizar y, ante posibles irregularidades u omisiones, pedir a las autoridades que las revisen.
Una mesa de trabajo con la fiscalía no es un favor para un imputado. Exigir que una autoridad haga correctamente su trabajo es un derecho ciudadano. Nuestro planteamiento es: debido proceso, presunción de inocencia, investigaciones profesionales y aplicación imparcial de la ley.
Narrativa mediática
Desde el nacimiento del colectivo, hemos mantenido el proceso de nuestro familiar fuera de redes sociales, conferencias y actividades públicas. No hemos utilizado su carpeta para construir una narrativa mediática a su favor. Si exigimos debido proceso, debemos comenzar respetándolo nosotras.
La nota (consultar en https://t.ly/bYZN4 ) menciona a Iván N, Luis N y Elliot N y los presenta como agresores. Los tres enfrentan procedimientos distintos y cada uno, mediante los mecanismos legales correspondientes, intenta acreditar su inocencia o controvertir las resoluciones existentes. Hay además un elemento común: en las carpetas de los tres obra un dictamen relacionado con la valoración sicológica de los hechos elaborado por Corazones Mágicos. Por eso consideramos indispensable revisar su metodología, la especialización de quienes los elaboran y el alcance que se pretende otorgarles.
Un procedimiento penal no debería convertirse en una sentencia social. Detrás de una carpeta hay empleos perdidos, familias fracturadas, afectaciones económicas y vidas que cambian desde una acusación. Eso no significa negar derechos a quienes denuncian.
Una parte central de nuestro trabajo ha sido señalar prácticas que consideramos necesario revisar respecto de la intervención de Corazones Mágicos en asuntos relacionados con posibles delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Desde que formulamos estos señalamientos comenzaron intentos por desacreditar nuestro trabajo. Consideramos que cuestionar prácticas que durante años permanecieron sin suficiente escrutinio incomodó a ciertas personas, pero eso no elimina la necesidad de hacer preguntas cuando están de por medio la infancia, el debido proceso y la calidad técnica de la evidencia.
En marzo de 2025 se hizo pública la firma de un convenio entre la fiscalía general del estado de Querétaro y Fundación Vida Plena I.A.P., a través de su programa Corazones Mágicos, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y otras formas de maltrato.
De acuerdo con los expedientes y casos que hemos conocido, estas intervenciones comenzaron años antes del convenio. Además, aunque Fernanda Lazo ha asegurado que no realizan diagnósticos, en distintas carpetas obran documentos con contenido diagnóstico, en hojas membretadas de Corazones Mágicos y elaborados por personal de sicología clínica de la organización.
Cuando una institución privada colabora con la institución que investiga delitos y, al mismo tiempo, interviene con niñas y niños cuyos casos pueden terminar en carpetas de investigación, sus funciones, controles y alcances deben estar delimitados.
En los asuntos que hemos conocido existen valoraciones de múltiples sesiones, pruebas proyectivas e instrumentos sicológicos cuya idoneidad para establecer un hecho de naturaleza sexual consideramos necesario cuestionar, además de tratamientos que pueden aproximarse a 180 sesiones y traducirse en cantidades vinculadas con reparación del daño.
Conforme a la información revisada, la organización no cuenta con personal especializado en peritaje forense infantil para emitir conclusiones con ese alcance. Tampoco aparece expresamente contemplada, ni en su acta constitutiva ni en el convenio con la fiscalía, la realización de diagnósticos destinados a incidir en una investigación penal.
▲ Imagen de la nota publicada por este diario (16/8/26)Foto La Jornada
No cuestionamos que un niño reciba atención sicológica. La pregunta es otra: ¿puede confundirse una intervención clínica o terapéutica con una evaluación capaz de acreditar dentro de una investigación penal que determinado hecho ocurrió y quién lo cometió?
También hemos tenido conocimiento de que Corazones Mágicos puede vincular a las familias con asistencia jurídica y la propia institución informa que participan abogados y profesionales de sicología. Un modelo integral puede ser legítimo, pero si acompañamiento, evaluación, tratamiento y asistencia jurídica inciden en un mismo procedimiento, deben existir mecanismos claros para evitar conflictos entre esas funciones.
El convenio tampoco responde todas las preguntas: es necesario conocer qué actividades autoriza, sus límites, quién supervisa las intervenciones y bajo qué calidad jurídica se incorpora información a una carpeta. También resulta pertinente preguntar si una evaluación con consecuencias penales debería ser realizada por personal pericial de la fiscalía, especializado en infancia y delitos sexuales y sujeto a controles institucionales.
La publicación de Sanjuana Martínez presenta la versión de la madre del niño y hechos que ella atribuye a su hijo. El niño también fue atendido en Corazones Mágicos, dato relevante por su relación institucional con la fiscalía y por las dudas técnicas que hemos planteado.
Existe una contradicción dolorosa: la nota pretende proteger a un niño y, sin embargo, incorpora elementos que permiten identificarlo y publica una fotografía en la que aparece junto a Iván N.
La propia nota identifica a la madre como fuente entrevistada para afirmar como verdaderos diversos hechos que no obran en la carpeta. La fotografía publicada había sido compartida por Iván N en su estado de WhatsApp durante 2022, al que la madre tuvo acceso. Por ello, resulta pertinente cuestionar cómo una imagen proveniente de un ámbito privado terminó incorporada a una publicación periodística que expone al propio niño.
Proteger a la infancia también significa impedir que su historia, intimidad e imagen se conviertan en instrumentos de una disputa pública.
La carpeta de investigación
La Jornada afirma haber tenido acceso a la carpeta de investigación CI/QRO/2615/2023 y después presenta distintos episodios dentro de su narración. Sobre ello hacemos una precisión clara: Los hechos narrados en la publicación no obran en la carpeta de investigación.
No detallaremos cuáles son porque la investigación involucra a un niño. La realidad probatoria será conocida ante el tribunal, no mediante una confrontación periodística. Por eso resulta grave presentar detalles que no existen en la carpeta y afirmar simultáneamente haber tenido acceso a una investigación reservada.
También resulta imposible ignorar el tratamiento otorgado a Iván N. En una publicación que aborda cuatro asuntos diferentes, Sanjuana decidió exhibir su rostro, nombre completo y un pie de fotografía que lo identifica como “el agresor vinculado a proceso”. No como persona vinculada a proceso. La diferencia no es semántica: es informar sobre un procedimiento o anticipar públicamente su resultado.
Vinculación con la machósfera
La publicación describe a nuestro colectivo y qué intereses aparentemente representamos. Pero nunca nos preguntó. Desde sus primeras líneas nos colocó dentro de la “machósfera” y afirmó que defendemos a “pederastas y agresores”. Ese fue el marco desde el cual se pidió al lector interpretar todo lo demás.
Defender la presunción de inocencia no significa negar a las víctimas. Pedir un peritaje técnicamente correcto no significa desacreditar a un niño. Cuestionar la actuación de una asociación no significa estar en contra de la protección de la infancia.
Exigirle a una fiscalía que investigue correctamente no significa pedir favores. Creemos en los derechos de las víctimas y también en los derechos de las personas acusadas. Una sociedad verdaderamente justa debe ser capaz de sostener ambas cosas al mismo tiempo. La justicia no debe tener género ni bandos.
Equidad y Justicia nació cuando descubrimos que otras familias caminaban por el mismo lugar oscuro que nosotros habíamos recorrido. Decidimos acompañarlas para que no tuvieran que hacerlo solas. Eso es lo que hacemos y lo que también merecían conocer los lectores de La Jornada.
