El exministro José Luis Ábalos ha optado por ejercer su derecho a la última palabra ante los siete magistrados que decidirán sobre los graves delitos que le atribuyen las acusaciones. Durante alrededor de media hora, el que fuera también secretario de Organización del PSOE ha lanzado un alegato en el que ha cargado contra el juez instructor que le sentó en el banquillo, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firman los atestados que le incriminan y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien solicita para él 24 años de cárcel. “Mis respuestas le daban igual”, ha dicho en referencia al interrogatorio al que le sometió el pasado lunes.
El exministro se ha mostrado también como víctima de una “causa general” que ya estaba “predeterminada” y de los “juicios paralelos” que han surgido para “intoxicar” y “viciar” procesos judiciales como este que ha enjuiciado el Tribunal Supremo. “Es imposible defenderse”, ha afirmado. Ábalos también ha respondido al fiscal jefe Anticorrupción, que por la mañana aludió a la “desolación” que le produce que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. “Dos contratos de plazas temporales a los que no se les permite consolidar… ¿Eso es colonizar el sector público?”, ha dicho Ábalos en relación con las dos mujeres vinculadas a él que fueron contratadas en empresas públicas que dependían del Ministerio de Transportes.
El exministro también ha tenido palabras para Víctor de Aldama, el empresario que presuntamente le corrompió y que se ha visto beneficiado de una contundente rebaja en la petición de penas contra él debido a su supuesta colaboración con la Justicia. Ábalos ha sostenido que ve bien que el empresario se haya “arrepentido”, pero ha lamentado los “daños colaterales” que ha conllevado su confesión. “No le he hecho mal a este señor. Le doy vueltas a la cabeza en la celda sobre qué mal le he podido hacer para que me haga tanto daño”, ha reflexionado ante los magistrados.
Y ha explicado que entiende que cuando entró en prisión el empresario, la vía que le quedó fue la de aprovechar “el marco político y la polarización excesiva” para, en ese clima, encontrar una “gran ventaja” de politizarar el asunto y apuntar contra el Gobierno. “Con el tiempo, algunas de esas personas no aparecen imputadas, a excepción de Santos Cerdán. El resto no aparece”, ha puntualizado.
Ante el tribunal, Ábalos ha defendido que hacía uso de esta última palabra porque se juega “la poca vida” que le queda y ha enfatizado que no quería hablar de sentimientos para no ser acusado de “victimismo”. Después, ha apuntado que en el proceso se le ha “anulado su derecho a la defensa” cuando tuvo que declarar sin abogado en instrucción. En esa declaración, ha recordado, se le invitó por parte del instructor Leopoldo Puente a colaborar con una confesión, y ha lamentado que “al juntarse la hipótesis de culpabilidad con la posibilidad de confesión, se estaba ante un proceso inquisitorial”.
El exasesor Koldo García también ha hecho uso de su derecho a la última palabra. Ha acusado al abogado del PP —que lidera la acusación popular— de ofrecerle “colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles” para “no entrar en la cárcel”. “A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha asegurado Koldo García.
Previamente, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha defendido que los contratos de mascarillas que han sido objeto de investigación fueron legales, los ha calificado de “impecables”, y ha incidido en que los presuntos pagos mensuales de 10.000 euros de Aldama al ministro y a su asesor no han sido probados. “No hay rastro en las actuaciones de las entregas de dinero”, ha explicado, para acto seguido mostrar su sorpresa por la “hipersensibilidad” de las acusaciones a la hora de solicitar “rebajas de penas sustanciales” para el comisionista por colaboraciones que no lo merecen.
Asimismo, ha defendido ante los magistrados del Tribunal Supremo que, desde el inicio, el proceso “ha tenido una connotación política” porque las contrataciones en pandemia para la compra de material sanitario eran “un tema cerrado que no admitía discusiones jurídicas” hasta que “de forma sorpresiva prospera la denuncia del PP de Madrid” que se transforma en una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Ha apuntado que, una vez abierta la investigación, comenzó “un sonido de fondo en relación a Koldo García” al que se le da el papel de “adlátere de Ábalos” y empieza el “runrún de la eventual participación del ministro” que viene impulsada por una auditoría del Ministerio dirigido por Óscar Puente que sirve de “catalizador” del proceso.
Además, ha incidido como ya hiciera a lo largo del plenario en que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “parece bastante prospectiva” y ha lamentado que se les ha privado de poder acceder a los dispositivos que han servido de apoyo para los informes policiales que han servido como esqueleto para armar la acusación contra el exministro. Busca así poner el foco en que se ha dado una irregularidad en ese punto porque el propio Supremo indicó en un auto que sí debían tener acceso a esas evidencias.
Y, a su juicio, no se les ha dado acceso a esas evidencias porque de se intenta “ocultar” para que no sea evidente que se vulneró la inmunidad parlamentaria de Ábalos porque fue objeto de investigación antes de ser suspendido por el Congreso de los Diputados.
Además, ha afeado que la Fiscalía haya hablado de situaciones de colonización de la Administración por una organización criminal cuando sólo se habla de “dos contratos controvertidos” en lo que asegura que no hubo irregularidad y que fueron “impecables”. “Es una especie de maldición genérica: el ministro corrupto urbi et orbe que se convierte en un ser indeseable”, ha apostillado.
Turiel se ha esforzado por tumbar una a una las presuntas dádivas que habría recibido de Aldama más allá de esos 10.000 euros, y se ha fijado en la figura de Jésica Rodríguez, la expareja del ministro, para aseverar que era “un gancho del señor Aldama”. “Existe una relación mercantilizada, ha dicho, indicando que el alquiler de Plaza España era del interés del empresario y por eso se ”oculta“ tras su socio Alberto Escolano.
La abogada de Koldo García carga contra la UCO
La sesión de la tarde la ha inaugurado Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, quien desplegó un extenso informe en el que también puso en entredicho los informes de la UCO que incriminan a su cliente. La letrada aseguró que los investigadores de la unidad de élite de la Guardia Civil se apoyaran en “valoraciones” para armar la acusación contra su cliente con frases como “hizo lo más grande” y mantuvo que no existen indicios de que el exasesor recibiera mensualmente la cantidad de 10.000 euros del empresario Víctor de Aldama.
La abogada negó que su cliente formara parte de la supuesta organización criminal y añadió que, como mucho, “pasó de refilón” por la misma. Así, indicó que quien sí tenía un grupo criminal era Aldama, a quien acusó de haber ido “adaptando su relato al de la UCO”. Además, la letrada recordó que su cliente todavía no ha recuperado todos los dispositivos que le fueron incautados cuando fue detenido en febrero de 2024. A su juicio, eso les ha privado de elementos de defensa porque no ha podido contrastar si están contextualizados los mensajes que aparecen en los informes de la Guardia Civil y que le incriminan. “Venimos a este juicio como cordero al matadero”, aseveró.
Por otro lado, De la Hoz afirmó que sería un “fraude de ley” que se aplicara a Aldama la atenuante muy cualificada por su colaboración con la Justicia, tal y como ha reclamado la acusación popular que lidera el PP y ha respaldado el fiscal jefe Anticorrupción. En caso de ser estimada por los magistrados, esa atenuante podría permitir al empresario eludir la prisión.
La letrada afirmó que el empresario que se embolsó más de tres millones de euros por los contratos de mascarillas bajo sospecha “tiene ánimo espurio” y destacó las “contradicciones en sus manifestaciones”. “No contribuye al fin de la organización porque la organización ya no existe cuando colabora con la Justicia. No arroja luz sobre los integrantes. Se exige que haya abandonado la causas delictivas, pero sigue con ello”, sentenció.
