La Audiencia de Barcelona ha retirado el delito contra el derecho de los trabajadores que pesaba sobre la exconsellera de Salud Alba Vergés y la cúpula de su departamento durante la pandemia, el único que podía comportar penas de prisión, en el juicio contra ellos por retrasar presuntamente la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil.
Vergés (ERC) y su equipo, entre ellos su sucesor Josep Maria Argimon (Junts), solo afrontarán de ahora en adelante las penas de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa, del que les acusa la Fiscalía, que pide inhabilitarlos durante doce años, y los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya petición de inhabilitación asciende a quince años.
Los magistrados de la sección sexta de la Audiencia han estimado así la petición de las defensas, quienes han argumentado la ilegitimidad de un delito incluido en la causa solo por la acusación popular de los sindicatos policiales y no por la Fiscalía, en un juicio que ha empezado este martes y que está previsto que finalice el próximo 15 de julio.
Los abogados de los exintegrantes de la cúpula de Salud han recordado que, según la doctrina Botín, no se puede continuar un procedimiento penal cuando quien sostiene la acusación es exclusivamente la acusación popular, a la vez que han detallado que, si bien la doctrina Atutxa permite hacerlo en caso de que el delito afecte a una mayoría, en este pleito no se da esta circunstancia.
“El delito contra el derecho de los trabajadores viene a proteger a trabajadores concretos y sobre este delito no están legitimadas las acusaciones populares”, ha asegurado en las cuestiones previas del juicio la penalista Olga Tubau, que defiende a Argimon, entonces director general del Institut Català de la Salut (ICS).
La decisión del tribunal también ha beneficiado al exsecretario General del Departamento de Salud Marc Ramentol, y al exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, acusados por la Fiscalía junto a Vergés y Argimon de haber acordado “paralizar” en marzo de 2021 el proceso de vacunación de policías nacionales y guardias civiles, “discriminando” a dichos agentes frente a los Mossos d’Esquadra.
La asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato policial Jupol, que pedían tres años de prisión para cada uno de ellos, acusan además al entonces responsable de Servicios del Departamento de Salud, Francesc Xavier Rodríguez. Su abogada, Míriam Company, ha solicitado la exclusión de Rodríguez del juicio alegando que los sindicatos “no están legitimados” para mantener la acusación después de que la Fiscalía la archivase, pero el tribunal lo ha desestimado.
De hecho, la letrada –que comparte la defensa con los abogados Mariano Bergés, representante de la exconsellera Vergés, Josep Riba, de Comella, y Carles Martínez, de Ramentol– ha pedido la expulsión de Jupol y Jucil como acusaciones populares alegando la misma “falta de legitimación” y argumentando que la supuesta discriminación en la vacunación no afectó a los sindicatos, sino a agentes personales. El tribunal, sin embargo, ha rechazado la petición, y por este motivo ha mantenido en el juicio a Rodríguez, también acusado por los sindicatos de prevaricación.
Los abogados de los sindicatos, por su parte, han asegurado que su acusación está “perfectamente legitimada” y han recordado que, además, sus representados fueron los “iniciadores” de este proceso judicial, que continuará mañana con la declaración de los primeros testigos.
