Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 13 de agosto de 2026, p. 5
Almoloya de Juárez, Méx., Ángel Heladio Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso y será enjuiciado por ser presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas, en la hipótesis de haber ordenado que se ocultara información de alta relevancia relacionada con la investigación del paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Durante la audiencia, que duró más de 14 horas, Aguirre Rivero tomó la palabra y afirmó que, tres meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hizo dos peticiones a la Fiscalía General de la República (FGR): la primera, al que fuera delegado de la institución federal, y la segunda, directamente a Jesús Murillo Karam, titular del Ministerio Público Federal, para que se procediera penalmente contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. “Si ello hubiera sucedido, no hubiera ocurrido lo de Iguala”, sostuvo, y rechazó que tenga o haya tenido vínculos con grupos delictivos, como lo aseguran las indagatorias federales.
Ante las expresiones de los familiares de los alumnos desaparecidos, quienes participaron de manera virtual en la diligencia y le exigieron que revelara el paradero de los normalistas, el ex gobernador respondió que no tenía esa información.
Asimismo, declaró que sería importante que los fiscales federales indagaran a Blanca Estrada, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una de las testigos que han declarado en su contra y lo señalan de haber ordenado el ocultamiento y destrucción de evidencia. Indicó que ella tenía nexos con un hombre al que en las indagatorias se ha mencionado como El Patrón, pero cuya identidad no ha sido revelada.
El juez federal Mario Martínez Elizondo desestimó 31 pruebas y los testimonios de ex colaboradores de Aguirre Rivero, con los cuales la defensa del ex mandatario guerrerense pretendió desacreditar su participación en el ocultamiento y destrucción de grabaciones registradas por cámaras de vigilancia respecto de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
▲ El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en una imagen de febrero de 2011.Foto Roberto García Ortiz
La defensa de Aguirre pretendió demostrar que el ahora vinculado a proceso no se encontraba en el estado de Guerrero, como señaló la FGR, pero el juzgador consideró que los argumentos presentados no eran objetivos y no podían comprobar que esa versión fuera cierta.
Mario Elizondo Martínez, juez de control con sede en el Centro Penal Federal (CPF), localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, señaló que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal eran suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.
Durante la audiencia, los representantes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa ratificaron el contenido de los testimonios de la ex visitadora y de la ex presidenta del TSJ, quienes aseguraron que Aguirre Rivero ordenó desaparecer toda evidencia de lo sucedido la noche del 26 de septiembre, principalmente porque su sobrino, Ernesto Aguirre, quien fungía como su asesor externo, estuvo al tanto de lo que pasó con un grupo de los 43 normalistas frente a las instalaciones del Poder Judicial de Guerrero y tenía vínculos con el grupo de los Guerreros Unidos.
El ex gobernador guerrerense permanecerá interno en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, aunque sus defensores informaron que buscarán que se modifique esa medida cautelar para que pueda seguir el proceso en prisión domiciliaria.
