▲ A Ronald Johnson no le caería nada mal una invitación oficial a dejar la embajada de Estados Unidos, aunque luego envíen a otro de la misma calaña.Foto Jair Cabrera Torres
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uy quitada de la pena, la ultraderecha autóctona estaba feliz, porque el jefe de la estación de la CIA en México, Ronald Johnson, puso en marcha el operativo “distracción” (ordenado desde Washing-ton) con un doble propósito: refrendar su carácter injerencista, armar un escándalo político y mediático en contra del gobierno mexicano y, a la vez, envolver con su manto protector a una de sus paisanas y empleadas, Maru Campos –adherida al fuero–, quien supuso que tras la “bomba Rocha” nadie recordaría su flagrante violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.
Pero erró en la jugada. La Jornada (Iván Evair Saldaña) informa: “la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de las indagatorias por un operativo contra un narcolaboratorio en el que habrían participado presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuyo estatus y acreditaciones en México también son investigados. El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, advirtió que, de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional por la presencia de personas extranjeras en el estado –“gobernado” por la panista María Eugenia Campos–, se aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable”.
Algo más: “se han realizado requerimientos de ley” para que el “gobierno” de Chihuahua detalle las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido en la sierra Tarahumara, el cual, según versión de Maru Campos, permitió la localización y desmantelamiento de un “megalaboratorio” en el que no aparecieron responsables ni drogas eventualmente fabricadas en él. Solo cuatro fallecidos, dos de los cuales eran agentes de la CIA ilegalmente presentes y operativos en territorio nacional. Ello, sin olvidar que “la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR”.
Así, la muy limitada ultraderecha autóctona (que todavía se anima a decir que existe “un linchamiento mediático y político” contra Maru Campos) creyó que con el fantasma de Rubén Rocha hizo su agosto político-mediático, amén de celebrar que a la “gobernadora” panista no le tocarían un pelo. Sin embargo, dejó de lado el caso de los agentes de la CIA, la culpabilidad de la “mandataria” de Chihuahua (quien debe pedir licencia) y se quedó con las ganas, porque la investigación llegará a una sola conclusión: la panista es responsable, como lo es el jefe de estación, a quien nada mal le caería una invitación oficial para que abandone la embajada gringa en México por ser persona non grata, junto con su cónsul en Ciudad Juárez, Rafael Foley (seguramente Wa-shington enviaría a otro par de la misma calaña, pero en vía de mientras, hay que expulsarlos).
Por cierto, la presidenta Sheinbaum reveló que en su encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la “gobernadora” Campos no dio información adicional a la ya conocida públicamente, es decir, fingió demencia. Lo cierto, dijo la mandataria, es que inmediatamente después de conocerse la ilegal presencia y operación de dos agentes de la CIA en territorio mexicano, mágicamente llega la “solicitud” del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos, con el exgobernador de Sinaloa a la cabeza.
Y tanto en este último asunto como en el de Maru Campos, el gobierno mexicano actúa de la misma forma. “¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley, en el caso de Chihuahua decimos a la Fiscalía: ‘que revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes’; en el de Sinaloa, lo mismo: a la Secretaría de Relaciones Exteriores: ‘pide opinión de la Fiscalía General de la República para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional’”.
Las rebanadas del pastel
Mientras las secretarías de Economía y Trabajo no dejan de jugar al tío Lolo en el tenebroso caso de la minera canadiense Camino Rojo, en Zacatecas, el dirigente nacional de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que el mismo modus operandi se registra en otras empresas del sector en las que también está involucrado el crimen organizado, “tanto para agredir como para infiltrarse en la vida sindical”. Ejemplos: Plata Panamericana, también en Zacatecas; Americas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa; y Torex Gold, en Guerrero, “en las cuales también se ha comprobado esta modalidad”, es decir “narcosindicatos”. La mayoría de ellas son canadienses. ¿Y Ebrard y Marath? Papando moscas.
Twitter: @cafevega
