Dieciocho días después las administraciones, al fin, se ponen de acuerdo. El Gobierno central y el de la ciudad autónoma de Ceuta han pactado la ubicación de cuatro nuevos emplazamientos para dar acogida a parte de las personas migrantes que sobreviven en la calle desde el pasado 30 de julio. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que serán 1.500 las plazas que se pongan a disposición de quienes hasta ahora se han visto obligados a acampar en playas, montes o aceras ante la falta de recursos.
“Son plazas de acogida humanitaria de carácter temporal y extradionario. Creo firmemente que la colaboración entre administraciones es fundamental para devolver a Ceuta a la normalidad” ha dicho la ministra, de visita en la ciudad para reunirse con Juan Jesús Vivas. De los cuatro emplazamientos, tres estarán a cargo del Ejecutivo central y uno de la propia ciudad autónoma.
El anuncio, tras varios desacuerdos entre administraciones respecto a la ubicación de estos emplazamientos que han retrasado la gestión, llega también después de la escalada del choque político. El presidente de Ceuta ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez en una comparecencia este lunes que si no mejora la situación en la ciudad autónoma recurrirá a otras instancias, entre otras a la Justicia o las Cortes Generales, en un plazo de 30 días.
“Es simplemente para transmitir a las más altas instancias del Estado cuál es la situación que vive Ceuta. Pero, por supuesto, con respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial (…) Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro”, ha dicho Vivas, que también ha lamentado la falta de información sobre los expedientes de devolución o las medidas para “reactivar” Ceuta económicamente.
Entre las instancias a las que podría recurrir, ha dicho Vivas, están las Cortes Generales, el poder judicial, las comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, las organizaciones empresariales y los sindicatos. “El Gobierno tiene medios y capacidades para que vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Ante esta evidencia, los ciudadanos se preguntan cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida”, se ha quejado, antes de enumerar sus tesis. “O es ineptitud, o es irresponsabilidad, o es que no se quiere molestar al vecino”, ha denunciado en referencia a la falta de contundencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Marruecos.
