▲ Manifestación en contra de la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en Aguascalientes.Foto Claudio Bañuelos
S
iguen sin dar mayores explicaciones creíbles las secretarías de Economía y del Trabajo (con Marcelo Ebrard y Marath Baruch al frente de ellas, en cada caso), las cuales pusieron “en duda” o de plano rechazaron las conclusiones que en marzo pasado hizo públicas el panel del mecanismo de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC, que en síntesis advirtió sobre la ilegal connivencia del crimen organizado (concretamente el cártel de Sinaloa) con la directiva de la trasnacional canadiense Orla Mining –que en Zacatecas explota la mina Camino Rojo, con 138 mil hectáreas de “dotación”– para reprimir y violar sistemáticamente los derechos de los trabajadores y evitar que ellos decidieran qué sindicato los representaría, y no se les impusiera la afiliación a un sindicato blanco de protección patronal, denominado Federación Nacional de Sindicatos Independientes, con sede en Nuevo León y Jesús González Cárdenas como cabeza visible.
Ante tal denuncia, perfectamente documentada, la “respuesta” de ambas instituciones del gobierno federal fue que, a su juicio, el MLRR “excedió sus alcances”, pues, sostuvieron, pretendió “analizar conductas de naturaleza penal, amén de que los actos de coerción no pueden atribuirse a la compañía minera”. Por ello, México “exige que debe existir un vínculo entre el autor material del hecho y del que queda responsable y que el daño se haya producido en ejercicio del desempeño de obligaciones o servicios”. Si bien recabaron “evidencia y testimonios de trabajadores sobre las amenazas de las que fueron víctimas”, Economía y Trabajo consideraron que ellos “no son suficientes para vincular a la empresa con dichas conductas”.
En el contexto, La Jornada (Jared Laureles) informó, con base en las conclusiones del MLRR, que “la minera Camino Rojo utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales, además de buscar que desertaran de este gremio; la compañía es responsable directa de injerencia patronal en actividades sindicales”. En resumen, según las dependencias del Ejecutivo federal, las pruebas “no son suficientes para vincular a la empresa con dichas conductas”. Y listo, a otra cosa.
De cereza en este asunto, el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denunció las mismas prácticas (connivencia del crimen organizado y la trasnacional para reprimir y violar los derechos de los trabajadores) en otros consorcios que operan en México, como Plata Panamericana en Zacatecas; Americas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold en Guerrero. Pero los “reticentes” Ebrard y Marath voltearon para otro lado.
Sin embargo, algo sucedió con el transcurso de los días, porque ahora la propia trasnacional decidió “relevar” al hasta hace horas director general de Camino Rojo, Rafael Sánchez, como parte de las acciones “claves” asumidas luego de ser acusada por el MLRR de asociarse, en 2024, con presuntos integrantes del cártel de Sinaloa para amenazar a trabajadores mineros, en perjuicio de sus derechos de libre asociación sindical. La empresa informó oficialmente que tomó “medidas concretas para salvaguardar los derechos laborales y abordar otras preocupaciones”, amén de que “estamos comprometidos a promover la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y a respetar plenamente sus derechos laborales; reconocemos la gravedad de las conclusiones del panel y estamos tomando medidas para fortalecer las operaciones de Camino Rojo”. No sólo eso: dicha decisión “responde a la resolución”… del MLRR ( La Jornada, Alfredo Valadez).
Pues bien, ya que la trasnacional movió sus fichas, ahora, de la nada, la única “respuesta” (totalmente vaporosa y extemporánea) que obtuvo el Sindicato Minero provino de la Secretaría del Trabajo, la cual “recomienda” presentar querella ante el Ministerio Público para que éste inicie las investigaciones correspondientes, toda vez que “de confirmarse estos lamentables hechos (si son hechos, obviamente están confirmados), constituirían una grave vulneración a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, así como la probable comisión de delitos que deben ser perseguidos”. Eso sí, de Ebrard ni sus luces.
Entonces, ante tal evidencia, ¿qué hace falta para que se investigue a los empresarios que recurren al crimen organizado?
Las rebanadas del pastel
La ultraderecha gachupina insiste en enviar desechos tóxicos a México (como la corrupta y terraplanista Isabel Díaz Ayuso) para que, junto con sus súbditos autóctonos –financiados con abonos chiquitos–, intenten esparcirla en nuestro país.
X: @cafevega
