La factura electrónica obligatoria entre empresas y autónomos sigue avanzando, pero todavía falta una pieza imprescindible para poner en marcha definitivamente el calendario previsto por la Ley Crea y Crece. A día de hoy, el Gobierno todavía no ha publicado en el BOE la orden ministerial que debe regular los aspectos técnicos de la solución pública de facturación electrónica de la Agencia Tributaria.
La situación está generando cierta incertidumbre entre empresas, autónomos, asesorías y proveedores de software. Cuando el Gobierno aprobó en marzo el Real Decreto 238/2026, distintas previsiones apuntaban a que la orden ministerial estaría aprobada antes del 1 de julio. Sin embargo, esa fecha ha pasado sin que el texto definitivo haya llegado al BOE.
Conviene, no obstante, hacer una precisión. Junio no constituía un plazo legal cuya superación suponga un incumplimiento por parte del Gobierno. De hecho, el proyecto de orden sometido a audiencia pública establecía como fecha para su entrada en vigor el 1 de octubre de este año. Por tanto, Hacienda todavía dispone de margen para mantener el calendario planteado inicialmente.
Una orden mucho más importante de lo que parece
La espera no es una cuestión menor. El Real Decreto 238/2026, aprobado el pasado 25 de marzo, establece que los plazos para empezar a aplicar obligatoriamente la factura electrónica no comienzan con la publicación del propio Real Decreto, sino con la entrada en vigor de esta orden ministerial.
A partir de ese momento dispondrán de 12 meses para adaptarse las empresas y profesionales que hayan superado los 8 millones de euros de volumen de operaciones durante el año anterior, mientras que el resto de compañías, pymes y autónomos contará con 24 meses.
Si finalmente la orden entra en vigor el 1 de octubre de 2026, como establece su borrador, la obligación comenzaría previsiblemente el 1 de octubre de 2027 para las empresas de mayor tamaño y el 1 de octubre de 2028 para el resto. Pero cualquier modificación de esa fecha desplazaría también todo el calendario.
¿Por qué todavía no se ha aprobado?
Por el momento, Hacienda no ha comunicado públicamente una causa concreta que explique por qué la orden no se publicó antes del verano. Sin embargo, la documentación oficial permite entender algunas de las razones que pueden estar alargando su tramitación.
El proyecto de orden fue sometido a audiencia pública en abril y el periodo para presentar observaciones terminó el 8 de mayo. Desde entonces, el Gobierno debe analizar las aportaciones recibidas y cerrar un texto especialmente complejo desde el punto de vista técnico.
No se trata simplemente de decidir qué formato debe tener una factura. La orden tiene que concretar elementos esenciales para que funcione todo el ecosistema: los sistemas de identificación y autenticación para utilizar la plataforma pública, los servicios web, la comunicación entre plataformas privadas y la Agencia Tributaria, la codificación única de las facturas, el uso de la sintaxis UBL o el procedimiento para comunicar los pagos.
La propia Agencia Tributaria ya reconoció en marzo la complejidad de este trabajo. En sus directrices para 2026 señaló que el desarrollo de la solución pública requiere “trabajos de coordinación y puesta en común de necesidades informativas” con otros departamentos del Gobierno, especialmente los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Industria y Turismo. La AEAT también debe definir la estrategia de información y asistencia relacionada con la nueva plataforma.
A ello se suman algunas cuestiones jurídicas y operativas que continúan generando debate entre especialistas, como la interoperabilidad real entre plataformas, la responsabilidad ante posibles errores técnicos o el equilibrio entre la solución pública gratuita y los proveedores privados.
Por tanto, más que considerar que la factura electrónica ha sufrido ya un nuevo aplazamiento oficial, lo que existe actualmente es un retraso respecto a las previsiones iniciales de publicación de la orden. La fecha verdaderamente crítica será ahora el 1 de octubre.
Si Hacienda publica el texto definitivo en las próximas semanas y mantiene la entrada en vigor contemplada en el borrador, el calendario previsto para 2027 y 2028 podría continuar intacto. Si modifica esa fecha, las empresas ganarían nuevamente tiempo para adaptarse y volvería a desplazarse una normativa cuya aprobación inicial se remonta a septiembre de 2022.
Para las pymes, en cualquier caso, el mensaje no debería ser esperar. El marco general ya está aprobado y la dirección es irreversible: la factura electrónica estructurada terminará sustituyendo a buena parte de la facturación B2B tradicional. Lo único que sigue pendiente es saber cuándo comenzará definitivamente la cuenta atrás.
