▲ Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la sesión plenaria de ayer.Foto Jorge Ángel Pablo García
Iván Evair Saldaña, Jessica Xantomila y Jared Laureles
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de julio de 2026, p. 14
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo ayer cuatro recursos de revisión extraordinaria mediante los cuales revisará, de manera excepcional, la sentencia de un tribunal colegiado que ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia (Covaj) del Caso Iguala, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Este medio de impugnación permite reabrir de forma excepcional, una sentencia de amparo ya firme cuando una persona que debió intervenir en el juicio no fue debidamente emplazada y esa omisión pudo afectar sus derechos.
La revisión deriva de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas, que, además, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los padres de los 43 normalistas designar a sus representantes ante ese inédito organismo.
La FGR impugna la creación de dicha comisión al considerar que interferiría con las funciones de la unidad especial de la propia institución encargada de investigar el caso Ayotzinapa.
El asunto fue atraído por unanimidad del pleno, a partir de una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción promovida por la Presidencia de la República.
Con ello, la Corte analizará la validez de la orden judicial que dio origen a la Covaj y sus alcances constitucionales.
“En una sentencia dictada en un juicio de amparo en el que se reclamó un auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada de personas, ¿es válido que también ordene la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación o ello vulnera los principios de relatividad y división de poderes?”, se planteó en la solicitud.
La ministra Sara Irene Herrerías se excusó de participar en la discusión y resolución de los expedientes por estar impedida de acuerdo con la Ley de Amparo, ya que la investigación penal del caso está en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, de la que ella era titular.
“Prolongan la incertidumbre”
Al respecto, organizaciones civiles que acompañan a las familias de los 43 normalistas desaparecidos afirmaron que la decisión de la SCJN “difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia”. Por el contrario, resaltaron, “prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante”.
Los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como Serapaz, entre otras, señalaron que la determinación del máximo tribunal permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la llamada “verdad histórica” (sobre que los jóvenes habrían sido privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula), sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la FGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas.
