El Consejo de Administración de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), empresa participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y socia preferente de Canal Sur, ha aprobado este martes en sesión extraordinaria, y ya entrada la noche, la “suspensión temporal de funciones” de su director general, Gustavo Fuentes Aguilar, tras revelar elDiario.es que desde hace dos meses está siendo investigado por un juzgado de Violencia de Género por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de la empresa.
Tras más de cuatro horas de reunión para analizar la situación generada “tras las informaciones publicadas”, el Consejo de ADM ha decidido no forzar el cese de Fuentes, que tendrá que declarar como imputado el próximo 25 de junio, “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”, reza el comunicado remitido a los trabajadores de la compañía a través de su correo corporativo, según confirman a este periódico varios empleados. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la actual dirección de la compañía, que ha evitado responder.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno ostenta la participación mayoritaria del capital de esta productora (un 47,81%) a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, cuyo director gerente, Sergio Gómez Rojas, preside la compañía.
En el Consejo también se sienta el responsable de Telefónica en el sur de España, Joaquín Segovia, el director económico financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y uno más de Axion Infraestructuras de Telcomunicaciones. La productora Medina Media también es socia de ADM, pero desde hace medio año no forma parte del Consejo. Este periódico se ha puesto este martes en contacto con Gómez Rojas, que ha eludido responder a las preguntas.
El mensaje del Consejo de Administración de ADM llega poco después de que la dirección de la RTVA, en otro comunicado lanzado a las 21.30 horas, descartara pedir la dimisión de Fuentes, advirtiendo además que no puede activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.
La periodista denunció al CEO de la compañía el pasado enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, el 25 de marzo el juez tomó declaración a la víctima y acto seguido citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones andaluzas. Pero la declaración no tuvo lugar ese día, porque tres días antes, el 8 de mayo, el acusado cambió de testigo y su citación se aplazó al 25 de junio.
El comunicado del Consejo de Administración de ADM hace un relato de los hechos explicando que conoce la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”.
“Desde ese mismo momento en el que el Consejo tuvo conocimiento, se activaron los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones y se encargó al departamento de Compliance [director legal y de cumplimiento] la evaluación de los hechos y la propuesta de las medidas que resultaran procedentes”, dice el comunicado. En conversación con este periódico, el propio Fuentes adelantó esta versión que ahora reproduce la dirección de su empresa: “Yo mismo pedí activar el protocolo antiacoso. Lo hice para defender a mi Consejo de Administración, que se reunirá en breve y veremos las medidas que tomaremos ante esta situación”.
En realidad, Fuentes tenía conocimiento de la denuncia judicial desde febrero, cuando el juez incoa diligencias, y su imputación le fue comunicada el 31 de marzo, más de un mes antes de informar al Consejo de ADM. Al tener conocimiento de la situación, el Consejo también acordó “otorgar poderes solidarios al Director Financiero para la firma de contratos en representación de la compañía”.
El CEO de la productora de Canal Sur explicó a elDiario.es que el Compliance de la compañía elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de los hechos denunciados. Pero añadió que, para elaborar dicho informe, ese director legal le tomó declaración a él, pero no a la denunciante “porque ella ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”.
“Tras analizar el informe elaborado por Compliance, el Consejo de Administración, reunido el 3 de junio, acordó la adopción de diversas medidas cautelares, entre ellas la separación funcional parcial del Director General en materias relacionadas con la gestión de personal y en aquellas decisiones económicas que pudieran guardar relación con el procedimiento judicial. Estas competencias pasaron a ser asumidas por el Consejo de Administración y, en determinados ámbitos operativos, por la Dirección Financiera bajo su supervisión”, advierte el comunicado.
