▲ El general en retiro fue secretario de Seguridad entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.Foto Cuartoscuro
De La Redacción
Periódico La Jornada
Martes 18 de agosto de 2026, p. 10
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, dejó de aparecer bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) desde el pasado 11 de agosto, de acuerdo con el registro federal.
Mérida Sánchez permaneció detenido durante tres meses por acusaciones de presuntos vínculos con Los Chapitos, se señala en el portal del sistema; sin embargo, no precisó su situación actual ni confirmó si fue trasladado a otra instalación.
Mérida Sánchez, de 66 años, se entregó el 11 de mayo pasado en Arizona, tras ser acusado por Estados Unidos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese armamento. Los cargos fueron presentados ante el Distrito Sur de Nueva York y contemplan una pena hasta de 40 años de prisión.
Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, y se pidió su extradición al aparecer en una lista de 10 funcionarios y ex funcionarios mexicanos encabezados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo los cargos de narcotráfico.
Posteriormente, permaneció en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, en la espera de una audiencia programada para el 4 de agosto ante la jueza Katherine Polk Failla, que fue pospuesta por tiempo indefinido. El aplazamiento ocurrió antes de que su registro dejara de señalarlo bajo custodia del BOP.
Hasta ayer, no se informó si el cambio en su registro correspondió a un traslado, una modificación administrativa de su custodia o alguna negociación relacionada con el proceso judicial. La abogada del general Mérida no respondió a solicitudes para confirmar la condición legal en que se encuentra el procesado.
Como antecedente, los nombres de dos hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán –Ovidio y Joaquín Guzmán López–, fueron borrados del registro del BOP antes de que se declaran culpables, mediante negociaciones para colaborar con el gobierno estadunidense en sus pesquisas contra el narcotráfico transnacional.
El gobierno de México exige a Washington “pruebas contundentes” que justifiquen los pedidos de extradición contra los 10 acusados, entre quienes está un senador oficialista, Enrique Inzunza.
