La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva normativa destinada a reducir uno de los principales riesgos para la continuidad de las empresas familiares: el coste fiscal que puede acompañar a la transmisión del negocio entre generaciones. La Ley 3/2026, de Apoyo a la Empresa Familiar, fue publicada el 30 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entró en vigor el pasado 1 de julio.
La principal medida es una reducción del 99% en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando se transmite por herencia o donación una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en una sociedad. Hasta ahora, el porcentaje general aplicable en estos supuestos era del 95%.
La diferencia puede ser relevante para aquellas familias que necesitan reorganizar la propiedad de una pyme ante la jubilación o el fallecimiento de su fundador. No obstante, conviene precisar que la norma reduce en un 99% la base sobre la que se calcula el impuesto, no necesariamente el importe final de la cuota tributaria.
Más familiares podrán acogerse al beneficio
Una de las novedades más destacadas es la ampliación del círculo de personas que pueden beneficiarse de la reducción. Además del cónyuge, los descendientes y los ascendientes, la nueva regulación incorpora a hermanos, tíos, sobrinos y primos, alcanzando a los familiares colaterales de hasta cuarto grado, tanto por consanguinidad como por afinidad.
Con esta modificación, la Comunidad de Madrid trata de adaptar la fiscalidad a una realidad frecuente entre las pequeñas y medianas empresas: no siempre son los hijos quienes quieren o pueden continuar con el negocio. En muchas ocasiones, la persona más preparada para asumir la actividad puede ser un hermano, un sobrino, un primo o incluso alguien ajeno a la familia.
Precisamente, la ley abre también la puerta a determinados trabajadores de la compañía. Podrán acogerse a la reducción aquellos empleados o profesionales que mantengan una vinculación contractual con el negocio, acrediten al menos diez años de antigüedad y hayan desempeñado funciones de dirección durante los cuatro años anteriores a la transmisión.
Esta medida puede ser especialmente importante para empresas que no disponen de un sucesor dentro de la familia, pero sí cuentan con directivos de confianza capaces de asegurar su continuidad.
La actividad deberá mantenerse durante cinco años
La ventaja fiscal no se aplicará de manera automática ni incondicional. El heredero o donatario deberá conservar los bienes, derechos o participaciones recibidos durante los cinco años posteriores a la transmisión y mantener su vinculación con una actividad económica.
En el caso de las participaciones empresariales, tampoco podrán realizarse operaciones societarias que provoquen directa o indirectamente una disminución sustancial del valor de lo recibido. Además, la entidad no podrá tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
Para acceder al incentivo en la transmisión de participaciones, la persona que entrega o deja en herencia la empresa deberá contar, como regla general, con al menos un 5% del capital de forma individual o un 20% junto con el grupo familiar. La norma amplía ese grupo de parentesco hasta el cuarto grado.
Asimismo, el propietario o alguna de las personas pertenecientes al grupo familiar deberá ejercer funciones efectivas de dirección y percibir por ellas una remuneración que represente más del 50% de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
Cuando se trate de una empresa individual o un negocio profesional, la actividad deberá haberse ejercido de manera habitual, personal y directa. También deberá representar más del 50% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas del empresario, tomando como referencia el periodo comprendido entre el 1 de enero y la fecha de la transmisión o el ejercicio anterior.
Menos barreras para donar el negocio en vida
La ley iguala en buena medida el tratamiento de las transmisiones por fallecimiento y de las donaciones realizadas en vida. Esto permitirá que los empresarios puedan organizar con mayor antelación el relevo generacional, sin tener que esperar a que se produzca una sucesión hereditaria.
Entre las simplificaciones introducidas desaparecen requisitos presentes en el régimen estatal, como que el donante haya cumplido 65 años. La normativa madrileña tampoco exige expresamente que este abandone las funciones de dirección y deje de percibir remuneraciones por ellas para aplicar la reducción autonómica.
El objetivo es favorecer una transición progresiva. El fundador podrá transmitir la propiedad del negocio y, al mismo tiempo, continuar colaborando durante una etapa con la nueva generación, facilitando el traspaso de conocimientos, contactos y responsabilidades.
La Comunidad de Madrid calcula que las nuevas medidas podrán beneficiar cada año a alrededor de 1.500 contribuyentes y generar un ahorro fiscal conjunto próximo a los dos millones de euros.
Habrá que devolver el ahorro si se incumplen las condiciones
Las empresas y los beneficiarios deberán prestar especial atención al compromiso de permanencia. Si los bienes o participaciones se venden antes de que transcurran cinco años o dejan de estar vinculados a una actividad económica, se perderá el derecho a la reducción.
En ese supuesto, el adquirente tendrá que comunicar el incumplimiento a la Administración Tributaria de la Comunidad de Madrid y abonar la parte del impuesto que dejó de ingresar, junto con los correspondientes intereses de demora. El plazo para regularizar la situación será de treinta días hábiles desde que se produzca el hecho que provoca el incumplimiento.
También será necesario optar expresamente por la reducción autonómica dentro del plazo de presentación de la autoliquidación. Este beneficio es incompatible con las reducciones estatales previstas para la misma transmisión, por lo que será conveniente analizar qué régimen resulta más favorable en cada caso.
Una ley fiscal pese a su denominación más amplia
Aunque su denominación habla de “apoyo a la empresa familiar”, la ley se concentra fundamentalmente en modificar la tributación de las herencias y donaciones. No introduce un programa general de subvenciones, financiación, digitalización o asesoramiento para estas compañías.
Su impacto se apreciará principalmente en operaciones de sucesión, donación o reorganización de la propiedad. Para las pymes familiares madrileñas, la nueva regulación ofrece más alternativas para elegir sucesor y reduce la presión fiscal de la transmisión. Sin embargo, exige una planificación previa para acreditar correctamente el parentesco, las funciones directivas, la antigüedad laboral, el porcentaje de participación y el mantenimiento de la actividad.
La norma puede evitar que una empresa viable tenga que vender activos, endeudarse o cerrar para hacer frente al impuesto generado por un cambio de generación. Pero la rebaja fiscal no sustituye la necesidad de preparar el relevo: definir quién asumirá la dirección, ordenar la propiedad, establecer protocolos familiares y anticipar posibles conflictos seguirá siendo esencial para que el negocio sobreviva a sus fundadores.
