▲ Un estudio insta a que el gobierno chileno abata el mercado negro.Foto Europa Press
Aldo Anfossi
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 4 de julio de 2026, p. 14
Santiago. Un informe de la patronal Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), concluye que las economías ilícitas en Chile dejaron de ser un fenómeno acotado o sectorial para convertirse en un desafío estructural al desarrollo del país, cuantificando que el comercio ilegal y el contrabando mueven unos 6 mil millones de dólares anuales.
“Lo que antes se observaba como hechos aislados, actualmente configura un ecosistema económico paralelo operado por organizaciones criminales, un sistema que compite de manera directa con los mercados formales y afecta de forma transversal a sectores productivos estratégicos”, afirma.
Son, dice, actividades que “funcionan bajo una lógica empresarial integral que produce, distribuye, comercializa, financia y blanquea recursos, mientras explota las brechas del sistema para crecer y consolidarse”.
El documento “Por un Chile sin economía ilícita”, fue escrito por 70 expertos de 30 gremios.
Además de movilizar un mínimo de 5 mil 700 millones de dólares anuales, estima que se pierden impuestos por mil 500 millones de dólares cada año, y que los privados gastan 2 mil 700 millones de dólares anuales en prevenir y disuadir delitos. Critica que la respuesta estatal es insuficiente y fragmentada, que las capacidades institucionales son limitadas, con déficit operativos y una débil articulación en áreas, como ingreso de productos, permisos sectoriales, fallas en el otorgamiento de patentes y en el cumplimiento de normativas.
Existe una brecha estructural en la fiscalización, zonas con menor control efectivo que facilitan la consolidación de mercados ilícitos.
Es necesario, dice, fortalecer la fiscalidad, pero sobre todo la coordinación entre servicios, para que la información relevante sea oportuna y estructurada entre instituciones.
En lo concreto, la iniciativa privada propone: 1. Desarrollar una política nacional contra las economías ilícitas, que coordine a las instituciones en prevención, fiscalización y persecución. 2. Crear una unidad de economías ilícitas, con capacidad de análisis estratégico e inteligencia. 3. Fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros, integrando a los organismos competentes, con un enfoque orientado al seguimiento de la ruta del dinero y a la desarticulación de los circuitos informales.
