Las dos almas del Gobierno ya tienen cerrado un primer borrador del nuevo decreto de medidas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, que está previsto que se apruebe el próximo martes en Consejo de Ministros. Así lo confirman fuentes del Ejecutivo, que concretan, además, que la opción de solicitar la prórroga del contrato de alquiler que incluirá el paquete tras la presión de Sumar al PSOE será aplicable a todos los arrendamientos que finalicen en 2026, 2027 y —esta es la novedad— entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2028.
El documento se encuentra aún en una fase de borrador y las fuentes consultadas explican que se está empezando a distribuir a los grupos parlamentarios para tantear sus posibles apoyos de cara a su convalidación en el Congreso, donde el texto se votará, previsiblemente, en septiembre. Especialmente importante es el apoyo de Junts, cuyo voto en contra —junto al de PP y Vox— tumbó el pasado abril el primer decreto del Gobierno en el que se había incluido la opción de solicitar la prórroga de los contratos de alquiler por un periodo de dos años, entonces únicamente para los arrendamientos que finalizaran en 2026 y 2027.
Fuentes de Sumar concretan que la nueva prórroga “reforzada” que incluirá el decreto “podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias” de la medida. Los cálculos del Gobierno son que un millón y medio de hogares cuyos contratos vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028 podrían solicitar la extensión de los mismos, lo que implica que “podrían beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas”.
El texto recién pactado por PSOE y Sumar también incluirá otras medidas ya anunciadas, como una nueva regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con el uso fraudulento de esta figura, por la cual algunos caseros logran sortear los límites de precios que establece la ley de vivienda en las comunidades autónomas que los aplican. Asimismo, para desincentivar que los propietarios pongan sus pisos en régimen de arrendamiento turístico, se elevará hasta el 21% el tipo de IVA que pagarán este tipo de pisos y se endurecerá el régimen sancionador en relación a su publicidad en plataformas.
Las fuentes de Sumar consultadas afirman, además, que el decreto también incluirá a propuesta suya una medida “a negociar con los grupos parlamentarios” para “proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional”. En los últimos días, este ha sido el principal punto de fricción entre la formación liderada por Yolanda Díaz y el PSOE, puesto que los socialistas son reacios a incluir una moratoria antidesahucios que ya fue tumbada por Junts en dos ocasiones a principios de año.
