Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado a media tarde de este jueves un nuevo tuit para desacreditar a la Agencia Tributaria. Su mensaje llega después de que elDiario.es revelase esta mañana un informe de Hacienda que recoge que Alberto González Amador, pareja Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023, cuando Ayuso ya era la presidenta madrileña.
Mencionando a El País, un medio que publicó el informe después que elDiario.es, Rodríguez ha publicado el siguiente tuit: “EL PAÍS lanza insidias sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Quede claro: el último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá’lante”. Además, en conversación con el diario de Prisa, Rodríguez ha asegurado que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”.
Rodríguez contradice así a la propia Agencia Tributaria que, en su informe, recoge que González Amador recibió de Quirón Prevención un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación.
Se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría en los que Hacienda ha hallado “indicios de simulación” al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya calificó de “pantalla”.
En su informe, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.
Este mismo jueves se ha conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó durante un mes y medio la información de la causa contra el empresario y comisionista Alberto González Amador y concluyó, de forma provisional, que una de sus empresas “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que facturaba a Quirón Prevención, división de la empresa de la sanidad privada que recibe fondos de la Comunidad de Madrid que alcanzan los mil millones de euros anuales.
