El seudosindicato Manos Limpias ha pedido en su escrito de acusación más de diez años de cárcel para Begoña Gómez por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el documento, registrado este viernes, también solicita que se condene al empresario Juan Carlos Barrabés a dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias.
La organización argumenta que Gómez “se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno” para que el rector de la Universidad Complutense “diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla”. “Se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido [15.000 euros] sino que también detrajo el software desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil”, señala el escrito, que también apunta que “inmediatamente después”, en julio de 2020, emitió “cartas de recomendación a favor de la empresa” de Barrabés.
Esas cartas a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. Un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario, pero Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa.
Manos Limpias también cree que los hechos anteriores podrían constituir un delito de prevaricación del que sería responsable quien nombró a Begoña Gómez para la cátedra universitaria, pero entiende que “tal acusación no es factible en este momento procesal”.
La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018.
Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”.
Recientemente, Manos Limpias pidió al juez en un escrito que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señalaba, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.
