Avanza iniciativa que busca indagar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer
▲ En la sesión de la Comisión Permanente, la lengua indígena Ayöök-Mixe, variante de Totontepec, resonó en la voz de Sergio Bernal López, de Oaxaca.Foto Luis Castillo
Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Jueves 23 de julio de 2026, p. 5
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió ayer la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, y la turnó al Senado de la República, que es la cámara de origen.
La propuesta presidencial establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse como posible feminicidio y con perspectiva de género hasta descartar esa hipótesis, con el objetivo de evitar que estos casos sean clasificados como homicidios o suicidios.
Asimismo, propone un tipo penal de feminicidio homologado para todo el país, endurece las sanciones por violencia feminicida, fortalece la investigación y cataloga ese delito como imprescriptible, a fin de evitar que el transcurso del tiempo “opere como factor de impunidad”.
En la exposición de motivos se destaca que existe “una debilidad estructural en la investigación de feminicidios”, que se traduce en la clasificación incorrecta del delito, falta de capacitación especializada de los juzgadores en perspectiva de género y deficiencias en la generación de información.
En ese contexto, la iniciativa prevé la consolidación del Registro Interinstitucional de Feminicidios, concebido como un mecanismo estratégico para generar información pública y confiable que permita fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género.
Asimismo, propone la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, cuyo objetivo es identificar a las víctimas indirectas de este delito, generar información estadística confiable, dar seguimiento a su situación social y jurídica, y garantizar su acceso a programas de apoyo y protección.
Una parte toral de la iniciativa es establecer un tipo penal homologado, ya que actualmente las legislaciones de las 32 entidades federativas regulan de manera distinta el feminicidio, sus agravantes y las penas correspondientes.
Esa situación provoca que las fiscalías estatales no cuenten con protocolos de actuación homologados y obligatorios para investigar y perseguir los asesinatos de mujeres, “lo que posibilita criterios distintos de investigación, subregistro de casos y espacios de impunidad”.
Dado que cerca de 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por parejas, ex parejas o familiares directos, se plantea que las autoridades otorguen valor a los testimonios de los familiares y consideren desde el inicio los antecedentes de violencia.
Otra de las modificaciones centrales de la propuesta presidencial es establecer una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
La penalidad será mayor si el agresor es servidor público, si hubo ataques con ácido u otras sustancias corrosivas o cuando se presenten circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.
También se sanciona la tentativa de feminicidio y se precisa que al agresor no se le podrán aplicar amnistía, criterios de oportunidad ni beneficios para reducir la pena.
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, turnó la iniciativa a las comisiones de Igualdad de Género y de Justicia del Senado, que comenzarán de inmediato el análisis y dictaminación de la propuesta.
