Cuando en noviembre de 2025 el ‘narco’ ecuatoriano Wilmer Chavarría-Barre, alias ‘Pipo’, fue detenido en Málaga por la UDYCO Central, le comunicaron que lo hacían en atención a una orden que llegaba de su país natal por un delito de robo con muerte. Pipo se movía con pasaporte colombiano, usaba la identidad falsa de Danilo Ramón Fernández y había fingido incluso su muerte.
Él se opuso a ser extraditado y tras declarar ante la Audiencia Nacional estaba pendiente de la decisión de la magistrada María Tardón. Pero por el camino se cruzó una nueva petición de extradición, esta vez de EEUU. Fue el pasado 3 de marzo cuando la Embajada de EEUU se dirigió al Ministerio de Asuntos Exteriores español para solicitar también la extradición de Pipo, jefe del cartel de ‘Los Lobos’, para que se presentara ante un tribunal del Distrito Sur de California para ser juzgado por el delito de conspiración “para distribuir por lo menos cinco kilogramos” de cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a Estados Unidos.
El asunto, siguiendo una vez más los trámites habituales para este tipo de extradiciones, acabó otra vez en manos de la Audiencia Nacional. Así, el pasado 17 de abril se celebró una nueva vista para ver si se acordaba el envío a California de este narco que permanece en la prisión de Zaragoza desde que fuera detenido.
Y en esa vista, su defensa presentó un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que pone el foco en que, en realidad, la petición de EEUU bien podría ser una treta para que no pase con ‘Pipo’ lo que ocurrió con el líder de ‘Los Tiguerones’, William Joffre Alcívar, alias ‘Comandante Willy’. Este otro criminal fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional al entender este tribunal especial que no podía mandarlo a Ecuador porque ese país no dio garantías suficientes para la seguridad del reo en sus cárceles.
A juicio de la defensa, ahora se da un uso “instrumental” de la extradición fruto de “la estrecha cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos” para combatir este tipo de organizaciones criminales –calificadas de terroristas por el Gobierno de Donald Trump–. Y apunta que el asunto “se agrava” porque en la declaración ante Fiscalía desde la cárcel de Zaragoza en febrero de 2026, ‘Pipo’ formuló graves acusaciones contra el presidente de la República de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, al que señaló como presunto responsable de haber ordenado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.
“Interés político”
La defensa tiene la sospecha de que “existe un interés político del Gobierno de Ecuador” para que ‘Pipo’ sea extraditado, pero fuera del alcance de su jurisdicción “para que no pueda reiterar o ampliar esas acusaciones”. “El objetivo del Gobierno de Ecuador es que Pipo vaya a otra jurisdicción donde sus señalamientos contra Noboa por el crimen de Villavicencio no puedan tener efecto sobre el procedimiento judicial de Ecuador”, recalca en sus alegaciones la defensa del narco.
Y añade que por eso es “imperativo” que la Justicia de EEUU dé a la Audiencia Nacional información suficiente para que España pueda comprobar “si existe un interés genuino de EEUU para la extradición de ‘Pipo’ o si, por el contario (tras el rechazo de la Audiencia Nacional a extraditar al Comandante Willy), puede constituir una estrategia coordinada de Noboa y la Administración Trump para eludir las garantías del sistema de extradición español y del propio tratado bilateral”.
Al hilo, la defensa pone el foco en inexactitudes que ha constatado en la nota verbal de la Embajada de EEUU y de un aporte insuficiente de información por parte del agente de la DEA a cargo del caso. En las alegaciones, que ya están en poder de la magistrada María Tardón, la defensa dedica un apartado entero a insistir en la relevancia de la declaración de Pipo ante la Fiscalía de Zaragoza del pasado 25 de febrero y señala que es “una pieza procesal de singular relevancia en el presente procedimiento de extradición”. Recuerda que hizo públicas graves acusaciones contra Noboa en relación con el asesinato de Villavicencio, y que la reacción inmediata de las autoridades ecuatorianas fue la de solicitar que no se entregara a la defensa copia del vídeo o del audio de esa declaración.
Para el letrado, existe una “voluntad de silenciar al declarante que resulta difícilmente compatible con un ejercicio legítimo de la cooperación judicial internacional”.
