La Jornada: Astillero

N

o asoma otro motivo para 10 días de forzada estancia en México de la ultraderechista presidenta de la comunidad de Madrid que la provocación.

En la propia España hay críticas serias al aventurerismo de Isabel Díaz Ayuso, y no sólo desde el flanco izquierdo o progresista, sino incluso desde la misma ultraderecha organizada en el partido Vox, cuya portavoz en la Asamblea de Madrid, y portavoz nacional de Agenda España (sobre esta Agenda, defensora de “la familia, la vida y las raíces comunes de Occidente”: https://goo.su/jYybE81), Isabel Pérez Moñino, quien la acusó de “preferir la Ciudad de México a Vallecas”, a pesar de que “quienes le pagan el sueldo son los vecinos de Madrid”, según dio a conocer el diario monarquista hispano ABC.

El viaje de Díaz Ayuso tiene una agenda pública centrada en la estridencia, cobijada por grupos conservadores relacionados con el panismo y, de manera más sugerente, con el grupo empresarial y mediático-político de Ricardo Salinas Pliego. Dedicó más de 300 mil euros a la Feria de San Marcos para pretender justificar su viaje como promoción madrileña, en el Aguascalientes gobernado por Teresa Jiménez, que enfrentará el año entrante un intento fuerte de Morena por frenar la persistencia de Acción Nacional en esa entidad. También se ha programado una reunión con mandatarios estatales conservadores.

En el guion del escándalo como trampolín se incluyó un homenaje a Hernán Cortés en dos escenarios: en la Catedral Metropolitana, donde no se hizo por problemas logísticos de la producción de la obra Malinche, dirigida por quien fue miembro del grupo Mecano, conocido como Nacho Cano, y en el Frontón México, donde pudieron participar la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de veleidades partidistas y políticas constantes, ahora aplicada a construir una candidatura a lo que sea, y la empresaria María Laura Medina, esposa de Salinas Pliego, una de cuyas empresas patrocina la citada obra Malinche.

En otro escenario, el sinaloense, el máximo jefe policiaco, Omar García Harfuch, encabezó una reunión del gabinete federal de seguridad en Culiacán acompañado de los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional y de la flamante gobernadora interina, Yeraldine Bonilla. La mayor parte de la presentación formal hecha luego ante la prensa estuvo constituida por actualizaciones de estadísticas, objetivos y estimaciones que en esencia tratan de convencer a los habitantes de aquella entidad de que el gobierno federal no se retirará y seguirá luchando contra el crimen organizado. A la hora de las muy pocas preguntas periodísticas, García Harfuch señaló que a su entender no tiene fuero el gobernador con licencia, Rocha Moya, del cual tampoco sabe con exactitud dónde se encuentra, aunque supone que sigue en Sinaloa.

Al preguntársele si el gobierno federal o el gabinete de seguridad habían tenido o tienen sospechas de Rocha Moya, el jefe policiaco respondió: “por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio (…) nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”.

En la conferencia mañanera de prensa se estrenó la consejera jurídica presidencial, Luisa María Alcalde, con una argumentación reiterativa en cuanto a la necesidad de pruebas estadunidenses contra el sinaloense y a la falta de demostración del sentido de “urgencia” para detenerlo de manera provisional e iniciar el plazo para determinar su eventual extradición. El abogado Gabriel Regino, en una entrevista, aseguró que cada semana se procesan entre 12 y 15 solicitudes estadunidenses similares a la referida a Rocha Moya, sin que México pida pruebas, ni confidencialidad, ni confirmación de urgencias. Aseguró que los planteamientos de Alcalde son políticos, sin precisión de técnica jurídica (https://goo.su/oKZ2xo4). ¡Hasta mañana!

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