▲ El miércoles pasado un tribunal determinó que es inconstitucional que se pida a los viajeros comprobar su situación migratoria para poder comprar un boleto en las terminales de autobuses, como lo impuso el ex director del instituto Francisco Garduño desde 2019. La imagen, en la TAPO.Foto Jorge Ángel Pablo García
Jessica Xantomila y Jared Laureles
Periódico La Jornada
Domingo 19 de abril de 2026, p. 9
Desde hace varios años, las centrales de autobuses han sido un foco rojo para los migrantes por los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) dentro y fuera de las terminales; la restricción que impuso dicho órgano a las empresas para la venta de boletos a esta población –lo que ya fue declarado inconstitucional–, y el acecho de grupos criminales que buscan extorsionarlos o secuestrarlos, señaló el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
Ante ello, destacó la importancia de la sentencia dictada por un tribunal colegiado –que es definitiva–, que además de determinar que es inconstitucional la política del INM de instruir a las líneas de autobuses verificar el estatus migratorio de los usuarios, establece que transportar a migrantes mediante un servicio comercial regular, no constituye un delito de tráfico de personas.
Lorena Cano Padilla, coordinadora jurídica del Imumi, dijo que es una constante que en las estaciones migratorias encuentren a personas detenidas por el INM, a las que “bajaron de los autobuses o las detuvieron en las centrales camioneras. Esto claramente es violatorio a sus derechos”.
Explicó que con la sentencia de la semana pasada, resultado de un amparo en revisión que promovieron la organización y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto ya no procede.
Cano señaló que debe exigirse que el INM acate lo resuelto por el tribunal colegiado y desarrolle una estrategia para que las personas sepan que pueden utilizar autobuses aun cuando no tengan una estancia regular en México, se faciliten mecanismos de denuncia si no se respeta el fallo y se sancione a los servidores públicos que incumplan el mandato judicial. Refirió el caso de los retenes en carreteras, que ya se declararon inconstitucionales, pero “la autoridad los sigue implementando”.
Indicó que la disposición de que las empresas pidieran a las personas su documentación migratoria fue impuesta en 2019 por Francisco Garduño, ex director del INM, y esta restricción se observó, sobre todo, en las centrales de autobuses del sur y del centro del país, lo que orilló a que los viajeros utilizaran otras vías riesgosas para avanzar por el territorio mexicano. “Si no te puedes mover, empiezas a hacerlo por la selva, con traficantes, polleros y en caravanas”, enfatizó.
