En Los Mateos, un barrio popular de Cartagena, en la Región de Murcia, la contaminación no es un recuerdo del pasado industrial de la ciudad portuaria, sino una realidad muy presente. Para los vecinos que viven junto a la Unidad de Actuación número 1 (UA1), se traduce en polvo tóxico que entra por las ventanas de sus casas y en una sucesión de denuncias y promesas de descontaminación que se prolonga desde hace años.
La situación ha enfrentado a residentes y administraciones y ha convertido la parcela municipal afectada en el epicentro de una batalla vecinal por la salud, la transparencia y el derecho a vivir sin miedo.
El terreno en cuestión fue adquirido en 2023 por el Ayuntamiento de Cartagena para construir 40 viviendas sociales que pretendían ser financiadas con fondos europeos Next Generation. Entonces aún no era de dominio público la existencia de informes previos a la compra que advertían de niveles de plomo, cadmio, mercurio o arsénico, procedentes de antiguos usos industriales y vertidos en la zona, hasta 2.600 veces superiores a los niveles de referencia. Pero el Ayuntamiento de Cartagena sí lo sabía. Y el Gobierno regional de Fernando López Miras, también.
Es lo que aseguran los vecinos que, en 2025, accedieron a documentación técnica que revelaba que la Administración local —entonces, como ahora, bajo el Gobierno de la popular Noelia Arroyo— y la autonómica, conocían la situación antes de la adquisición.
Plomo en la sangre analizada de todos los vecinos
La Plataforma Suelos Contaminados de Cartagena, el colectivo Afectados y afectadas por la contaminación de la UA1-Los Mateos y la Asociación de Vecinos del Sector Estación, trabajan conjuntamente desde hace años para que se haga valer la protección de la salud de los vecinos. El portavoz de esta última, Fulgencio Sánchez, ha asegurado a elDiario.es Región de Murcia que “pese a los numerosos escritos y solicitudes de acceso a la información pública ambiental presentados, jamás se advirtió a los vecinos de los riesgos existentes”. “El oscurantismo ha sido total. No hemos sido informados ni protegidos, mientras el Ayuntamiento y la Dirección General de Medio Ambiente disponían desde 2023 de informes que documentaban concentraciones extraordinariamente elevadas de metales y metaloides —elementos químicos con propiedades intermedias entre los metales y los no metales— con potencial tóxico y cancerígeno para los residentes de las viviendas del entorno inmediato”, asegura Sánchez.
Como el resto de los vecinos, él se enteró de que vivía junto a acopios de tierra contaminada en 2025. “Durante todo ese tiempo seguimos viviendo junto a la parcela sin conocer a lo que estábamos expuestos. Hoy, esos contaminantes también están dentro de nuestras viviendas”, denuncia.
Ante la falta de información por parte de las administraciones públicas, los vecinos han encargado análisis de la tierra y el polvo doméstico que arrojan cantidades escalofriantes: 8.370 miligramos de plomo por kilo de tierra seca (mg/kg), cuando los valores normales no deben superar los 43 mg/kg; 78 mg/kg de cadmio, cuando en suelos no contaminados este valor debe ser inferior a 0,6 mg/kg; 56,3 mg/kg de arsénico, cuando no debería superar los 12 mg/kg; 53,9 mg/kg de antimonio, cuando no es aceptable un valor superior a 1 mg/kg; y 7,3 mg/kg de mercurio, cuando en España la normativa fija el límite permitido en 1,4 mg/kg.
Según los informes solicitados por los afectados a laboratorios independientes, el polvo que entra en sus viviendas y respiran cada día entraña “riesgos no aceptables” tanto de carcinogénesis (mutación de células normales en cancerosas) como de toxicidad para órganos vitales como riñones, hígado o cerebro. Un riesgo que es especialmente grave para la población infantil.
Los afectados han solicitado en numerosas ocasiones que desde el sistema público de salud se hicieran análisis rutinarios a las personas expuestas. Ante la negativa, algunos vecinos han accedido a ser biomonitorizados con cargo a su propio bolsillo. El resultado de sus análisis es demoledor: se han detectado valores elevados de plomo en la sangre de todos los residentes analizados, incluido un valor de 12,0 microgramos por decilitro (µg/dL) en un menor. A partir de 3.5 μg/dL se considera un nivel elevado y de alerta para la salud.
Amianto: una preocupación añadida
Al problema de los metales pesados se ha añadido recientemente el descubrimiento de otro especialmente peligroso, el amianto, que ha elevado todavía más la preocupación en el barrio.
Según la documentación aportada por los afectados, el 3 de febrero de 2026 quedó confirmada analíticamente la presencia de amianto crisotilo en materiales de la UA1. Los vecinos reclaman que se determine con claridad si se ha producido dispersión de fibras de asbesto fuera del foco localizado y cómo se ha controlado su posible mezcla con polvo y tierras.
Al respecto, Fulgencio Sánchez recuerda que el amianto es un agente cancerígeno “y seguimos sin conocer si se ha investigado de forma suficiente si lo estamos respirando”. Para el portavoz vecinal, “pedimos algo tan sencillo como poder estar en nuestras casas sin miedo al polvo que entra por las ventanas”, señala. Sánchez lamenta no haber recibido “una información preventiva clara y comprensible sobre la peligrosidad de los residuos ni sobre cómo proteger a nuestras familias”.
Los afectados no hablan de un miedo abstracto. En una sola calle del barrio hay actualmente siete personas con cáncer, algunas en tratamiento oncológico y otras en cuidados paliativos, además de vecinos con otras enfermedades graves. “Somos conscientes de que cada enfermedad tiene su historia clínica, pero la exposición que sufrimos a una contaminación conocida desde hace años y la falta de una protección eficaz, hacen que no podamos contemplar estos hechos por separado”, dice Sánchez.
El origen de la contaminación
Para entender qué ocurre hoy en Los Mateos hay que retroceder hasta finales del siglo XX. El origen del problema está en una finca prácticamente colindante, El Hondón, uno de los grandes espacios industriales de Cartagena donde se fabricaban fertilizantes y otros productos químicos que aún hoy siguen contaminando la tierra y el aire.
En estos terrenos profundamente alterados por décadas de actividad química, las fábricas, entonces en manos del grupo Ercros, cerraron definitivamente a finales de 2001. Documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia describen que allí quedaron siete balsas y once acopios de residuos, entre ellos lodos de fosfatos con radionucleidos naturales y residuos procedentes de metales pesados.
Entre 2003 y 2004, Ercros se desprendió de los terrenos de su antigua factoría a dos empresas —Landscape y Construcciones Reyal— interesadas en su transformación urbanística. El Plan Parcial del Sector El Hondón, aprobado definitivamente en 2008, afectaba a unos 975.000 metros cuadrados y contemplaba un desarrollo residencial de gran dimensión, junto a zonas verdes, equipamientos y nuevas infraestructuras. La planificación llegó a prever alrededor de 5.400 viviendas, de las que unas 540 serían protegidas.
Sobre el papel, El Hondón estaba llamado a convertirse en una nueva pieza de la expansión urbana de Cartagena. El problema era que debajo de ese futuro barrio seguían estando los residuos de la antigua industria.
La crisis del ladrillo del 2008 provocó la quiebra de las empresas propietarias de los terrenos de El Hondón, que los terminaron perdiendo. Hasta que, en junio de 2018, con Ana Belén Castejón como alcaldesa de Cartagena por el PSOE, el Consistorio dio un paso decisivo para retomar la operación urbanística y acordó comprar a Solvia —inmobiliaria bajo el amparo del Banco Sabadell para gestionar sus activos adjudicados— una parcela de 180.821,55 metros cuadrados por 500.000 euros. Con la adquisición, el Ayuntamiento pasaba a controlar aproximadamente el 75% de los terrenos de El Hondón. Aquello se presentó como una oportunidad para desbloquear el desarrollo de una de las principales bolsas de suelo de Cartagena. Pero un suelo que seguía estando envenenado.
Una descontaminación que acabó en los tribunales
En 2019, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia inició la declaración de El Hondón como suelo contaminado y señaló a Ercros como responsable, a la que exigió la limpieza y recuperación del emplazamiento. Como responsables subsidiarios quedaron también los propietarios, entre ellos el Ayuntamiento de Cartagena.
Ercros recurrió la decisión y la batalla llegó a los tribunales. En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimó el recurso de la compañía y avaló la declaración de suelo contaminado. Dos meses después, el mismo tribunal volvió a dar la razón a la Administración al rechazar otro recurso de Ercros contra los requerimientos para modificar el proyecto de remediación. La sentencia establece que la recuperación debe abordar los residuos industriales y contempla su retirada o, cuando proceda, su confinamiento, antes de considerar resuelto el problema.
La disputa no se ha limitado a cómo descontaminar, sino también a quién debía pagar. Ercros recuerda que el Ayuntamiento es el propietario mayoritario del suelo de El Hondón y que en su día dedujo del precio de compra más de diez millones de euros, precisamente para hacerse cargo de la descontaminación que ahora se reclama a la empresa; el Consistorio, por su parte, mantiene que debe aplicarse el principio de que “quien contamina, paga”.
La gran pregunta que queda pendiente es quién asumirá al final los costes de descontaminación, cómo se hará y cuánto tiempo más tendrá que esperar Cartagena para que un antiguo espacio industrial deje de ser también un problema ambiental.
¿Qué se sabía de la contaminación en Los Mateos?
En el caso de Los Mateos, a escasos 200 metros de El Hondón, la parcela fue adquirida en junio de 2023 por la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena. Los terrenos pertenecían a Técnica de Inversiones Gamma S.L., una promotora vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca, fallecido ese mismo año. La intención del Ayuntamiento era destinarla a la construcción de 40 viviendas sociales gracias a una subvención europea (a la que, finalmente, el consistorio ha tenido que renunciar).
Unos meses antes de la compra, en marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) elaboró un estudio de caracterización de ese suelo, cuyos resultados mostraban concentraciones muy elevadas de determinados tóxicos. Concretamente, valores de cadmio, plomo, mercurio y arsénico muy superiores a los umbrales de referencia establecidos para la contaminación de suelos en la Región de Murcia.
Dos meses después, en mayo, otro informe elaborado por la consultora Hera Holding para el Ayuntamiento concluyó que los residuos existentes en la parcela suponían un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos de las viviendas colindantes, según la información publicada sobre el expediente.
Es decir, cuando el Ayuntamiento tomó la decisión de adquirir los terrenos, ya disponía de información que apuntaba a la existencia de un problema ambiental de considerable magnitud. Y aun así, compró.
200.000 euros de descuento
La adquisición se cerró finalmente por 437.279 euros más IVA. La diferencia respecto a los 637.279 euros inicialmente previstos —200.000 euros— correspondía a la cantidad que el Ayuntamiento estimó necesaria para hacer frente a la descontaminación.
El propio Consistorio defiende que esa cantidad se calculó mediante informes técnicos municipales y que el precio pagado estaba respaldado por tasaciones oficiales. En septiembre de 2025, Casco Antiguo aseguró que el precio de adquisición fue de 269,38 euros por metro cuadrado, inferior a los 414,66 euros por metro cuadrado por los que el Ayuntamiento había vendido en 2008 su 10% del aprovechamiento urbanístico en esa misma unidad de actuación.
Pero existe otro dato que ha alimentado la controversia. Un informe de Hera Holding fechado el 1 de junio de 2023, apenas una semana antes de la compraventa, habría estimado en torno a 540.000 euros el coste necesario para la descontaminación.
Ahí aparece una de las preguntas clave: si los responsables municipales conocían una estimación de descontaminación sustancialmente superior a los 200.000 euros descontados del precio, ¿por qué se utilizó esta última cifra?
El Ayuntamiento mantiene que la primera estimación técnica disponible era de unos 200.000 euros y que la evolución posterior del proyecto explica el incremento del presupuesto.
Descontaminar, pero ¿cómo?
El Ayuntamiento sostiene que, una vez frustrado el proyecto de construcción de las viviendas, puso en marcha la descontaminación de la parcela. La obra fue finalmente adjudicada en octubre de 2025 a Jumabeda S.L., única empresa que presentó oferta, por 434.985,14 euros, frente a un presupuesto de licitación de 535.273,60 euros.
Pero el inicio de los trabajos abrió otro frente de conflicto. En febrero de 2026, la Guardia Civil comenzó a investigar, a través del Seprona, si los trabajos se estaban realizando conforme a la normativa ambiental, después de denuncias relacionadas con la actuación sobre el terreno.
Al respecto, Antonio Fernández, otro portavoz vecinal, explica que la autorización del Ayuntamiento para la retirada de residuos peligrosos de la parcela municipal, “no puede convertirse en una autorización para que nuestras casas se llenen de polvo que contiene sustancias tóxicas y cancerígenas y contaminen los lugares donde vivimos, dormimos y crecen nuestros hijos”.
Para este vecino, lo más difícil de aceptar es que muchas de las medidas para evitar esta exposición estaban previstas en la propia documentación de la obra, como la humectación y nebulización del terreno, el control del viento y la paralización de trabajos en condiciones desfavorables, la cubrición e impermeabilización de acopios, la limpieza de ruedas y viales, el control de lixiviados y de las aguas de contacto, el confinamiento perimetral y la vigilancia ambiental. Sin embargo, asegura que los vecinos han documentado repetidos episodios “en los que estas medidas no se aplicaban de forma efectiva o suficiente”.
Una operación urbanística en manos de Anticorrupción
En 2025, la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena presentó una denuncia contra la alcaldesa Noelia Arroyo, la entonces responsable de Urbanismo y ex alcaldesa Ana Belén Castejón y otros miembros del consejo de administración de Casco Antiguo que participaron en la decisión de la compra de la parcela en Los Mateos.
La denuncia planteaba posibles delitos de prevaricación, malversación y delitos relacionados con el medio ambiente y la salud de las personas. En agosto de ese mismo año el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena admitió la denuncia. Meses después, en diciembre, la magistrada decidió elevar las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Medio Ambiente para que elaboren un informe previo sobre la posible relevancia penal de los hechos.
Mientras tanto, los vecinos que siguen viviendo al otro lado de la valla siguen a la espera de saber por qué una parcela que los informes técnicos describían como problemática terminó siendo adquirida para construir viviendas; qué ocurrió antes de la compra, qué se sabía, quién tomó las decisiones y cómo se protegió —o no— a quienes vivían junto al terreno. Piden que se explique por qué se descontaron 200.000 euros del precio cuando existía, según la documentación publicada, una estimación de 540.000 euros para la descontaminación. Y, sobre todo, necesitan garantías de que la propia limpieza no generará nuevos episodios de exposición; de que van a dejar de respirar veneno.
