La comisión de investigación que impulsó el PP aprovechando su mayoría absoluta en el Senado sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 culpa en sus conclusiones al Gobierno y al operador del sistema, Red Eléctrica (REE), y apunta a “falta de diligencia” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su papel de regulador del sector.
El PP, que no aprecia ninguna responsabilidad en el histórico cero energético de las eléctricas privadas, ha concluido que la “responsabilidad política” del apagón es del Gobierno de Pedro Sánchez y “sus políticas radicales y sectarias, basadas en la ideología y no en la tecnología”.
La portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, ha señalado en una rueda de prensa este miércoles para presentar las conclusiones de esta comisión que el apagón “no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida. Fue el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes”.
García Rodríguez ha exigido la “dimisión inmediata” de la vicepresidenta del gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el “cese fulminante” de la presidenta de Redeia (matriz de REE, en la que el Estado es primer accionista), la exministra Beatriz Corredor.
La portavoz popular ha señalado que los populares concluyen que “las señales, las alertas, los avisos sí existían. Por tanto, el problema no fue la falta de avisos, sino la falta de reacción ante ellos”, informa EFE.
Además de considerar “responsables” de ese cero energético a REE y su matriz, Redeia, y al Ministerio para la Transición Ecológica, el informe de la comisión apunta también a la CNMC, el organismo que el propio PP creó en 2013 aniquilando el antiguo modelo de reguladores sectoriales y aglutinándolos en un único ente, en un modelo prácticamente inédito en el mundo.
El documento señala que “la CNMC conocía o debía conocer los riesgos sistémicos que precedieron al apagón, pero no actuó con la diligencia exigible, y tras el apagón ha adoptado decisiones que pretenden preservarla en la opacidad sobre su propia corresponsabilidad en los hechos”, en alusión al procedimiento de operación para controlar la tensión eléctrica que el denominado superregulador aprobó poco después del cero energético, cuando la actualización de esa normativa “había sido identificada como necesaria desde al menos 2019” por el propio organismo.
El informe aprobado por la mayoría del PP se aparta de las conclusiones de los informes que han elaborado en los últimos meses la propia CNMC, los expertos de la Comisión Europea, REE y el Gobierno, el primero en publicar un dictamen que apuntó que este fue un fenómeno “multifactorial”.
Los populares presumen de que esta comisión, creada en mayo de 2024 para, afirman, “esclarecer las causas del apagón y depurar las eventuales responsabilidades políticas derivadas de un suceso de extraordinaria gravedad”, “ha cumplido una fundamental función de servicio público que ha permitido a los españoles contar con una información” que ha sido “deliberadamente urtada” [sic].
Una labor, dicen en el PP, “necesaria, para que cada ciudadano pueda ejercer sus propio juicio de valor sobre un hecho demasiado triste en nuestra historia reciente”.
