▲ De las 36 mil armas que fueron decomisadas en el vecino país del norte, más de 4 mil iban destinadas a organizaciones criminales mexicanas.Foto La Jornada
Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada
Domingo 14 de junio de 2026, p. 7
Mientras el gobierno de Estados Unidos destaca que las incautaciones de armas ilegales en su territorio aumentaron 125 por ciento en lo que va de la segunda administración de Donald Trump –con más de 36 mil armas decomisadas, entre ellas 4 mil 359 destinadas a organizaciones criminales mexicanas–, un estudio de la Universidad de Georgetown advierte que las medidas con mayor potencial para frenar el tráfico de armas hacia México siguen sin aplicarse, e incluso algunas han retrocedido en los últimos meses.
La investigación, publicada en mayo por Claire Castrejon y Abigail Tank para el Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown, en colaboración con la iniciativa Stop US Arms to Mexico de Global Exchange, se basa en datos de rastreo de armas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) obtenidos mediante una solicitud de transparencia para el periodo 2015-2024. A partir de ese análisis, las autoras plantean cuatro recomendaciones centrales para Estados Unidos.
Vertificar, inspeccionar, supervisar y legislar
La primera recomendación es establecer la verificación obligatoria de antecedentes en todas las ventas de armas, incluidas las transacciones entre particulares. Actualmente, la ley federal sólo exige este requisito a los distribuidores con licencia federal, lo que deja abierto el resquicio de las ventas privadas, también conocido como el “resquicio de las ferias de armas”. Según el tercer volumen de la Evaluación nacional del comercio y tráfico de armas de fuego, de la ATF, publicado en 2024, este canal representó 40.7 por ciento de los tipos de tráfico investigados entre 2017 y 2021.
La segunda es incrementar las inspecciones en los cruces de salida hacia México. El estudio sostiene que las zonas estadunidenses con mayor concentración de armas rastreadas se ubican junto a las principales carreteras del país, por lo que más personal, tecnología y puntos de revisión en sentido sur reducirían la capacidad operativa de las redes de contrabando.
La tercera es devolver al Departamento de Estado la supervisión de las exportaciones de armas pequeñas, que desde 2020 corresponde al Departamento de Comercio. Bajo este esquema, los exportadores no están obligados a notificar al Congreso ni a registrarse, y se perdió el monitoreo de uso final que antes realizaba el Departamento de Estado. El estudio recuerda que en septiembre de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio revirtió la mayor parte de una regla de 2024 que había endurecido estos controles, bajo el argumento de generar “cientos de millones de dólares” en oportunidades de exportación para la industria armamentista estadunidense.
La cuarta es derogar las Enmiendas Tiahrt, que impiden a agencias como la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la ATF conservar y compartir de forma amplia los registros de compra y los datos de rastreo de armas, lo que entorpece las investigaciones sobre los llamados “compradores de paja”, personas que adquieren armas legalmente para traficantes.
Las autoras reconocen que estas reformas enfrentan una fuerte oposición de grupos como la Asociación Nacional del Rifle, que argumentan que derivarían en un registro nacional de armas, prohibido por ley. Como alternativas, plantean que estados como Texas y Arizona –origen de 83.6 por ciento de las armas recuperadas en México y rastreadas a Estados Unidos entre 2015 y 2024– legislen verificaciones de antecedentes a nivel local, como ya lo hizo Nuevo México en 2019, o que se cree un proceso interagencial entre Comercio y el Departamento de Estado para realizar verificaciones de uso final sin imponer cargas adicionales a los exportadores.
