La Laguna (Tenerife) es, por excelencia, la ciudad universitaria de Canarias. Sin embargo, las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes a la hora de encontrar piso están haciendo tambalear este título. El precio disparado de los alquileres, la falta de pisos suficientes, las estafas o las cláusulas abusivas de los contratos son algunos de los problemas que señalan los universitarios. “Cada año, al terminar el curso, es muy complicado y desesperante tener que buscar o ayudar a otros compañeros a encontrar pisos accesibles que no supongan un problema económico para las familias y que sean habitables”, subraya Acorán Jesús Pérez Guerra, estudiante de Biología.
“Cada año suben más los precios, con la certeza de que finalmente los conseguirán alquilar, ya que no hay otras opciones y no puedes transportarte de una isla a otra diariamente”, añade Pérez, nacido en Gran Canaria. Alquilar una habitación en La Laguna cuesta a los estudiantes y a sus familias entre 300 y 500 euros, a pesar de que Canarias es una de las comunidades autónomas más empobrecidas del país, con un 31,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.
Al creciente precio de los alquileres se suma otra dificultad: el carácter insular del territorio. Los estudiantes que no viven en las islas capitalinas tienen que mudarse para poder ir a la universidad, sumando el coste de la vivienda al gasto en billetes de avión o de barco para poder ver a sus familiares. Incluso los que han nacido en Tenerife y en Gran Canaria se ven obligados a salir de su isla para poder cursar la carrera que quieren o a buscar un piso más cerca de las facultades y sortear así el colapso diario de las carreteras.
Tinguaro nació en La Gomera y estudia Antropología en la ULL. “En todos estos años he pasado por cinco pisos. Mi familia es pobre, por lo que siempre me preocupé por encontrar piso lo más barato posible. De dos de ellos me fui porque las condiciones eran demasiado abusivas a mi parecer”, cuenta.
Una exalumna que prefiere no decir su nombre vive en el norte de Tenerife y se mudó a La Laguna para estudiar. “Pagaba 400 euros por un piso en pleno centro con tres habitaciones. Compartiendo eran 130 euros por cabeza”, recuerda. Con los años, vio cómo “subía y subía el alquiler”, lo que la llevó a trabajar mientras estudiaba para poder pagarlo.
El miedo a no encontrar dónde vivir
El temor a no tener dónde vivir durante el curso lleva a los jóvenes a caer en estafas y a pagar precios desorbitados por una habitación. Alejandra Ramírez es de Gran Canaria, pero estudia Psicología en la ULL porque en su isla la carrera no se oferta en la universidad pública. Este curso compartirá piso con diez personas en una casa con varias plantas cerca de su Facultad. Por su habitación pagará 350 euros con gastos incluidos, pero hasta encontrarlo ha tenido que hacer frente a varios obstáculos. Entre ellos, una estafa.
“Me estafaron 95 euros. Mi amiga y yo teníamos que hacer una reserva para poder ver un piso, y cuando llegamos allí, el piso no existía”, cuenta. “En mi caso personal y el de mi familia, buscar piso de alquiler en La Laguna ha sido desesperante a la vez que frustrante. Llega un punto en el que pierdes la esperanza porque te ves sin nada y no sabes si las cosas saldrán bien”, subraya.
En Canarias, este tipo de prácticas fraudulentas han aumentado en todo tipo de alquileres. Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife explican cómo las estafas han incrementado entre un 10% y un 12%, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, afectando gravemente a los estudiantes: “Son especialmente vulnerables porque suelen tener poco tiempo para encontrar alojamiento, poca experiencia alquilando y presupuestos limitados. La escasez de vivienda les obliga además a aceptar rápidamente ofertas, incluso sin poder comprobarlas bien. Esto demuestra cómo la falta de vivienda pública y el mercado desregulado dejan a los jóvenes expuestos a todo tipo de abusos”.
Un problema estructural
Las dinámicas especulativas del mercado habitacional resultan especialmente llamativas entre los estudiantes jóvenes debido a su vulnerabilidad e inexperiencia. No obstante, los movimientos por la vivienda en las islas hacen hincapié en que tan solo se trata de “la punta del iceberg” de una problemática estructural donde se ven afectados todos los sectores de la población y la clase trabajadora canaria.
“En la realidad actual, los estudiantes no son las únicas personas que compiten (porque sí, se ha vuelto una competición) por estas vacantes: muchas familias, a veces con ingresos por parte de ambas figuras de tutores legales a los que se ha expulsado del mercado residencial, terminan viéndose en una situación que les obliga a tener que considerar el vivir hacinados en estas condiciones, lo cual desemboca en una ‘puja’ por conseguir un techo bajo el que vivir”, detallan desde el colectivo Derecho al Techo (Gran Canaria).
Según los últimos datos publicados por el Observatorio del Alquiler, Canarias continúa siendo una de las comunidades más caras para vivir de alquiler en todo el territorio español, con un precio medio de 1.154 euros. Además, el histórico de plataformas como Idealista demuestran que el precio de los pisos en ciudades universitarias como San Cristóbal de La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria han aumentado estrepitosamente en la última década: en torno al 120% y el 87%, respectivamente. Una subida que contrasta en una comunidad con los sueldos más bajos del Estado.
Normativa “inexistente” en materia de vivienda
Tanto el Sindicato de Inquilinas de Tenerife como Derecho al Techo remarcan la falta de políticas diseñadas para revertir esta situación. Recuerdan que el Gobierno autonómico no aplica “ni siquiera” la Ley de Vivienda estatal -aprobada en el Congreso de los Diputados en 2023- para poder limitar los precios de los alquileres ordinarios, especialmente, en zonas tensionadas como Las Palmas o La Laguna. En este contexto, el tope de los precios de las habitaciones, que en comunidades como Cataluña están incorporando a la normativa estatal, queda todavía más lejos.
Los alquileres de vivienda habitual y los de habitaciones están sujetos a marcos legales distintos, regulados principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil, según el tipo de contrato y su finalidad. En este sentido, los colectivos por la vivienda explican que la proliferación de alquileres por habitaciones o de temporada puede permitir eludir garantías previstas para la vivienda habitual, como las relativas a duración o actualización de rentas. Una fórmula que puede resultar además “más rentable” para los propietarios que alquilar una vivienda completa.
Este fue el caso con el que se encontró Tinguaro durante sus primeros años estudiando en la ULL. Vivía con otras ocho personas en una casa separada en dos plantas, donde el propietario fijaba la habitación en 310 euros. En total, 2.480 euros de ganancia para una propiedad que, según el índice de precios del Ministerio de Vivienda -y de acuerdo a la información catastral-, no debería de sobrepasar los 1.000 euros. Un precio que se sitúa hasta un 190% por encima del valor de referencia. “Y este mismo casero tiene otras dos viviendas más cerca del campus Guajara con las que hace lo mismo”, añade el estudiante de La Gomera.
Estudiar, ¿un privilegio?
El actual alza de precios en el mercado habitacional, y la falta de regulación al respecto, parece estar determinando quiénes pueden realmente mantener sus estudios. Los movimientos por la vivienda recuerdan que al coste del alquiler se suma el transporte, la alimentación y otros gastos -como las famosas “segundas matrículas”-, haciendo que estudiar dependa cada vez más de la capacidad económica de la familia: “Se acaba convirtiendo en un privilegio de clase”. Desde Derecho al Techo aseguran que el actual panorama “concluye en la mayor tasa de abandono en las universidades presenciales de España, con un 21% en Canarias frente a un 13% de media nacional, según ya reflejó en 2022 un informe del Ministerio de Universidades”.
Asimismo, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife añade que, en La Laguna, se han llegado a registrar en torno a 1.400 solicitudes para 550 plazas de alojamiento universitario: “Esto supone una desigualdad territorial y de clase y el derecho a estudiar no debería depender de haber nacido en una familia con recursos. Si una persona de La Palma, La Gomera, El Hierro o Fuerteventura no puede permitirse una habitación en Tenerife o Gran Canaria, su acceso a determinadas carreras queda limitado”.
Construir pisos
Los centros de alojamiento públicos que ofrece la ULL también se han quedado pequeños. La Universidad cuenta con tres colegios mayores y una residencia, que suman un total de 541 habitaciones entre individuales, dobles y adaptadas. Según los datos publicados por el centro, hasta el momento se han matriculado para el próximo curso 17.452 personas. En la ciudad universitaria también hay una residencia privada, la Residencia Universitaria Nazaret, de carácter religioso y solo para mujeres.
En enero de este año, el rector de la ULL, Francisco García, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, presentaron una iniciativa para construir 50 plazas de estudiantes en un terreno municipal en la zona de Guajara. Según ha explicado a esta redacción Lidia Perera, gerenta de la ULL, la construcción consiste en un “sistema industrializado con acero galvanizado” por ser “más rápida” que la tradicional. Sin embargo, estas plazas no estarán disponibles este curso, ya que la institución acaba de recibir la propuesta de proyecto.
“Este documento también tiene una valoración económica, y de esta manera podemos conectar con la administración de la comunidad autónoma y con otras administraciones para poner una hoja de ruta al proyecto en cuanto horizonte temporal y ficha financiera”, explica Perera. “Prácticamente todas las administraciones están de acuerdo”, asegura.
El Cabildo de La Palma también ha iniciado los trámites para crear una residencia propia en Tenerife para estudiantes palmeros y así “dar respuesta a las necesidades de alojamiento de los jóvenes de la isla que se desplazan fuera para continuar sus estudios universitarios y de otras disciplinas”. La corporación insular se ampara en la Ley de Cabildos, que les permite ejecutar infraestructuras fuera de su ámbito territorial para prestar servicios directos a su población.
Soluciones
El activismo por la vivienda lo tiene claro: “El problema no es solo la falta de viviendas, sino un modelo que prioriza el beneficio privado y la vivienda turística frente al derecho a vivir y estudiar dignamente. La solución pasa por aumentar la vivienda pública y las residencias universitarias, regular los alquileres en zonas tensionadas y garantizar que ningún joven tenga que renunciar a estudiar por no poder pagar una habitación. La educación pública solo es realmente igualitaria si también se garantiza el derecho a la vivienda”.
