▲ El ex gobernador de Guerrero habría ordenado al ex procurador Iñaki Blanco y a su sobrino Ernesto desaparecer las evidencias de lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa, dijeron los representantes de la FGR.Foto Ap
Gustavo Castillo e Israel Dávila
Reportero y Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 9 de agosto de 2026, p. 3
Durante la audiencia en la que se imputó la comisión de los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia al ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero, se dieron a conocer parte de las declaraciones de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), en las que se señala que el ex mandatario “tenía relación con los grupos delictivos” que operan en esa entidad, y también que externó su temor a que se difundiera lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la noche del 26 de septiembre de 2014, “porque el pendejo de mi sobrino Ernesto estaba al tanto”.
Una de las testigos que colabora con la FGR declaró que “no quería que se supiera porque él (Ernesto) tenía relación con el crimen organizado y se había dado la orden de que ejecutaran a los normalistas porque eran del grupo rival”, y al respecto las primeras investigaciones del caso señalan que los estudiantes fueron considerados integrantes del grupo delictivo Los Rojos, organización rival del cártel Guerreros Unidos.
Ernesto Aguirre Gutiérrez fue, durante el mandato de su tío, coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Guerrero de abril de 2011 a mayo de 2012, luego se convirtió en “asesor externo”.
A lo largo de la diligencia realizada el viernes durante más de siete horas en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en Almoloya de Juárez, estado de México, los representantes de la FGR dieron a conocer, además de los testimonios de dos testigos colaboradoras (la ex presidenta y la visitadora del TSJ), declaraciones del cabecilla de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, quien aseguró que ese grupo delictivo aportó recursos para la campaña a gobernador de Aguirre.
El ahora imputado por desaparición forzada y obstrucción de la justicia gobernó el estado de Guerrero del 21 de abril de 2011 al 24 de octubre de 2014, y renunció a su cargo tras lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías de los municipios de Huitzuco, Iguala y Cocula participaron en la privación de la libertad de 43 normalistas de Ayotzinapa y luego los entregaron a miembros de Guerreros Unidos.
Pasó por alto antecedentes de José Luis Abarca
En los testimonios y peritajes realizados por el Ministerio Público Federal, se dijo ante el juez Mario Elizondo Martínez que Sidronio Casarrubias declaró que Aguirre Rivero pasó por alto los antecedentes de José Luis Abarca, quien en la fecha de los hechos era alcalde de Iguala, a pesar de que tenía conocimiento de su relación con Guerreros Unidos, y que la esposa de éste, María de los Ángeles Pineda Villa (hermana de uno de los líderes de un grupo que formó parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva), quería suceder a su marido en el cargo.
De igual manera, la FGR señaló que se cuenta con un informe en el que se menciona que Aguirre tenía conocimiento de los grupos delictivos que operaban en esa entidad, entre ellos Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana.
En ese contexto, en declaraciones recabadas de las testigos protegidas se mencionó ante el juez que “el gobernador tenía relación con los grupos delictivos”, por ello lo consideran “una persona peligrosa” y tenían miedo del ex funcionario y militante priísta y perredista.
Las declarantes relataron que tras la entrega al gobernador de las grabaciones de dos cámaras del TSJ, en las que quedaron registradas las acciones de los policías en contra de los estudiantes, la presidenta del Poder Judicial de Guerrero fue amenazada presuntamente por el ex procurador de esa entidad Iñaki Blanco Cabrera, y que la primera ocasión recibió una hoja con fragmentos de textos en los que la señalaban de “traidora”, porque ella no estuvo de acuerdo en que la visitadora hubiera entregado las grabaciones de video al gobernador.
La visitadora declaró a la FGR que el 29 de septiembre de 2014 Aguirre Rivero le preguntó si había visto las imágenes y ella respondió que no. Posteriormente, le inquirió si había más copias y la declarante contestó que no sabía.
Entonces, Aguirre Rivero le expresó su preocupación porque sabía que su sobrino, Ernesto, estaba metido con Guerreros Unidos. Y luego le expresó: “no te preocupes, yo me encargo de ello… lo que me preocupa es que el pendejo de mi sobrino estaba al tanto” de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.
La visitadora declaró a la FGR que “todas las órdenes que daba Aguirre y su sobrino se obedecían, (…) incluso Iñaki obedecía al sobrino”.
Los representantes de la FGR dijeron al juez que el ex gobernador habría ordenado a Iñaki Blanco y a su sobrino que desaparecieran todas las evidencias de lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa.
