La mayoría del Congreso que conforman el Gobierno y sus socios parlamentarios intenta blindar la posibilidad de que formaciones como ERC, Junts o incluso Podemos —si se acaba presentando en solitario a las próximas elecciones generales— puedan tener grupo parlamentario en la próxima legislatura. Este martes, el PSOE y sus aliados (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) dieron luz verde a la toma en consideración de una propuesta de reforma del reglamento para rebajar los requisitos que permiten conformar un grupo en la Cámara Baja. Y lo han hecho con el rechazo frontal de PP y Vox, que si se hacen con el control del legislativo la próxima legislatura podrían bloquear las triquiñuelas reglamentarias que, históricamente, han utilizado los partidos pequeños (también los conservadores) para disfrutar de las ventajas que proporciona no acabar relegado en el grupo mixto.
La reforma del reglamento ha sido promovida, precisamente, por los dos partidos independentistas catalanes junto a Podemos, el BNG y Compromís. Y no es casual, porque podrían ser los grandes perjudicados si la Mesa del Congreso estuviera controlada la próxima legislatura por el bloque de la derecha y la ultraderecha, que este martes se encargó de dejar claro que piensa aplicar el reglamento a rajatabla y no permitirá ninguna de las habituales argucias —avaladas, eso sí, por el Tribunal Constitucional— para proporcionar grupo parlamentario a partidos que no han alcanzado los umbrales mínimos para ello. “Vox impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que puedan beneficiar a partidos minoritarios de corte nacionalista, prometió el diputado ultraderechista Ignacio Gil Lázaro.
Actualmente, el reglamento da derecho a constituirse en grupo parlamentario a las candidaturas que logren en las elecciones 15 diputados. Pero, más allá de esa vía ordinaria, ofrece una segunda de más sencillo cumplimiento: también pueden tener grupo los partidos que hayan obtenido al menos cinco escaños y el 5% del voto a nivel estatal o el 15% de los sufragios en cada circunscripción en la que se presenten. Lo que pretende la reforma que empezó a tramitarse este martes es rebajar esos umbrales y permitir que puedan formar grupo parlamentario las listas que obtengan al menos un 3% del voto estatal o el 10% de las papeletas en cada territorio en el que concurran.
En la práctica, la reforma pretende acabar con la discrecionalidad que ha existido en las últimas décadas en relación a la concesión o no de grupo parlamentario a los partidos minoritarios. Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido esta misma legislatura con ERC y Junts, que no lograron en las elecciones los resultados requeridos por el reglamento: los republicanos se quedaron en el 13,1% de los votos y los de Carles Puigdemont, en el 11,1%. En agosto de 2023, nada más constituirse las Cortes Generales, PSOE y Sumar pactaron con los independentistas prestarles temporalmente varios diputados para superar el umbral mínimo y no tener que integrarse en el grupo mixto, lo que les hubiera privado tanto de recursos económicos como de visibilidad y tiempo de intervención en los debates.
Esta argucia parlamentaria —de la que, en otras legislaturas, se beneficiaron Coalición Canaria o el BNG gracias al apoyo de direcciones legislativas de diferente color político— se pudo llevar a cabo únicamente porque PSOE y Sumar la avalaron con su mayoría en la Mesa del Congreso. Pero buena muestra del enorme margen de maniobra con el que cuenta este órgano para permitir o no la creación de grupos parlamentarios a los partidos que no alcanzan por sí mismos los requisitos es que, en mayo de 2019, una Mesa en la que el PSOE también tenía la última palabra bloqueó la concesión de grupo parlamentario a Junts, que barajaba apoyarse en formaciones como ERC o EH Bildu para lograrlo.
Sin embargo, la izquierda no es la única que ha permitido ese tipo de ardides para beneficiar políticamente a grupos con los que quería entablar una buena relación durante la legislatura o para todo lo contrario. En 2011, por ejemplo, el PP permitió con su mayoría absoluta —y su control pleno de la Mesa— que UPyD se apoyara en Foro Asturias para tener grupo parlamentario. Esa misma manga ancha, por el contrario, se tornó en aplicación estricta del reglamento para impedir que Amaiur —la marca antecesora de EH Bildu— formase grupo, puesto que los abertzale se quedaron a décima y media de alcanzar el 15% de los votos en Navarra, la única de las cuatro circunscripciones en las que concurrieron (junto a las tres vascas) en las que no llegaron al umbral mínimo requerido.
PP y Vox amenazan con cerrar el grifo
Durante el debate parlamentario de este martes, tanto el PP como Vox dejaron muy claro que, si controlan la Mesa del Congreso la próxima legislatura, no piensan hacer ningún favor a los partidos minoritarios para permitirles acceder a las ventajas de tener un grupo parlamentario. “El vigente reglamento del Congreso ya es generoso con ustedes, yo diría excesivamente generoso, y les ha dado mucha más voz y mucho más protagonismo a lo largo de nuestra democracia del que los españoles les han dado en las urnas”, espetó dirigiéndose a ERC, Junts y el resto de los grupos nacionalistas y minoritarios el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, que tachó de “fraude electoral de libro” y de “pucherazo” la maniobra llevada a cabo al inicio de la legislatura para que los independentistas catalanes no se fueran al grupo mixto.
Por su parte, su homólogo de Vox Ignacio Gil Lázaro sostuvo que el único motivo por el que los partidos proponentes han presentado esta reforma es porque dan por hecho que “en las próximas elecciones generales” van a “cosechar un rotundo descalabro en pérdida de escaños” en beneficio de “una amplia mayoría democrática surgida de la voluntad de las urnas integrada por Vox y el PP”. Si eso ocurre, la ultraderecha “impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que se han realizado en las últimas décadas “incumpliendo los requisitos establecidos” en el actual reglamento, prometió Gil Lázaro, que sostuvo que la práctica hasta ahora ha contravenido “la voluntad nacional expresada en las urnas”.
Por el contrario, el PSOE defendió por boca de su diputado Joaquín Martínez que la reforma busca reflejar en el Congreso la “realidad política territorial de la España del siglo XXI” y aseguró que “la fragmentación política no la provoca el reglamento, sino que la decide la ciudadanía cuando vota en libertad”. “Las instituciones democráticas no pueden permanecer congeladas mientras cambia la realidad social del país”, argumentó Martínez en la misma línea que el parlamentario de Sumar Alberto Ibáñez, que aseguró que el objetivo de la reforma es “adaptar el reglamento a la realidad plural de la calle” y cargó contra una “falsa alternancia que debilita la democracia, empobrece los matices e, históricamente, invisibiliza la representatividad” de algunos territorios.
