El Gobierno alemán eliminará la posibilidad de que los trabajadores del país tramiten la baja laboral por teléfono cuando están enfermos. “Es una desventaja competitiva”, ha esgrimido el canciller, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en que ha anunciado este recorte en medio de una amplia gama de medidas en materia tributaria, laboral y de vivienda pactadas por las dos patas del Gobierno, los democristianos de la CDU y los socialdemócratas del SPD.
Merz ha dicho que Alemania no puede aceptar “las cifras extraordinariamente altas de bajas por enfermedad” en las empresas, y que la decisión, aunque “dura” es necesaria porque el país no se puede “permitir la desventaja competitiva” que a su entender supone esta circunstancia. Cuando el nuevo sistema entre en vigor, los trabajadores tendrán que presentar un certificado médico “desde el primer día”.
Las bajas teléfonicas empezaron a concederse en Alemania durante la epidemia de COVID y se hicieron permanentes en 2023. Un estudio del Instituto Iges —vinculado a un holding de empresas farmacéuticas— citado por The Guardian, señalaba en 2025 que en Alemania se pierde el 6,8% del tiempo de trabajo semanal por enfermedad, una cifra parecida a la de Bélgica (6,7%) o Suecia (6,6%), pero más de un punto por debajo de las de Francia, España —donde no existen las bajas teléfonicas automáticas—, Portugal, Eslovenia, Finlandia o Noruega.
Recortes en pensiones y ayudas fiscales
Otra de las medidas anunciadas en la convocatoria con el mismo espíritu de desconfianza en la población es la introducción de un nuevo sistema para que las distintas administraciones compartan información y eviten que se abus de las ayudas sociales.
La coalición también ha acordado medidas para reformar el mercado laboral, entre las que se encuentran que los contratos temporales sin necesidad de justificación específica puedan tener una duración de hasta cuatro años, aunque de momento solo será de aplicación hasta finales de 2030. En materia de pensiones, se introduce un componente privado en el sistema y se apunta a un incremento paulatino de la edad de jubilación.
Al mismo tiempo, se anuncian rebajas fiscales con un aumento del mínimo exento en el impuesto de la renta y deducciones por hijos, así como la creación de una empresa pública de construcción de viviendas asequibles y la prohibición por ley de la expropiación de parques privados de viviendas en alquiler a nivel regional, entre otras medidas.
El anuncio se produce en un contexto de fuerte aumento del gasto militar —del 28%, según el proyecto del Ejecutivo— y de rebaja del presupuesto sanitario.
