▲ En imagen de archivo, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya (derecha), y Alonso Ancira, entonces dueño de Altos Hornos de México, gozan de impunidad.Foto Notimex
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esde tiempos inmemorables, en las altas esferas del poder político es recurrente escuchar una frase cajonera: “no habrá impunidad”, que se suma a otras igual de famosas y repetitivas, como “caiga quien caiga”, “nada ni nadie fuera de la ley”, “la justicia es igual para todos”, y así por el estilo. Si se cobrara un peso, sólo uno, cada que un integrante de aquel pronuncia enunciados como los que se citan (aunque el inventario de ellos es por demás abundante), sin duda México no tendría deuda y sería superavitario en todos los sectores.
El problema es que aquellas nunca trascienden el discurso. Por el contrario, las repiten hasta la ignominia, a la par que la impunidad crece como la espuma, no cae nadie y sólo los privilegiados tiene acceso (mediante módica cuota) a los servicios de la justicia que “es igual para todos”. Terrible.
Son innumerables los casos con impunidad garantizada (barones, políticos –con todo y familia–, funcionarios, amigos, socios, casas chicas y grandes, y conexos). Sexenios van y vienen y la constante es la descrita, mientras los involucrados en actos de corrupción, saqueo, fraude, lavado de dinero, etcétera, etcétera, gozan haberes malhabidos y evitan la cárcel por compadrazgos, connivencia, un ejército de abogados y “facilidades” de carácter judicial, siempre bajo el manto protector de otra consigna: perro no come perros y entre ellos se protegen.
Uno de tantos casos es el relacionado con el fraude a la nación cometido por Alonso Ancira Elizondo (hampón disfrazado de empresario que se quedó con Altos Hornos de México gracias a la privatización salinista) en connivencia con el flamante director peñanietista de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya Austin, que data de 2013, cuando ambos concretaron la compraventa del consorcio Agronitrogenados (un montón de fierros viejos) por 275 millones de dólares, con un sobreprecio, nada más nada menos, de 216 millones de billetes verdes, de los que el entonces funcionario se quedó con una modesta “comisión” de 3.4 millones.
Con la cara más dura que el concreto, Lozoya Austin es el mismo que entre sus primeros discursos como director general de Petróleos Mexicanos aseguró: “mi administración tendrá una tolerancia cero ante cualquier comportamiento fuera del marco legal, ya sea de privados o dentro de esta empresa; Pemex debe ser la más transparente y contar con un sistema real y permanente de rendición de cuentas”.
Y Alonso Ancira también es el mismo que defraudó a instituciones del Estado como Nacional Financiera, y a raíz de ello se fugó a Israel, donde permaneció cómodamente por algún tiempo. Amarrados los contactos políticos, sin problema alguno regresó a México para seguir en lo suyo, y más recientemente reventó a la empresa que prácticamente le regaló Carlos Salinas de Gortari (Altos Hornos) y dejó en la calle a cerca de 20 mil trabajadores, deudas y estafas por doquier. Y sigue tan campante.
Cuando estalló el escándalo de Agronitrogenados (2019), Ancira huyó a España; ahí lo detuvieron y encarcelaron; lo repatriaron a México y finalmente fue enchiquerado en el Reclusorio Norte, del que salió en libertad sólo tras aceptar y firmar un “acuerdo reparatorio” (febrero de 2021) con el gobierno federal por los 216 millones defraudados, pagaderos en tres entregas, con el fin de “resarcir al erario”., so pena que de no hacerlo regresaría al Reclusorio Norte.
Cubrió las dos primeras (de 50 y 54 millones de dólares) y la tercera (por 112 millones de billetes verdes) debió pagarle en noviembre de 2023, lo que no hizo. El gobierno federal le otorgó una prórroga de un año y en ese mes, pero de 2024, el gánster no solo incumplió, sino que ya había huido a Estados Unidos (tiene doble nacionalidad), en donde permanece sin ser molestado. Nunca lo regresaron al reclusorio.
Sirva el contexto anterior para entender la desesperante lentitud de “la justicia que es igual para todos”: han transcurrido 13 años del fraude a Pemex (y contando) y la moneda sigue en el aire. La Fiscalía General de la República justifica la “demora”, porque dice “dos apelaciones a sentencias judiciales, promovidas por la defensa de Emilio Lozoya han impedido reactivar el proceso penal en su contra y de Alonso Ancira. Eso sí, el pasado día 7 “se reactivó la orden de aprehensión”. Y sólo han transcurrido trece años, en un circuito de avance-retroceso-olvido-avance (etcétera).
Las rebanadas del pastel
Se repiten las gráficas que documentan y denuncian (2003) la tortura del ejército estadunidense en Abu Ghraib, Irak, pero ahora contra palestinos detenidos por el régimen genocida de Benjamín Netanyahu. Ignominioso.
Twitter: @cafevega
