Un paso más en la presión sobre Cuba. El Departamento de Justicia se prepara para solicitar la acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, según informan los medios estadounidenses, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, flirtea con la idea de un hipotético ataque militar contra la isla.
Según los medios estadounidenses, la posible acusación contra Raúl Castro, de 94 años, está relacionada con la presunta participación del expresidente cubano en el derribo el 24 de febrero de 1996 de dos aviones operados por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Castro era ministro de Defensa en ese momento, y su hermano Fidel presidía el país.
En este sentido, el Departamento de Justicia ha anunciado que hará una declaración este miércoles en Miami (Florida), coincidiendo con una ceremonia en homenaje a las víctimas del incidente de 1996.
La posible acusación fue informada inicialmente por la CBS.
Cualquier acusación penal contra Castro, que requeriría la aprobación de un gran jurado, intensificaría las tensiones con La Habana y aumentaría las expectativas de una acción militar estadounidense en Cuba, con la sombra en el recuerdo de la llevada a cabo el 3 de enero en Venezuela para secuestrar al presidente del país, Nicolás Maduro, y conducirlo a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico.
Mientras Trump sigue empantanado con la guerra en Irán, crecen las especulaciones sobre sus nuevos pasos en relación con Cuba, después de haber anunciado a principios de este año una “toma de control” del país si su Gobierno no se plegaba a sus deseos.
La Fiscalía de Estados Unidos en Miami había creado un grupo de trabajo especial integrado por fiscales y agentes federales para reunir pruebas contra altos representantes cubanos, en medio de las presiones de varios republicanos del sur de Florida para reabrir la investigación sobre la presunta participación de Castro en el derribo del avión en 1996, informa AP.
El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con representantes cubanos, incluido el nieto de Castro, durante una visita de alto nivel a la isla el jueves pasado.
Castro, de 94 años, asumió la presidencia en 2011, sucediendo a su hermano enfermo, Fidel Castro, y en 2019 cedió el poder al actual presidente, Miguel Díaz-Canel.
Si bien se ha mantenido alejado de la atención pública desde su retiro en 2021 como líder del Partido Comunista de Cuba, mantiene ascendencia en la isla, y su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, se ha reunido con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Punto de inflexión
El derribo en 1996 por parte de Cuba de dos avionetas Cessna operadas por los Hermanos al Rescate marcó un hito en décadas de hostilidades entre ambos países.
En aquel entonces, el presidente de EEUU, Bill Clinton, exploraba con cautela maneras de reducir las tensiones con un adversario de la Guerra Fría, pero se enfrentaba a una fuerte oposición de los exiliados, quienes organizaban sobre vuelos sobre La Habana con fines propagandistas, lanzaban panfletos anticastristas y ayudaban a los balseros cubanos que huían de la isla.
Durante meses, La Habana había advertido a Washington de que estaban preparados para defenderse de lo que consideraban provocaciones deliberadas. Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas.
El 26 de febrero de 1996, misiles disparados por cazas MiG-29 de fabricación rusa derribaron dos avionetas civiles Cessna. Una tercera avioneta, que transportaba al líder de la organización, escapó por poco.
Poco después del derribo, el Congreso de EEUU aprobó la Ley Helms-Burton, que codificó el embargo comercial estadounidense promulgado en 1962 y complicó enormemente las relaciones con Cuba para los sucesivos presidentes estadounidenses.
Entre 1994 y 1996, La Habana documentó más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano por parte de la organización Hermanos al Rescate, según fuentes del Gobierno cubano. Cada una de estas violaciones fue informada formalmente por escrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Por ejemplo, el 13 de julio de 1995, dos avionetas entraron en una zona restringida al norte de la capital, sobrevolaron La Habana a muy baja altitud y lanzaron propaganda en apoyo de una flotilla de barcos anticubanos que había zarpado de Miami y entrado en aguas territoriales cubanas, según recuerdan las fuentes, que señalan que el 2 de septiembre de 1995 cinco avionetas Cessna y cinco helicópteros sobrevolaron en apoyo de otra flotilla frente a Varadero (Matanzas), y que el 9 y el 13 de enero de 1996 otras tres avionetas violaron el espacio aéreo al norte de las playas de Guanabo y Santa María del Mar y lanzaron panfletos en varios puntos de la costa.
El Gobierno cubano en aquel entonces reclamó varias veces al gobierno de EEUU que revocara las licencias de vuelo de estos pilotos, confiscara los aviones y pusiera fin a las actividades en su territorio, cosa que no ocurrió. A continuación, en enero de 1996, Cuba informó públicamente de que “cualquier aeronave que sobrevolara su espacio aéreo sin autorización sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada”.
Según explican fuentes del Gobierno cubano, el día del incidente, Estados Unidos tenía conocimiento de los vuelos, ya que había instruido a sus centros de control para que los documentaran desde el 23 de febrero, y añaden que el Centro de Control de Tráfico Aéreo de La Habana advirtió formalmente a las avionetas sobre las zonas de peligro activadas al norte de la capital.
Las aeronaves fueron interceptadas y derribadas entre 5 y 8 millas náuticas al norte de Playa Baracoa, ubicadas “completamente dentro de sus aguas territoriales y espacio aéreo soberano” de Cuba, según La Habana, que remite a la recuperación de restos (maletines y cartas náuticas) “a 9,3 millas de la costa el 25 de febrero”. EEUU, por su parte, argumenta que el derribo se produjo en espacio aéreo internacional, no cubano.
Cuba siempre ha argumentado su derecho a la legítima defensa y argumenta que “las incursiones aéreas no autorizadas y hostiles constituyen un ataque armado en forma de acto de fuerza”, y señala que las aeronaves Cessna de Hermanos al Rescate, “utilizadas para violaciones del espacio aéreo, lanzamiento de propaganda, espionaje y preparación de sabotaje, habían perdido todo carácter de ‘aeronave civil”.
La Habana, además, argumenta que Cuba, como Estado soberano, “tiene pleno derecho a regular y controlar su espacio aéreo y a tomar las medidas necesarias para defenderlo, incluyendo la interceptación y neutralización de intrusos hostiles”, en el “último de una larga serie de actos de agresión premeditados que pusieron en peligro vidas humanas y la seguridad nacional”.
Hasta el momento, Estados Unidos ha condenado a una persona por conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo del avión de Hermanos al Rescate. Gerardo Hernández, supuesto líder de una red de espionaje cubana desmantelada por el FBI en la década de 1990, fue sentenciado a cadena perpetua, pero fue liberado por Barack Obama durante un intercambio de prisioneros en 2014, como parte de un intento por normalizar las relaciones con Cuba.
Dos pilotos de cazas y su comandante también han sido acusados, pero se encuentran fuera del alcance de las autoridades estadounidenses en tanto que residen en Cuba.
Castro ya había sido objeto de investigaciones penales por parte de Estados Unidos. En 1993, fiscales federales en Miami consideraron acusarlo a él y a otros altos mandos militares cubanos de tráfico de cocaína, basándose en el testimonio de narcotraficantes colombianos que surgió durante el juicio por narcotráfico del expresidente panameño Manuel Noriega, según informó en 2006.
Sin embargo, nunca se presentó una acusación formal debido a las dudas sobre la credibilidad del testigo y al temor de que pudiera poner en riesgo las operaciones de inteligencia estadounidenses y frustrar los intentos de acercamiento de Clinton.
