▲ El desafío es cómo eliminar el apoyo fiscal al precio de litro de los carburantes.Foto Ap
Alejandro Alegría
Periódico La Jornada
Sábado 20 de junio de 2026, p. 13
Cerca de 900 medidas han sido puestas en práctica por 170 países para proteger a las personas y a las empresas del choque energético causado por la guerra en Oriente Medio, revela un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Muchos países están recurriendo a políticas no específicas y potencialmente costosas en medio de presupuestos ajustados”, indica una evaluación hecha por analistas del organismo internacional.
Según el rastreador del FMI, en las economías avanzadas, casi la mitad de las medidas impuestas en práctica son subsidios para productores y distribuidores de energía. Otro tercio corresponde a recortes destinados a financiar los impuestos especiales que buscan contener el alza de los precios minoristas.
Por otro lado, las economías emergentes han adoptado una gama más diversa de políticas. Si bien las medidas fiscales representan casi la mitad de las políticas registradas, muchas también han recurrido a controles de precios o ajustes a las fórmulas de precios, así como a otras intervenciones administrativas. En varias naciones en América han optado por un enfoque mixto.
El FMI advierte que gran parte de las actuaciones son de base amplia y carecen de plazos definidos, lo que podría transformar apoyos transitorios en cargas permanentes.
Apuntó que los subsidios masivos y los límites de precios, aunque políticamente atractivos, elevan significativamente los costos fiscales y pueden convertirse en pasivos ocultos, especialmente en empresas energéticas estatales.
“Los costos tributarios pueden aumentar rápidamente. Los subsidios de base amplia y los recortes de impuestos son onerosos, especialmente cuando se extienden más allá de la fase inicial de un choque.”
El análisis destaca que la experiencia global sugiere que, aunque proteger los precios alivia el impacto inmediato, también limita el ajuste de la demanda y puede contribuir a mercados internacionales más tensos y precios globales más altos.
No obstante, permitir que los precios se ajusten, acompañado de redes de apoyo específicas para los hogares vulnerables, es una estrategia más sostenible.
El análisis resalta que los países de la región deben priorizar proteger a las personas, no los precios, garantizando que cualquier apoyo fiscal sea temporal y bien focalizado, para conservar margen de maniobra ante nuevas crisis energéticas o geopolíticas.
Los analistas del FMI destacan que las políticas actuales se parecen a las puestas en práctica durante la crisis energética de 2022, pero las circunstancias han cambiado, pues muchos países enfrentan mayores cargas de deuda y cuentan con espacio fiscal limitado, con más incertidumbre y choques recurrentes. Además, señalaron, las exposiciones e interrupciones del choque energético actual difieren de las anteriores.
El documento también indica que “si las recientes conversaciones de paz conducen a una rápida normalización del comercio y los flujos de petróleo, y los precios vuelven a sus tendencias históricas, el desafío para muchos gobiernos será cómo se relajará este apoyo”.
