▲ Un operativo en Chihuahua destapó una colaboración ilegal.Foto Fiscalía de Chihuahua
C
on más imaginación que certeza, la presidenta Sheinbaum espera que la oprobiosa violación constitucional y de la Ley de Seguridad Nacional cometida por la gringa Maru Campos, quien se dice “gobernadora” de CIAhuahua (Fisgón dixit), se trate de una “excepción”, es decir, que tal actitud fue una mera “casualidad”, un “resbalón”, y que el par de agentes de la tenebrosa agencia estadunidense simplemente se “coló” en un operativo antinarcóticos, “sin conocimiento” ni aval de la “autoridad” del estado y menos de la federal.
Lo mismo para la intromisión del gobierno estadunidense y otro de sus agentes, Ronald Johnson, quien despacha encubierto como embajador en México, a quien, como protesta oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó una nota diplomática “y están de acuerdo en que se cumpla la Constitución y las leyes mexicanas” (algo por demás difícil de creer).
Entonces, dice la mandataria, “para que esto quede como un caso de excepción y que no se repita una situación como ésta y que garanticemos, en efecto, que es una relación de coordinación (con la Casa Blanca) con el respeto nuestro hacia ellos y de ellos hacia nosotros, porque la relación tiene que ser una relación de respeto, más allá de que se aclare en particular este caso”, y “como se venía haciendo se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”. Entonces, dijo, “que se mantengan los términos de entendimiento que tienen ambos países y que ha dado resultados”.
Bien, ante todo buena voluntad y buenos deseos, pero todo indica que dicho anhelo no pasará de ser una anécdota, dado el antecedente inmediato aportado por la propia “gobernadora” gringa y sus cómplices y paisanos: “desde 2023, el gobierno de Chihuahua ha permitido que las agencias de seguridad estadunidenses accedan a la plataforma Centinela (de Chihuahua), la cual cuenta con 4 mil cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, según consta en un memorando de entendimiento que la mandataria María Eugenia Campos Galván firmó con su homólogo texano, Greg Abbott (obstinado odiador de México).
Además, agencias como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) o la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado del vecino país, mantienen convenios de capacitación y otras asesorías, firmados directamente con la fiscalía chihuahuense o con la policía del estado. El citado memorando plantea que Texas y Chihuahua trabajarán de manera colaborativa para asegurar que los vehículos que crucen un puerto de entrada internacional cumplan las normas de seguridad para reducir el tráfico de personas y el contrabando de fentanilo y otros narcóticos, y para detener el flujo de migrantes procedentes de más de 100 países que ingresan a Texas de manera ilegal a través de Chihuahua, incluyendo responder a las áreas de conflicto según las vaya identificando el Departamento de Seguridad Pública de Texas. La Secretaría de Seguridad Pública del estado reiteró que continuará su colaboración con agencias estadunidenses en intercambio de información, capacitación y estrategias” ( La Jornada, Jesús Estrada, corresponsal).
Desde luego, lo anterior lejos está de dar siquiera indicios de que la operación de la CIA y el ramillete de agencias gringas, más la larguísima mano de la embajada estadunidense en Chihuahua, es no solo “nueva”, sino mera casualidad, un pequeño “olvido” de los protocolos y los acuerdos bilaterales. Un “detallito”, pues.
Pero convertir este delicadísimo asunto en un interminable culebrón político que dé largas y más largas para no proceder sobre un delito plenamente comprobado, sería lesa patria y carta blanca para que las cosas lejos de corregirse se intensifiquen. Y obvio es que para el jefe de los agentes, el tal Johnson, no resulta suficiente una simple nota diplomática.
Mientras tanto, Maru se convierte en la reina de los memes: los colegas le preguntan sobre este enjuague y ella dice: “por estar bajo investigación, ahorita no puedo hablar de nada”, incluyendo sobre su responsabilidad, la del fiscal estatal, César Jauregui, y la del secretario de Seguridad de la entidad, Gilberto Loya. Y se va, porque “debo responder una llamada del teléfono rojo”.
Qué cara dura: descaradamente viola las leyes mexicanas, pero, ¡sorpresa!: en ellas mismas se ampara para mantener la boca cerrada con el pretexto de la “investigación”
Las rebanadas del pastel
Pues bien, en una de esas a la gringa no le quedará más que hacer maletas y agarrar rumbo a Texas. No tiene de otra para evitar las consecuencias, así sea momentáneamente.
X: @cafevega
