En España se ha vuelto algo normal que una empresa privada sea capaz de bloquear el acceso a cualquier página web cuando le apetezca; bajo la excusa de la lucha contra la piratería, miles de servicios legales se ven afectados cada vez que hay fútbol.
Y ya no es sólo el fútbol; ayer mismo se reveló una nueva sentencia judicial que permite el bloqueo de Internet en España en cualquier día de la semana, siempre y cuando exista un “evento deportivo” de cualquier tipo en ese momento.
La táctica de los propietarios de los derechos ha recibido críticas de los usuarios y de organizaciones de defensa de los internautas, pero hasta el momento no ha sido una prioridad para el Gobierno, una decisión que ahora ha quedado en evidencia.
El informe que revela el problema español
Un nuevo informe publicado por el CEPS (Centro de Estudios de Políticas Europeas), un influyente ‘think tank’ que asesora a la Unión Europea ha llegado a la conclusión de que el sistema actual de bloqueo de páginas web piratas está “roto” y causa “graves daños colaterales”.
En concreto, el informe se centra en el bloqueo por dirección IP como el que LaLiga y Telefónica están aplicando en España, criticando que es “impreciso” y que no sólo tumba el sitio pirata, sino también miles de servicios legítimos que comparten la misma infraestructura.
Por ejemplo, si una página que no tiene nada que ver con el fútbol tiene un servicio contratado en Cloudflare o en un servicio de ‘hosting’ que también está siendo usado por un servicio pirata, será bloqueada de manera automática simplemente porque comparte la misma dirección IP.
El estudio alega que estas medidas pueden violar el principio de proporcionalidad y la libertad de información, que son derechos fundamentales protegidos por los tratados de la UE. Además, estas acciones pueden chocar con el Reglamento sobre la Internet Abierta, que exige que la gestión del tráfico sea “transparente y no discriminatoria”.
Los casos de España e Italia son los protagonistas del estudio, mencionando la orden judicial a favor de LaLiga que le ha permitido desde el año pasado bloquear a más de 3.300 servicios legales que no tenían nada que ver con la piratería, según la investigación del CEPS.
Sobre esto, el CEPS destaca la responsabilidad de los titulares de los derechos, las ligas de fútbol y las propietarias de los derechos de emisión como canales de televisión y plataformas por suscripción, ya que solicitan las órdenes de bloqueo sin coste alguno.
Son las operadoras las que ahora tienen que aceptar los gastos de implementación de los bloqueos, como por ejemplo, para responder a las peticiones de manera rápida a riesgo de sufrir multas.
Medidas contra los bloqueos injustos
Por esto, el CEPS sugiere que los titulares de los derechos sean responsables legales de los daños causados por bloqueos erróneos y contribuir a los costes técnicos de ejecución, ya que en estos momentos, “no tienen incentivos” para ser precisos y evitar víctimas colaterales.
Sumado a esto, el estudio propone 12 recomendaciones para alinear las prácticas de lucha contra la piratería con los valores europeos, incluyendo la prohibición del bloqueo por IP y usar únicamente bloqueos por DNS o URL, que son más precisos.
De la misma manera, advierte que ningún bloqueo debería ocurrir sin la supervisión previa de un juez, para evitar abusos administrativos como los que ya han ocurrido en Italia, donde el Piracy Shield permitió el bloqueo de servicios como Google Drive.
Por último, la Comisión Europea debería emitir directrices claras para evitar que cada país actúe de forma distinta y fragmentando el mercado único digital.
