▲ Los altos índices de impunidad son otro factor que atiza el flagelo que tiene un amplio universo de víctimas.Foto Luis Castillo
Jessica Xantomila y Alexia Villaseñor
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2026, p. 4
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que México enfrenta “una grave crisis” de desaparición de personas y de identificación humana de cuerpos bajo custodia del Estado. El delito, aseveró en un informe, es “generalizado” y el universo de víctimas agrupa una multiplicidad de perfiles, incluidos niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado, al igual que mujeres y niñas víctimas de violencia de género, destacando la trata con fines de explotación sexual o trabajo forzado.
En la presentación del documento, la relatora de la CIDH para México, Andrea Pochak, resaltó que la desaparición continúa ocurriendo “por los altos niveles de impunidad”. Sus modalidades, añadió, se han transformado en las últimas décadas: actualmente el rol del crimen organizado es predominante y, en diversos contextos, opera “en estrecha connivencia con agentes estatales”, quienes participan en distintos niveles, que pueden ir desde entregar a la persona a grupos delictivos hasta la privación de la vida.
Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reconoció el dolor, la valentía y la legítima exigencia de las familias de las víctimas; al tiempo que admitió que “aún hay pendientes”, pero “tenemos el compromiso de atenderlos”. Entre ellos, destacó “el reto de trabajar de manera coordinada” entre las autoridades federales, estatales y municipales.
También refrendó la convicción “de mantener una relación de cooperación, diálogo y respeto con organismos internacionales” como la CIDH y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En su informe, presentado en el Museo Memoria y Tolerancia ante familias de víctimas, autoridades gubernamentales, colectivos y académicos, la CIDH igualmente advirtió sobre la desaparición de migrantes –particularmente por trata con fines de explotación laboral o sexual–, personas de la diversidad sexual, periodistas y defensores de derechos humanos; estos últimos, por buscar a sus familiares o por proteger y denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente.
Apuntó que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con corte a febrero de 2026, existen más de 128 mil reportes de casos. Asimismo, señaló que estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados supera 70 mil.
En el documento, que comprende particularmente el periodo desde 2018 y retoma información de diversas fuentes –gubernamentales, víctimas y organizaciones civiles–, la CIDH reconoció que el Estado se ha referido a la desaparición como una crisis humanitaria, así como a la existencia de una emergencia forense, y que ello ha estado acompañado de una serie de acciones mediante la creación de instituciones y de la adopción de normativas.
Sin embargo, enfatizó que persisten desafíos relevantes, especialmente en materia de prevención, acceso a la justicia y políticas de memoria. En términos de identificación humana, indicó que los esfuerzos son aún insuficientes en comparación con la magnitud del problema.
El subsecretario Medina refirió que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó hacer frente a las desapariciones como una prioridad nacional. Indicó que, a reserva de revisar las 40 recomendaciones de la CIDH, “muchas de ellas ya forman parte de la estrategia que impulsa el gobierno de México”.
En un comunicado conjunto, Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores consideraron que la participación del gobierno federal en el informe “constituye un hecho relevante que muestra el compromiso con la cooperación y el fortalecimiento del sistema multilateral”.
Por la noche, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se reunió con Pochak y otros titulares de órganos federales.
