▲ Documentos revelados en 2024 mostraron la corrupción estructural entre integrantes de la agencia antidrogas.Foto La Jornada
De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 30 de abril de 2026, p. 6
La Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha enfrentado escándalos de corrupción y complicidad con el narcotráfico desde sus propias filas, revelaron documentos obtenidos en 2024 por The Associated Press, que mostraron una corrupción estructural entre los agentes de la DEA en países donde la agencia tiene presencia.
En julio de 2024, miles de documentos secretos de las fuerzas del orden analizados por Ap ofrecieron una visión inédita de una cultura de corrupción entre los funcionarios, quienes transformaron las turbias operaciones de lavado de dinero de la agencia en una búsqueda mundial de lujos, consumo excesivo de alcohol y sexo ilícito.
Entre los casos más mediáticos que ayudaron al registro de esta estructura corrupta se encuentra el del agente José Irizarry, condenado a 12 años de cárcel tras confesar a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en 2020, que trabajó con cárteles colombianos para lavar dinero y robó millones en bienes confiscados y de pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y trabajadoras sexuales.
En entrevistas con Ap, el funcionario afirmó que varios de sus colegas –incluidos elementos federales, fiscales e informantes–, participaron en su esquema de corrupción, parte de lo que llamaban Equipo América, a través de tres continentes. “Tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos”, admitió.
Irizarry señaló que sus actos corruptos fueron resultado de darse cuenta de que la guerra antinarcóticos era una farsa. “No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también…. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego…. Y estábamos jugando un juego divertido”, recogieron nuestros corresponsales David Brooks y Jim Cason (https://shorturl.at/zoAbM).
Complicidad con cárteles
Otro caso fue el de Paul Campo, un ex agente de alto nivel de la DEA, y un asociado, quienes fueron acusados de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por Washington como organización terrorista extranjera.
Campo, de 61 años y originario de Virginia, se retiró de la agencia en 2016 tras una carrera de 25 años, para enfrentar cuatro cargos federales relacionados con presunto narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Los mismos cargos fueron presentados contra su asociado, Robert Sensi, de 75 años.
Ambos funcionarios acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares para el cártel y convirtieron alrededor de 750 mil dólares en efectivo a criptomoneda para el grupo, señaló la acusación. También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según les aseguraron, se distribuiría y vendería en Estados Unidos por alrededor de 5 millones de dólares y serían beneficiados con una parte de las ganancias. Asimismo, se ofrecieron a facilitar la compra de drones comerciales y armas de grado militar para el cártel.
Los documentos mostraron también una conversación de WhatsApp en la que un grupo de agentes bromeaban sobre una “gira mundial de libertinaje”, a costa del gobierno y los contribuyentes, en la que intercambiaban imágenes de sus conquistas sexuales y bromeaban sobre “violación anal forzada”. Uno de los agentes que participaba en el chat fue acusado de ese mismo delito en España.
La detención en 2018 de George Zoumberos, acusado de obligar a una mujer de 23 años a tener sexo anal en un hotel de Madrid, generó gran preocupación en los más altos niveles de la DEA. El caso concluyó con la desestimación de los cargos y una amonestación al agente.
Fiscales federales, en un ejemplo más, acusaron a David Macey, un destacado abogado defensor de Miami, de orquestar una conspiración de soborno a dos ex supervisores de la DEA a cambio de información confidencial que, según las autoridades, ponían en riesgo los casos y a los investigadores.
Otro más, el de Joseph Bongiovanni, quien, tras dos décadas de colaboración con la agencia, usó su placa de la DEA para proteger a amigos que se convirtieron en narcotraficantes en Nueva York. Fue sentenciado a cinco años de prisión.
En 2015, varios agentes de la dependencia antidrogas participaron en “fiestas sexuales con prostitutas” pagadas por miembros de los cárteles colombianos, reveló CBS News.
La Oficina de Responsabilidad Profesional de la DEA supo, a través de agentes de la policía colombiana, que varios elementos solicitaron servicios sexuales y habían incurrido en otras faltas de conducta.
Siete de los 10 agentes acusados admitieron los señalamientos y fueron suspendidos por periodos que oscilaron entre dos y 10 días. Uno de ellos fue absuelto de toda culpa.
Bajo este contexto, a principios de enero de 2026 el juez federal en Nueva York Alvin K. Hellerstein acusó, sin presentar pruebas, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. El mandatario fue secuestrado el 3 de enero en una operación ilegal del Pentágono contra Caracas.
(Con información de Ap)
