El Gobierno valenciano que dirige Juanfran Pérez Llorca presume de un aumento de la recaudación mientras insiste en que las reivindicaciones de los docentes son inasumibles por falta de presupuesto. Este sábado, tras una semana de huelga histórica entre el profesorado, que cuenta con el respaldo de la comunidad educativa pública, la Agencia Tributaria Valenciana ha sacado pecho de recaudar 115 millones de euros más que en abril del año pasado.
La conselleria de Economia y Hacienda ha emitido este sábado un comunicado en el que destaca un aumento tanto en los derechos reconocidos como en la recaudación efectiva. Concretamente, los derechos reconocidos se sitúan en 851,7 millones frente a los 719,5 del año 2025, y la recaudación total asciende a 802 millones este año, cifra que supone un ascenso del 16,62 % respecto a los 687,7 millones de 2025. La diferencia de recaudación no solventaría todas las demandas del profesorado, pero resulta llamativa en la estrategia comunicativa del Consell, con un president que apenas ha respaldado a su consellera.
La representante de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, ha sido una de las sindicalistas en subrayar la contradicción: “Enhorabuena por la recaudación. Pasadle esos euros a Carme Ortí, que le harán falta para el lunes” ha ironizado en X.
Al frente de Hacienda se encuentra José Antonio Rovira, que fue conseller de Educación antes que Carmen Ortí. Es él quien tiene que autorizar los créditos y realizar los presupuestos atendiendo a los planteamientos de la titular de Educación, que en apenas seis meses en el cargo se ha encontrado con una manifestación histórica: no había una huelga general educativa desde los años 80 en el País Valencià.
La consellera, que ha de volver a negociar este lunes con los sindicatos, cuantificó en “más de 2.400 millones de euros al año” las reivindicaciones del profesorado para no ir a una huelga indefinida, cifra que “supera la capacidad” de una autonomía infrafinanciada. Los docentes piden menos ratios, mayor inversión en infraestructuras y una equiparación salarial al resto de España.
